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Una de las finalidades fundamentales del Banco Central (BCU) es la estabilidad de precios, como forma de preservar el valor de la moneda y la capacidad de compra del peso uruguayo. Para lograrlo, aplica un esquema de metas de inflación —que actualmente incumple— basado en el manejo de los medios de pago disponibles en la economía.
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Pero llevar adelante esa política monetaria enfrenta, en los hechos, algunas “barreras” y no se dan todas las condiciones de mercado “deseables”. Una evaluación al respecto está incluida en un “compendio de prácticas” sobre el marco de operaciones de la banca central de América Latina y el Caribe, publicado recientemente por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla). La “praxis” de dicha política está sujeta a factores —desarrollo de los mercados financieros, la política cambiaria, tensiones financieras, etc.— que no necesariamente se encuentran bajo control del organismo monetario, explica.
El compendio, preparado con información provista por los respectivos bancos centrales, permite comparar los marcos de operaciones de mercado en los distintos países.
Para Uruguay, describe como mandato principal del BCU la “estabilidad de precios” y financiera, un “buen funcionamiento del sistema de pagos”, así como el “crecimiento económico de largo plazo”. Al asumir como nuevo titular de ese organismo, Alberto Graña ratificó esos lineamientos como prioritarios así como la continuidad de las políticas (ver página 24).
Respecto al “grado de independencia de la política monetaria”, el informe del Cemla señala que existe en términos de “instrumentos, pero no de objetivos”. El Comité de Política Monetaria (Copom) es el ámbito de discusión de las decisiones en esta materia en el BCU.
Después de describir los instrumentos que emplea —principalmente la emisión de Letras de Regulación Monetaria para regular la cantidad de medios de pago en circulación— y la gestión de liquidez, el compendio repasa las condiciones de mercado para la implementación de las operaciones de banca central. Afirma que el de activos gubernamentales está “bien desarrollado”, pero no hay un “mercado interbancario profundo”. Además, como un punto positivo marca que la plaza local es resistente ante variaciones en el tipo de cambio y la tasa de interés.
Como “barreras” para la aplicación de la política monetaria, el reporte indica que no hay una capacidad de implementación “débil”, aunque el sistema financiero está “poco desarrollado”.
Sobre la “estrategia de comunicación y transparencia del marco de política monetaria”, señala que la información es canalizada a través de comunicados y reportes. No se difunde una “minuta” de las reuniones del Copom ni el resultado de las votaciones —como sí lo hacen los bancos centrales de Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y México—; tampoco las proyecciones de liquidez.
Dinero.
El instrumento operativo que el BCU utiliza para tratar de mitigar las presiones inflacionarias es el agregado monetario M1’, cuyo ritmo de crecimiento se desaceleró a lo largo del 2018. En julio-setiembre aumentó 8,6% frente al mismo trimestre del 2017, calculó Búsqueda a partir de la información publicada el jueves 22 por el organismo.
En los últimos tres trimestres del año pasado los aumentos interanuales habían superado el 15%, pero en 2018 las subas fueron de 12% en los períodos cerrados a marzo y junio.
La variable M1’ incluye los billetes y monedas fuera de los bancos más los depósitos a la vista en pesos y las cajas de ahorro en esa monedas. Estos son los medios de pagos que la población tiene más disponibles; en teoría, si se contraen o crecen de forma moderada —el “sesgo contractivo” de la política actual—, debería contribuir a contener las presiones inflacionarias.
Para el trimestre en curso, el BCU estableció como pauta indicativa un aumento del M1’ de entre 7% y 9%, en promedio. En octubre el incremento fue de 5,4%.
