“Compartimos esta posición con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)”, acotó el jerarca, aludiendo a otra cartera de Estado que está liderada por los colorados. Tras la salida de Carlos Uriarte del MGAP, la semana pasada asumió Fernando Mattos, que también es colorado.
“En el marco de la ley de evaluación de impacto ambiental y su decreto reglamentario, (el MA) es la autoridad competente en este tema”, reafirmó ese ministro.
Consideró que “se ha ido evolucionando en la actualización de los denominados criterios de clasificación de los proyectos forestales”.
“Los criterios se han ido ajustando”, dijo y explicó que “cada vez que se clasifica un proyecto forestal, básicamente se tienen en cuenta cuatro variables: la biodiversidad, el agua, el suelo y la visión patrimonial”.
Se refirió a que “hoy se está en un proceso de actualización la cartografía de suelos, lo cual es muy importante para nosotros porque nos permite definir con más precisión y certeza los suelos, que es hacia donde va destinada, en este caso, la producción forestal”.
Algo que llamó la atención del senador blanco Sergio Botana, fue que Peña comentó que “en el país no está prohibido forestar en ninguna parte, pero tampoco se foresta donde uno quiere porque de acuerdo a estas variables los proyectos son clasificados y es la autoridad ambiental la que decide cuánto, cómo y dónde se puede plantar en los diferentes proyectos, atendiendo dicha variable”.
Es que Botana, exintendente de Cerro Largo, recordó que en ese departamento rige desde 2011 una prohibición de forestar en suelos que no sean declarados de prioridad forestal.
El senador nacionalista Sebastián da Silva, planteó otro factor de peso en la discusión del proyecto. Es “la competencia grande por la tierra”, atendiendo a que “la ganadería hoy está en un buen momento y la agricultura está con muy buenos valores”, argumentó.
Y citó algunos precios de las rentas de tierras, principalmente las cercanas a las plantas de celulosa. Eso “en un país donde la lechería se desarrolla con el 50% de los productores arrendando campo en las zonas del sur”, indicó.
Da Silva manifestó su posición respecto a “mejorar” la normativa forestal, sin que ello suponga “entorpecer el desarrollo”.
Peña enfatizó que “un cambio en una ley que tiene tantos años, y que se ha transformado en política de Estado, merece otras consideraciones”.
“No olvidemos que estamos hablando de importantes inversiones, de ciclos largos de producción, por lo cual estos cambios suponen cambios en las reglas de juego, por lo que hay otras dimensiones”, señaló.
El diputado de Cabildo Abierto Rafael Menéndez, quien presentó el proyecto de ley en discusión, opinó que “la argumentación” planteada por el ministro (de Ambiente) es “calcada” a la que hizo la Sociedad de Productores Forestales, cuando compareció al Parlamento. El actual director forestal del MGAP, Carlos Faroppa, fue presidente de esa gremial privada y asesor de empresas del sector.
Adrian Peña. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Agua va
En plena discusión del proyecto en esa ocasión, Peña alertó que Uruguay “tiene muchos problemas en materia ambiental”. Hay “problemas con la calidad y la cantidad del agua, con la gestión de los residuos, con la aplicación y actualización de los registros en materia de plaguicidas, pero, ciertamente, la producción forestal no supone uno de los problemas más importantes que el Uruguay tiene”, advirtió. Y admitió: “Sí nos parece muy interesante el espíritu del proyecto de ley en cuanto a estar atentos a estas cosas”.
El asunto es “atendible”, pero “habrá que ver si esto es por ley o a través de otras herramientas”, expresó. Se mostró más bien dispuesto a que “puede haber ajustes” normativos.
Basándose en un estudio “generado por la actividad privada de una empresa, pero en el que concurre la Universidad de la República, el INIA, la Universidad de Carolina del Norte, la Universidad de Washington y la Universidad de Misisipi, lo que le da un soporte académico interesante a un estudio de largo aliento”, el subscretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, contó que “se comprueba la reducción del agua en el escurrimiento superficial”.
Del 40% del agua que se precipita sobre el suelo hay una pérdida promedio de 28% que “se estaría reduciendo” en los 20 años estudiados en las cuencas con actividad forestal, afirmó.
Esa investigación se realizó en el departamento de Tacuarembó, establecimiento La Corona.
Menéndez destacó el resultado del trabajo de investigación presentado por el MA, en cuanto a que “hay una afectación sumamente relevante, de hasta el 30%”, respecto al agua escurrida en predios forestales.
“Como bien decía (el subsecretario) Amarilla, en este estudio interviene la Universidad de Cornell, que se especializa en temas hidrológicos”, valoró.
Planteó que ese asunto “está directamente relacionado con la capacidad de captar carbono que tienen los árboles”.
“Cuando se argumenta sobre la eficiencia de captación de carbono de los árboles hay que saber que se relega una alteración en el ciclo hidrológico, la que queda muy evidenciada en este estudio”, dijo.
El titular del MA consideró que “si no se regula la carga sobre esa cuenca, por más suelo de prioridad forestal, el agua superficial se va a perder y el problema puede ser aún mayor”.
“Puedo tener un gran problema ambiental, de no preservación de la biodiversidad, si no regulo esa carga”, admitió.
Peña recalcó que el proyecto de ley apunta al tratamiento de los suelos de prioridad forestal y que no tiene nada que ver con el agua o con otras cuestiones ambientales.
“El ministro expresó que esta ley se centra en los suelos y quiero dejar de manifiesto que es un articulado de siete artículos en el que se le da absolutamente todas las competencias al Ministerio de Ambiente”, le respondió Menéndez.