El presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana, Joaquin Martinicorena, y directivos de gremiales agropecuarias —como Ricardo Reilly Arrarte, de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y Juan José Dubourdieu, de la Asociación Rural de Soriano— figuran en el grupo de más de 70 empresas y personas físicas que pidieron a la Suprema Corte de Justicia que declare inconstitucional la ley Nº 18.876 que creó el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR).
martes 10 de junio de 2025
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