DGI apronta equipo para investigar a contribuyentes con “altos patrimonios”, disuelto por el gobierno anterior

El Plan de Gestión del Cumplimiento Tributario para este año y el próximo, dado a conocer hace algunas semanas por la DGI, delimita un segmento de “individuos de alto patrimonio” abarcativo a unas 3.000 personas con “elevada capacidad económica que, en muchos casos, operan mediante estructuras societarias, financieras o patrimoniales sofisticadas”. Para ese grupo, los “esfuerzos” de la administración tributaria se concentrarán en “mitigar la subdeclaración de rentas y patrimonio, detectando” la “verdadera capacidad contributiva” en impuestos, como el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por ganancias de capital, el Impuesto al Patrimonio, el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales y el Impuesto de Enseñanza Primaria, detalla ese documento.

Tener una unidad para atender a ese segmento es una práctica común en otros países —así como existe un área de grandes contribuyentes corporativos—, en el entendido de que requieren de una gestión especializada dadas sus peculiaridades; son individuos que no solamente cuentan con “capacidad contributiva, también tienen capacidad de planificación financiera, tributaria, y mayor capacidad para asesorarse, para litigar”, alegó.

Una segunda motivación para constituir un equipo abocado a los patrimonios cuantiosos es, en cierto modo, de economía política: “Es muy difícil para nosotros pensar en abordar a toda la masa de contribuyentes sin poder tener la tranquilidad de que con este segmento pudimos comprobar que el nivel de tributación es acorde a las normas. Dicho más en criollo, cuando nos dicen: ‘bueno, ¿pero por qué no van por los grandes o por los que realmente tienen capacidad (impositiva)?’. Sí, corresponde que dediquemos esfuerzos proporcionales a la magnitud de los problemas”, dijo el director general de Rentas.

Recalcó que tal enfoque está por fuera de la discusión sobre el “diseño de la política tributaria. Es un tema estrictamente de aplicación y de proporcionalidad; dadas unas normas, qué energía le ponemos para que esas normas se cumplan en función de las capacidades que tienen los contribuyentes”. Sostuvo que el “principio general” con el que trabaja la DGI es que los contribuyentes “son distintos” y no los puede “tratar iguales, porque tienen capacidades y posibilidades diferentes. Siempre con la misma lógica, que es procurar hacer cumplir las normas”.

El 2% de la recaudación

Al disertar en la XIV edición de las Jornadas Tributarias efectuada a fines del mes pasado, González Amilivia fundamentó con cifras la importancia de darles un monitoreo especial a las personas con elevada capacidad contributiva. Los 3.000 individuos identificados en ese segmento, si bien son “una parte ínfima del padrón” de contribuyentes —0,2% del total—, “aportan el 2% de la recaudación” global, señaló. Y agregó otro dato comparativo: “Lo cierto es que estos individuos, en promedio, tributan a la DGI más de 30 veces lo que tributa en promedio la masa de contribuyentes de IRPF y de IASS”.

En función de esa relevancia, “ameritan una gestión especializada, porque verificar la capacidad contributiva es mucho más complejo” que darle seguimiento a alguien obligado a tributar el IRPF por rentas del trabajo. Además, son individuos que pueden emplear diferentes “vehículos o instrumentos para optimizar su tributación, y por lo tanto es mucho más complejo saber exactamente cuál es su capacidad contributiva y cuál es la tributación que les corresponde”, dijo González Amilivia.

Explicó que, por otro lado, el marco impositivo aplicable a ese segmento “está bastante atomizado”, con cargas sobre rentas por dividendos, de capital inmobiliario, incrementos patrimoniales, además del Impuesto al Patrimonio, “y la forma de acceder a la información necesaria para conocer esa capacidad contributiva requiere de emplear muchos instrumentos al mismo tiempo. Es un contexto en el que en general nos enfrentamos a mayor opacidad. Voy a ser claro en esto: el secreto bancario en ese sentido es una limitación, obviamente (...). Sin perjuicio de eso, hay muchísima información que la DGI requiere capturar, procesar y combinar para poder entender y acceder a una idea más clara de cuál es la capacidad contributiva de cada uno de estos contribuyentes”.

El director general de Rentas, Gustavo González Amilivia.

Javier Calvelo/adhocFotos

La cifra de 3.000 enunciada en el plan de gestión fue establecida considerando el tamaño estimado del patrimonio de los individuos, para lo cual la DGI utilizó diversos indicadores relacionados con la situación patrimonial. ¿Cuál es el corte? “No tenemos definido cómo queremos trabajar la comunicación de esa información; obviamente que la gente que reciba nuestras comunicaciones sabrá en qué segmento la estamos tratando”, afirmó el jerarca, consultado por Búsqueda.

Agregó: “Claramente se puede inferir que estamos poniendo la vara más arriba de donde la ponen otros, por lo menos otros análisis que he visto por ahí que hablan de que hay 18.000 individuos que tienen más de un millón de dólares o cosas del estilo. Pero no deja de ser una cuestión arbitraria, en última instancia. (...) Cuando empecemos a observar qué prácticas tienen desde el punto de vista de cómo planifican la tributación, ahí nos vamos a dar cuenta de si en realidad es necesario extender esto a un segmento más grande o estamos bien como lo tenemos hoy delimitado”.

“Auditorías” y más intercambio de información

Desde la óptica de la DGI, el “riesgo” en este grupo de contribuyentes está localizado principalmente en la subdeclaración de rentas y de patrimonio. Frente a esto, “las estrategias de tratamiento tienen que ver con reunir el conjunto de información que se entiende como relevante” y una herramienta a utilizar es la “auditoría” para determinar la “consistencia patrimonial”, contó el director en las Jornadas. Aclaró que ese tipo de acciones no tienen el sentido de “una inspección o una acción de fiscalización”, sino de “análisis, de reunir información, procesarla, poner la cabeza y en todo caso comenzar una interacción con el contribuyente para comprobar si las hipótesis que surgen de esa auditoría se cumplen o no”. “A veces interactuamos con los contribuyentes sin que los contribuyentes lo sepan. Y a eso también le llamamos auditoría”, explicó.

Para indagar al segmento de patrimonios altos la DGI podría llegar a procurar datos adicionales a los que ya recibe, complementó consultado por Búsqueda. Por ejemplo, la oficina recaudadora accede a información de los consumos de las personas surgida de la facturación electrónica cuando el gasto supera las 10.000 unidades indexadas. “Puede haber algunas cuestiones puntuales, información que hoy no tenemos y que son indicadores que no fallan” relativos a “consumos de muy alto valor”, indicó.

Por otro lado, la Impositiva ya tiene acceso a información masiva de cuentas bancarias en el exterior de residentes en Uruguay. “Pero en el contexto de investigaciones podés hacer requerimientos específicos. Lo mismo respecto del sistema financiero doméstico” para, con la justificación de una auditoría, obtener datos que están amparados por el secreto bancario. Según el director de la DGI, ese canal y la solicitud de información a través de tratados de intercambio con otros países podría ser de uso más frecuente para el seguimiento de los altos patrimonios y su comportamiento tributario.