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El invierno es un período crítico para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que debe con distintas acciones atender a la población de calle. Un censo realizado en julio de 2021 contó unas 3.907 personas en esa situación, lo que implicó un aumento de 16% respecto a la medición que se había hecho en 2020.
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Para este año, la cartera tiene el objetivo de que durante el invierno haya siempre cupos disponibles para que ciudadanos que viven a la intemperie puedan pasar la noche a resguardo. La meta es este año superar las 4.000 plazas disponibles en los distintos centros.
El Plan Invierno empezó a delinearse en enero y será presentado por las autoridades en los próximos días. Formalmente se pondrá en marcha el 15 de mayo.
La diversidad de soluciones es una característica que el ministerio aspira a mantener. La cobertura se compone de refugios, centros nocturnos, centros de 24 horas, centros para mujeres con niños y paradores nocturnos.
Algunas iniciativas que el año pasado se incorporaron sobre el transcurso del invierno esta vez estarán activas desde el comienzo. Una de ellas son los paradores nocturnos, que, según las autoridades, fueron una herramienta eficiente para vincular con el ministerio a personas que no aceptaban ir a refugios. Según cifras de la cartera, el 46% de las personas que estuvieron en los paradores nocturnos en 2021 no habían ido antes a otro tipo de centros del Mides.
La atención médica que desplegará la cartera contará con dos ambulancias de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), dos policlínicos móviles para Canelones y Montevideo y atención a población en intemperie o en paradores nocturnos a cargo del Hospital Británico.
El Mides también replicará el formato de organización en “colmena” —conjunto de tres centros nocturnos que se adjudican a una misma organización— para una parte de los centros de atención a población de calle. En marzo adjudicó una licitación para la gestión de hasta 14 colmenas en Montevideo, para mayores de 18 años, con un máximo de 24 cupos cada una por $ 172 millones.
El Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) emitió un comunicado esta semana señalando problemas en esta licitación. Según aseguran, de las 17 colmenas solo se adjudicaron seis y el resto se están adjudicando mediante mecanismos de compra directa.
La dirigente Constanza Robaina dijo que les llamó la atención que tantas organizaciones —muchas de ellas con experiencia— quedaran descalificadas. Según contó, existe preocupación por algunos cambios de condiciones en las compras directas respecto a las que se establecían en la licitación. Además, recordó que es un camino menos transparente y de plazos más cortos, lo que implica más inestabilidad para los trabajadores. Otro problema de las compras directas, apuntó, es que suelen causar atrasos en los pagos que hacen que los trabajadores cobren con meses de demora.
El Sutiga advirtió en otras oportunidades que el sistema de colmenas promueve una competencia “feroz” entre las organizaciones y contraria a un funcionamiento solidario. También ha señalado que implica una reducción de las horas técnicas de personal por usuario; asegura que antes había un trabajador social, un psicólogo y un coordinador por cada centro y ahora esa tríada trabaja para tres centros.
Para el Mides, este nuevo formato ordena de mejor manera las adjudicaciones a organizaciones sociales y descongestiona los centros, que pasan de tener más de 30 usuarios a unos 20.
Adicciones y liberados
En marzo se concretó el pasaje al Mides de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), que antes estaba en la órbita del Ministerio del Interior. Se trata de un cambio que fue dispuesto por la última Rendición de Cuentas y que era un viejo reclamo de varios sectores.
La Dinali procura reinsertar en la sociedad a los adultos que egresan del sistema penitenciario. La dirección —que tiene unos 70 funcionarios, su sede en Montevideo y oficinas de referencia en más de 10 departamentos— realiza talleres, seguimiento mediante entrevistas y analiza las particularidades y vulnerabilidades de cada caso.
Buena parte de la población de calle pasó en algún momento de su vida por una cárcel. Ese fenómeno se ve reflejado en el censo que realizó el Mides en 2020. En esa oportunidad el 53,4% de quienes estaban durmiendo a la intemperie en Montevideo dijeron que estuvieron privadas de libertad en algún momento; entre quienes estaban en la misma situación pero en el interior del país el porcentaje fue de 34,9%, y entre quienes estaban en refugios fue de 26,6%.
Uno de los aspectos a mejorar, según dijeron a Búsqueda fuentes del ministerio, es el alcance. Cada año en Uruguay salen de las cárceles más de 7.000 personas. En contrapartida, la Dinali trabaja en promedio con unos 400 liberados, de los cuales unos 90 son nuevos cada mes.
Una de las principales líneas de trabajo que el Mides planea expandir es la de la inserción laboral. La población que atiende la Dinali será contemplada en los cupos de trabajo que creará el programa Accesos, la sustitución de Uruguay Trabaja, que se pondrá en marcha en mayo.
En paralelo, la cartera está en las últimas fases de la gestión de la autorización bromatológica para que la dirección pueda comercializar productos alimentarios artesanales que fabrican personas liberadas del sistema penitenciario. Además, a través de un convenio con la Asociación Española, sumará horas de atención psicológica, psiquiátrica y de medicina general para la atención de las personas con las que trabaja la dirección.
En las últimas semanas, aunque con un alcance bajo, el Mides también dio algunos pasos orientados a la atención de personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas. En convenio con ASSE inauguró recientemente dos centros y abrirá una casa de medio camino de 24 horas. Entre las tres iniciativas se generarían unos 60 cupos. En el horizonte próximo está la apertura de un nuevo centro, en este caso en convenio con la Junta Nacional de Drogas.
