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Los números sobre los vínculos laborales con el Estado al cierre del año pasado todavía no terminaron de ser procesados y el último dato que se conoce corresponde a fin de 2017: 297.601. A eso se suman otros 12.525 que no revestían la calidad de empleados, pero trabajaban para la administración central.
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En la Memoria anual de 2018, enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento, que se publicó el martes 5, presenta datos sobre la cantidad de trabajadores en algunas reparticiones, aunque las cifras no siempre son al cierre del año ni tienen la sistematización que le da la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC). También incluye información que refleja el atractivo que despierta en la población la posibilidad de entrar a la función pública: entre enero y noviembre hubo 245 llamados para 832 cargos a través del portal Uruguay concursa, que los centraliza, y las postulaciones fueron 313.428 (aunque una misma persona pudo presentarse a más de una convocatoria). Alberto Scavarelli, director de la ONSC, proporcionó a Búsqueda las cifras del año completo: 294 concursos para 952 puestos —incluidos becarios, pasantes y diversas formas de contratación que solo en algunos casos se transforman en cargos de función pública—, por los que se recibieron 360.879 postulaciones. Eso son un promedio de 379 aspirantes por puesto ofrecido.
En 2018, también fueron publicados en Uruguay concursa 2.626 llamados de organismos oficiales que no son de la administración central, aunque el documento del Ejecutivo no detalla cuántos postulantes hubo ni los cargos ofrecidos. En estos casos, la ONCS no tiene participación en el proceso del llamado.
La ley que prevé un mínimo de 4% de las vacantes para personas con discapacidad siguió sin cumplirse en 2018, aunque Scavarelli destacó que el porcentaje viene aumentando. Según la Memoria, para ellos se preservaron 24 empleos en todo 2018 (2,5%); entre los incisos que no previeron ningún cupo para discapacitados están la Presidencia de la República y cinco ministerios: Interior, Economía, Industria, Trabajo y Educación. En el caso de los afrodescendientes, se reservó el 9% de los puestos para los que hubo llamados.