En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
La gran mayoría de los jueces, fiscales y defensores de oficio consideran que si se aprueba la reforma del proceso penal que está a estudio del Parlamento se aliviará la situación del sistema carcelario y se incrementará el uso de medidas alternativas a la prisión preventiva.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Esa es una de las principales conclusiones de una encuesta anónima que se realizó entre 216 operadores judiciales, 140 de Montevideo (65%) y 76 (35%) del Interior.
La encuesta fue solicitada por un programa que coordina la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y financia la Unión Europea para “sensibilizar” a los especialistas sobre la necesidad de una reforma del sistema penal y para la mejora del sistema penitenciario.
La reforma del proceso penal fue redactada por una comisión presidida por el ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y docente de Derecho Penal Dardo Preza e integrada por representantes de la Facultad de Derecho, el Colegio de Abogados, la Asociación de Fiscales y la Asociación de Magistrados, entre otros. La propuesta a estudio del Parlamento cambia el actual sistema inquisitivo por uno acusatorio en el que los fiscales investigan los hechos y el juez se transforma en un tercero imparcial. También se propone el pasaje del actual sistema escrito a uno oral y público, y se separa al juez que participa del procesamiento del que dicta la sentencia para evitar su contaminación.
Según la encuesta, realizada en el marco de jornadas de capacitación sobre este asunto, el 78% de los jueces, el 59% de los fiscales y el 71% de los defensores consideran que una reforma de este tipo aliviará la crítica situación en la que se encuentra el sistema carcelario. En esa misma línea el 71% de los jueces, el 75% de los fiscales y el 67% de los defensores creen que un régimen de este tipo incrementará notablemente el uso de medidas alternativas a la prisión preventiva. La mayoría opina que la prisión preventiva pasará a ser una verdadera medida cautelar en lugar de una pena anticipada como, afirman, sucede en la actualidad.
Asimismo, 8 de cada 10 encuestados sostienen que la reforma asegura la igualdad entre las partes en el juicio y casi 9 de cada 10 afirman que se producirá una efectiva separación e identificación de los roles entre los jueces, fiscales y defensores. La misma cantidad cree que será beneficioso que se celebren audiencias con la presencia en la sala del juez, el fiscal, el defensor y el imputado. El 82% opina que el régimen propuesto asegura el derecho a defensa, el 89% prevé mayores garantías para el imputado y el 87% para la víctima.
No obstante, una cantidad también muy alta, el 89%, cree que es necesario reconsiderar la ubicación institucional que actualmente tiene el Ministerio Público para garantizar estos aspectos. Hoy en día el Ministerio Público es una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura, aunque existe un proyecto de ley a estudio del Parlamento que lo transforma en un servicio descentralizado.
Con respecto a la oralidad de los procesos, los encuestados observan algunas luces y sombras.
Por un lado, entienden que los juicios públicos permitirán un sensible acortamiento de los plazos. Así piensan el 93% de los jueces, el 82% de los fiscales y el 75% de los defensores.
Empero, los operadores judiciales consideran que los abogados no están lo suficientemente preparados para enfrentar un proceso de estas características. Solo el 31% de los jueces, el 25% de los fiscales y el 10% de los defensores opinan que los abogados tienen las competencias necesarias para hacer frente a juicios orales.
Una mayoría de los operadores afirmó en la encuesta que la oralidad entraña el riesgo de que solo los fiscales mediáticos sean considerados exitosos en detrimento de fiscales con buena capacidad de trabajo pero tímidos para las presentaciones orales frente al público.
