Ministerio de Ganadería inicia investigación administrativa por pagos indebidos a sus funcionarios en el puerto de Montevideo

El MGAP no inició la investigación administrativa antes porque la Policía y la Justicia estaban buscando las pruebas, a partir de la denuncia que hizo esa secretaría de Estado a fines de 2017.

Comentaron que hubo un “cobro con viso de irregularidad” mediante “un recibo que no es oficial” y que eso fue lo que sirvió de argumento para llevar el tema al ámbito policial.

Si bien el proceso judicial y la investigación administrativa siguen en curso y requerirán un tiempo, los informantes dijeron que en el MGAP ya ven que la funcionaria “irá para afuera”, como les ocurrió a otros funcionarios.

Tanto de la Policía como de la Justicia avisaron a las autoridades de Ganadería que “tienen pruebas” y que “la investigación sigue y está próxima su finalización”, contaron los informantes.

Los montos que fueron pagados irregularmente son difíciles de determinar, porque hubo algún recibo no oficial y eso define un solo pago, pero pudo tratarse de un proceso acumulativo.

Al tiempo de haber realizado la denuncia en el Ministerio del Interior, las autoridades del MGAP decidieron que la funcionaria implicada en la maniobra pasara a cumplir tareas diferentes a las que venía despeñando y nombró a otro funcionario en su cargo.

“Fue separada de esa función pero seguía trabajando en otras” labores, contaron los informantes.

Actualmente es la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos la encargada de la investigación judicial (Búsqueda Nº 2.016)

Traslado, viáticos y residuos

En cuanto a cómo se desarrolla habitualmente la operativa de los funcionarios de la División Sanidad Animal en el puerto, el MGAP tiene un “protocolo de actuación” para el cobro de los servicios que presta en cuanto al tratamiento de los residuos de los barcos de carga y los cruceros en el Puerto de Montevideo.

Las fuentes afirmaron que hay un acuerdo para el uso de vehículos particulares para el transporte de los residuos y está previsto el pago de un litro de nafta súper caburante cada cinco kilómetros.

Y acotaron que el MGAP tiene dificultades para realizar el control respecto a si es correcta la cantidad de kilómetros declarada, más aún considerando que hay un recibo no oficial de por medio.

La dependencia ministerial que opera en el puerto capitalino tiene autorización para el cobro de tarifas por la habilitación de acopios de lanas, cueros y miel con destino a importación y exportación, tarifas por inspecciones de animales y frutos del país y tarifas de inspecciones de buques y traslado de residuos. En el cumplimiento de ese último cometido es en el que se detectaron las posibles irregularidades.

Los funcionarios de esa área también perciben pagos por conceptos de locomoción para el viaje a los lugares donde se depositan las mercaderías inspeccionadas y viáticos para el traslado que implique más de 50 kilómetros o más de seis horas de trabajo dentro de Montevideo.

Más allá de los montos de los pagos y los datos de los kilómetros recorridos y el combustible consumido, la principal irregularidad era que no había recibos oficiales y por lo tanto el dinero no tenía el destino apropiado.

Presiones

En los últimos años el Ministerio de Ganadería resolvió echar a tres funcionarios que cometieron irregularidades en el cumplimiento de sus funciones, específicamente en los controles en las barreras sanitarias ubicadas en pasos fronterizos.

Las resoluciones del MGAP por las que se expulsó a los funcionarios en los años recientes están fechadas el 23 de febrero de 2015, el 16 de setiembre de 2016 y 23 de octubre de 2018, según los datos a los que accedió Búsqueda.

Esa cartera de Estado tiene 1.900 funcionarios. Hasta el momento fueron solo tres los destituidos entre 2015 y 2018, y hay otros tres pedidos de destitución en proceso.

“Hay que ser muy duro con los funcionarios que cometen irregularidades, pero también hay que reconocer la labor de los que cumplen correctamente su trabajo, que son la mayoría”, señaló una de las fuentes consultadas.

Advirtió que “echar a un funcionario público no es nada sencillo, porque requiere un largo proceso que incluye el tratamiento del caso en el Parlamento”.

Hubo “presiones de todo tipo” para evitar las sanciones a los funcionarios que fueron echados en los últimos años, señaló. Y acotó que se buscó impedir la aplicación de esas medidas por parte “de familiares, de políticos, entre otras” personas.

Históricamente los funcionarios que fueron procesados por la Justicia luego fueron destituidos por Ganadería, valoró.

Atendiendo al flujo de turistas que llegan en cruceros al puerto de Montevideo y al impulso que tuvo el negocio de exportación de ganado en pie en la última década, el cobro de las comisiones por parte de funcionarios del MGAP pudo ser “una torta de guita”, apuntó un informante.