Maletines sopapos y videos

Aunque los antecedentes desbordan, los últimos días han sido especiales. Ya no se trata solo de que lo político está por encima de lo jurídico. Ahora por encima de la ley también colocan mentiras, verdades a medias e intereses personales y políticos.

El maletín (de noviembre) lo dejó un hurgador, afirmó esta semana el canciller Luis Almagro.

El atentado a la AMIA de 1994 en Buenos Aires —Irán mediante— y la sospechosa muerte del fiscal argentino Alberto Nisman que la investigaba, sobrevuelan.

Es grave que se haya ocultado información. El maletín de noviembre apareció cerca de la antigua Embajada de Israel, en la avenida Bulevar Artigas. En una filmación del Mossad, el servicio secreto israelí, que le entregó a la Cancillería y que la jueza desconoce, aparece cerca un auto con matrícula diplomática que pertenece a Sanad Gol.

En este mundo globalizado la mentira tiene patas cortas: el diario israelita “Haaretz” informó sobre la “expulsión” de Sanad Gol. El gobierno lo negó y explicó su partida con el críptico y protocolar lenguaje diplomático. “No le den vueltitas a lo del iraní”, respondió irónico Almagro a “El País” ante la insistencia por conocer detalles. El ministro no quiere líos. Tiene cocinada la Secretaría General de la OEA, pero podría frustrarse si intervinieran —aunque no integren el organismo— países que influyan sobre otros que prometieron su apoyo. Es un secreto a voces que en su primer destino diplomático en Irán en los años 90, recibió “un fuerte impacto personal”, como lo ha admitido en su círculo íntimo.

El otro hecho que se ocultó, disfrazó o evadió fue la presunta violencia doméstica de algún refugiado sirio. Como para el presidente José Mujica y sus asesores eran cosas sin importancia, “culturales”, que nadie había denunciado, miraron para el costado.

Ante una publicación de “El Observador”, la fiscal María de los Ángeles Camiño solicitó de oficio que se investigara y la jueza Dolores Sánchez citó al prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, al director nacional de Derechos Humanos, Javier Miranda, y al jefe de la Policía Comunitaria, Sergio Guarteche. No porque los considere penalmente responsables, sino para ahondar. Si existió delito o no, se dirimirá en el ámbito competente.

Pese a ser abogado y ex legislador, Cánepa se sorprendió. Dijo no entender la citación porque se limitó a leer un comunicado de la Cancillería: “No tengo nada que ver con el tema”, dijo a radio Montecarlo. Pero Mujica, su jefe, indirectamente defendió al eventual autor: “Seamos justos, el problema de los árabes es parte del que tenemos nosotros. Si no, parece que en ellos es condenable y en nosotros no. ¿Quién no sabe que esto sucede? (en Uruguay)”, dijo.

¡Claro que sucede! Basta con preguntar en su entorno político o entre la “barra”. Luego de declarar, Cánepa apuntó contra la investigación judicial: genera “cierta estigmatización que no es buena”.

Pese a lo dicho por Mujica y a que Cánepa dijo que a los hechos ocurridos en Uruguay no se les da la misma importancia, basta con recorrer la información. Los juzgados y las investigaciones se han multiplicado. Entre noviembre de 2013 y octubre de 2014 fueron asesinadas 24 mujeres por violencia doméstica. En 2005 las denuncias fueron 5.612 y en los primeros diez meses de 2014 aumentaron a 23.326.

Hay una gran diferencia, don Pepe. En Siria las leyes le asignan a la mujer una condición inferior al hombre. El Código Penal tiene sanciones menores cuando la violencia o los asesinatos son contra mujeres: se defiende el honor del macho. Es cultural. Lo tienen incorporado como aquí otros incorporan el desaseo y la vulgaridad. A diferencia de Siria, Uruguay aprobó en julio de 2002 la ley Nº 17.514 que declaró de interés general las actividades orientadas a la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia doméstica. La competencia de los asuntos vinculados a esa ley recae en los juzgados letrados especializados. El Poder Judicial los creó en 2004 y su número ha ido aumentando desde entonces. Lo mismo ocurrió en el Ministerio Público.

Por lo tanto, don Pepe, no entrevere aserrín con pan rallado ni confunda gordura con hinchazón. La culpa es suya por no haber analizado los riesgos de ese peso legal y cultural, limitándose a lo político. Sin embargo, si ese aspecto vinculado a los derechos humanos se consideró, seguramente hay un documento de estudio profundo que lo establezca. Sería bueno conocerlo, salvo que sea tan secreto como las actividades iraníes.