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El 17% de los niños menores de seis años vive en la pobreza. Esa cifra casi duplica el índice de pobreza general, que en marzo se ubicaba en 8,1%. Ante ese panorama, una comisión de Diputados está analizando un proyecto de ley de la diputada oficialista Cristina Lustemberg sobre la atención en primera infancia. La iniciativa propone cambios en el manejo de recursos y en el liderazgo de las políticas para los niños, lo que generó dudas en algunos de los organismos involucrados.
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) mostraron coincidencias con la iniciativa, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), si bien destacaron sus objetivos, manifestaron ciertos reparos.
El proyecto, que fue presentado por Lustemberg en setiembre del año pasado, busca dar “garantías para el desarrollo, atención, educación y protección integral de la primera infancia” (niños entre cero y seis años). Para lograrlo, Lustemberg considera necesario ordenar el gasto en este sector de la sociedad y plantea tiempos perentorios para resolver situaciones de emergencia. Por eso, propuso dar un papel más importante al MEF.
En concreto, el articulado sugiere crear una unidad dentro del ministerio que se encargue de la coordinación, evaluación y monitoreo de las políticas destinadas a la infancia y coordine con distintos sectores.
En la propuesta, Lustemberg plantea que las atenciones de vulnerabilidad y emergencia en las que estén involucrados niños y niñas deben ser atendidas con rapidez, y establece un plazo no mayor a 60 días para que el Estado lo haga. Las situaciones de emergencia refieren a cuando está en riesgo la vida del niño.
La iniciativa —respaldada por la bancada del Frente Amplio— tuvo buena llegada en legisladores de la oposición, por lo que será votada por todos los partidos. En el Parlamento esperan aprobarla este año para que en 2020, cuando el nuevo gobierno discuta el Presupuesto Nacional, se tenga en cuenta el nuevo organigrama. Con ese respaldo es que el proyecto comenzó a ser analizado por los organismos involucrados, que fueron al Parlamento a dar su opinión.
Michael Borchardt, responsable de la Unidad de Presupuesto Nacional del MEF, dijo en la sesión de la Comisión de Población del 11 de abril que el proyecto tiene “aspectos claramente positivos” porque pone énfasis en la primera infancia y establece una “innovación” en cuanto a cómo se debe coordinar este tipo de políticas.
Borchardt opinó que dar al MEF un rol coordinador es una innovación, ya que el organismo está acostumbrado a “proteger la restricción” de gastos. El nuevo escenario “implicaría un cambio de roles y una adecuada coordinación entre la OPP, nuestro ministerio y los demás, de manera que si esta propuesta lograra prosperar, habría que trabajar bastante para hacerla operativa”.
El jerarca no estuvo de acuerdo, en cambio, con la idea de que el MEF, a través de la unidad especial, intervenga en casos de emergencia. Sí consideró viable que el MEF incida en la orientación del presupuesto, pero sostuvo que la opinión final la deberían tener otros organismos.
Voluntad política
La semana pasada fueron a comisión autoridades del Mides y del INAU. Ana Olivera, subsecretaria del Mides, dijo que es legítimo que el Parlamento tenga una iniciativa de este tipo, pero planteó dudas porque el proyecto le quitaría una parte de la rectoría que tiene el INAU sobre las políticas dedicadas a niños y adolescentes.
Respecto a la coordinación entre distintos organismos, con el MEF a la cabeza, la subsecretaria del Mides recordó que ya existe un Consejo Nacional de Políticas Sociales donde están los dos organismos.
El director del programa del Mides Uruguay Crece Contigo, Pablo Mazzini, dijo que tenía “dudas” respecto a por qué el gabinete de primera infancia debería ser liderado por la OPP y el MEF “sin un fundamento claro”.
Julio Bango, director del Sistema Nacional de Cuidados, agregó que al MEF le corresponde un papel en la coordinación de las políticas económicas pero no en las políticas sociales. “Esa prerrogativa la tiene por ahora el Ministerio de Desarrollo Social”. Bango destacó, por otra parte, algunos aspectos del proyecto, en especial el hecho de que rompa con un modelo de presupuestos sectoriales.
El director del Sistema de Cuidados advirtió que no se pueden generar “expectativas mayores” cuando se aplica una política exclusiva para la primera infancia. Para resolver el problema de la pobreza en los niños se necesita vincular este tema con políticas de educación, salud, seguridad social, cuidados, empleo y vivienda, afirmó.
Dardo Rodríguez, director del INAU, dijo que hoy el país necesita, antes que aprobar una nueva ley, “construir un sistema de protección integral”.
“Más que elaborar un proyecto de ley, me parece relevante una transformación de las instituciones del Estado en materia de infancia”, afirmó. Rodríguez sostuvo que resulta “urgente” que las instituciones se transformen y se adecuen a las exigencias de los “nuevos marcos normativos”.
El jerarca dijo que ve fortalezas en la iniciativa, como por ejemplo, la búsqueda de una mejor eficiencia en el gasto. “Creo que para cumplir con los objetivos planteados en el proyecto no se necesita una ley, sino voluntad política. De hecho, ya hemos hecho avances en materia de coordinación y de asignación de recursos sin tener una ley específica”, agregó.
El martes 7 organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la infancia se reunieron con la bancada de diputados del Frente Amplio y manifestaron su respaldo al proyecto, según comentó a Búsqueda Paula Baleato, de Voz y Vos. “Es necesario un cambio en la institucionalidad”, evaluó, y destacó el proceso de consulta previa que se hizo para elaborar el texto.
