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El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) contrató a tres organizaciones no gubernamentales para que realicen tareas de “seguimiento”, “asesoramiento” y “capacitación” de cooperativas sociales que la secretaría de Estado tiene a su cargo en todos los departamentos de Uruguay. El Mides destinó unos $ 30 millones con ese objetivo; el gasto fue observado dos veces por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR). Las observaciones refieren a prórrogas y ejecución de contratos sin intervención del tribunal. Hubo una observación en agosto de 2018 y otra en setiembre del mismo año.
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Las organizaciones a cargo de estas tareas por las que el Mides pagó un total de $ 30. 738.072 son: Grupo de Promoción Desarrollo Regional ($ 3.596.446); Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay ($ 8.681.991), y Organización Civil El Abrojo ($ 18.459.634). Entre los múltiples propósitos incluidos en el pliego del llamado, el Mides especificó que el programa “potenciará la sustentabilidad de las cooperativas sociales participantes, mediante el seguimiento y asesoramiento técnico (en aspectos económicos, administrativos y sociales), así como a través de instancias de capacitación de acuerdo a sus necesidades de formación en procesos de gestión, producción y/o comercialización”.
Las cooperativas en cuestión brindan servicios que van desde limpieza, vigilancia y mantenimiento hasta el cuidado de personas enfermas y venta de alimentos. El Mides detalla tres objetivos claves que se persiguen con la contratación de estas organizaciones no gubernamentales: “Fortalecer la gestión social, institucional, económica y empresarial de las cooperativas sociales a través de los valores y principios cooperativos; generar capacidades individuales y colectivas que les permitan mejorar su gestión, formación, condiciones de trabajo e inserción en el mercado laboral formal y pasaje a otras figuras jurídicas; propiciar vínculos entre las Cooperativas Sociales e instituciones y organizaciones locales (tanto públicas como privadas) que puedan significar recursos de apoyo para la gestión de las mismas así como el desarrollo de estrategias de impacto local”.
Las organizaciones deben realizar como mínimo una reunión cada 15 días con cada cooperativa social y al menos una reunión cuatrimestral con todos sus socios durante el período de la intervención. Después deben elaborar un diagnóstico inicial con cada cooperativa “centrado en las fortalezas y debilidades de las dimensiones sociales, económicas, grupales y territoriales, así como un plan de trabajo que guiará el proceso de acompañamiento”.
Para el diputado blanco Martín Lema, que está relevando información para reclamar una comisión investigadora sobre el Mides, esta es “una tarea que no debería tercerizarse, ya que corresponde que sea desarrollada por el propio ministerio”. En diálogo con Búsqueda, el legislador recordó que en la ley de creación del Mides se explicita que dentro de sus tareas está la de “fiscalizar, con carácter preceptivo, a toda institución privada con la que ejecute programas sociales bajo la modalidad de convenios, en cuanto al cumplimiento efectivo de los mismos”.
Investigadora
La decisión de plantear la creación de una comisión investigadora la tomó esta semana el senador y precandidato blanco Luis Lacalle Pou. El senador hizo una cronología de los hechos en su audición radial de el miércoles 20. Dijo que el 2 de marzo de 2017, luego de constatar “contrataciones irregulares” y “falta de resultados de planes y programas sociales”, solicitó una auditoría externa en el Ministerio de Desarrollo Social. El planteo no tuvo eco.
Ahora Lacalle Pou vuelve a la carga. Y le encomendó el trabajo a Lema, quien ya lideró una comisión investigadora sobre la gestión de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) que desnudó una trama de corrupción en muchas de sus unidades ejecutoras. Lema dijo a Búsqueda que está procesando todas las contrataciones en el Mides. Y adelantó que en las cooperativas “‘hay varias irregularidades”.