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La “alarmante” cifra de certificaciones médicas que el Banco de Previsión Social (BPS) les otorga a los trabajadores genera una “profunda preocupación” al Sindicato Médico del Uruguay (SMU), que advirtió que “no están dadas las condiciones” en el sistema para que los certificados se expidan “en condiciones adecuadas”. La advertencia la lanzó el martes 23 el secretario general del SMU, Gustavo Grecco, durante una mesa redonda organizada por el Colegio Médico del Uruguay, donde se debatió sobre los aspectos éticos de las certificaciones a los trabajadores acogidos a la seguridad social.
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La representante del BPS en esa mesa, Rosario Oiz, dijo que en junio se pagaron unos 40.000 subsidios por enfermedad. En un artículo publicado por el diario “El País” se informó que en 2015 el BPS gastó unos $ 203 millones por certificaciones médicas en el sector privado. El gasto representó un 2% más de lo presupuestado y un 36,5% más con respecto a 2014.
Grecco señaló que a los médicos uruguayos les faltan al menos “tres cosas” para ser “idóneos” en la tarea de expedir certificaciones médicas y no quedar “expuestos” a faltas éticas: formación, información y herramientas. “Para el médico de a pie no es lo mismo certificar a un paciente que a otro. ¿Estamos informados? Falta información, falta tener los insumos adecuados”, afirmó. Grecco también reclamó que haya herramientas y pautas avaladas multi-institucionalmente para que los médicos hagan bien su trabajo. “Faltan tablas, protocolos, guías que nos sirvan como referencia a la hora de enfrentarnos a las certificaciones”.
Fernando Tomasina, decano de la Facultad de Medicina y director del Departamento de Salud Ocupacional, reconoció que es “probable que haya carencias en la formación” de los médicos para actuar en estos casos. Agregó que la valoración de la situación del paciente debe contemplar tanto la evaluación médica como la del puesto de trabajo.
Para el secretario del SMU, muchas veces los médicos no tienen suficiente contexto para decidir la emisión de un certificado médico. Puso un ejemplo: “Nos pasa de ir a una consulta en domicilio y no tenemos siquiera la historia clínica del paciente”. Además, señaló que por “insuficiencias del sistema” hay patologías que demoran “demasiado” en resolverse y llevan tiempo de recuperación, lo que también genera gastos al Estado.
“Un derecho humano”.
Durante el debate, la representante del BPS remarcó que “no hay que perder la perspectiva” de que los subsidios por enfermedad son un “derecho humano” y valoró que haya “un colectivo mayor que esté haciendo uso de ese derecho”. “Está bien que se haga”, enfatizó. Oiz reconoció que la cifra de certificaciones se “disparó” en los últimos años, pero lo atribuyó a la aprobación de normativas que mejoran la prestación de los subsidios. Recordó que desde el cuarto día de certificación médica, el BPS paga el 70% del salario del trabajador y que los topes se elevaron de $ 9.000 a $ 24.000. “Los topes aumentaron el uso de la prestación”, argumentó, y destacó que en el organismo “se apostó a que más gente utilizara un derecho que le corresponde”.
La funcionaria informó que desde 2019 se hicieron 19 denuncias penales por certificaciones “truchas” y que tres de ellas terminaron en procesamientos con prisión. Aclaró que no hubo médicos involucrados en los procesamientos.
“Expertos en viveza criolla”.
Para Hugo Rodríguez, director del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina e integrante del Tribunal de Ética del Colegio Médico, detrás del tema de las certificaciones médicas “truchas” hay un problema legal, deontológico y cultural. Rodríguez puso énfasis en la idiosincracia del uruguayo como raíz del problema. “Acá todo el mundo cree que es normal pedir un certificado falso: está naturalizado”, destacó y llamó a “combatir” los “beneficios a los expertos en viveza criolla”. Rodríguez coincidió con su colega del SMU. Dijo que a los médicos les faltan elementos para calificar a un paciente y darle la certificación. “No se puede valorar sin la historia clínica. Uno no puede asumir como parte de la realidad algo que no se puede constatar”. También dijo que muchas veces el tiempo de consulta es “exiguo para pescar un paciente simulador”.
Por otra parte cuestionó el secreto médico en torno a las certificaciones y opinó que no le parece grave que se incluya el diagnostico del paciente “en algún punto” de la cadena.
El miembro del Colegio Médico le salió al cruce a la representante del BPS, que unos minutos antes había dicho que el organismo no haría una “caza de brujas” a los médicos por las certificaciones falsas. “Si el Estado tiene una herramienta informática para perseguirlos, la tiene que usar”, reclamó. “Yo no quiero que el dinero que pago de mis impuestos se use para mantener avivados. ¡Hagan una campaña! Que los buenos médicos sean los que no hacen certificados ‘truchos’ y no los piolas que sí lo hacen”.
