Esto determinó que se obtuvieran “beneficios” que, de otra manera, “no hubieran sido otorgados o mantenidos en el tiempo”. En especial, el acceso al Fondo de Garantía que permitió al Casmu disponer de $ 2.184.367.134 en una situación de crisis de liquidez. El Plan de Reestructuración presentado se apoyó explícitamente en los controvertidos balances, advirtiendo que pese a la situación se estaban logrando resultados positivos.
Los abogados sostienen que se visualizaron “violaciones normativas flagrantes” del ámbito de la contabilidad, “que excluyen la posibilidad de argumentar dobles interpretaciones normativas”.
Mails ignorados y contadores echados
El eventual “conocimiento de los apartamientos normativos” podría estar reflejado en un intercambio de correos entre el contador Ignacio Labat, el exgerente general Marcelo Gilard, la exvicepresidenta Andrea Zumar y el expresidente Rodríguez. Los correos integran el informe completo al que accedió Búsqueda.
El 26 de julio de 2024 Labat envió un mail cuyo asunto era “Revisión cierre junio y contingencias en balance”. Allí expresaba que una de las integrantes del equipo había examinado las cuentas contables de balance. “Encontramos varias cuentas con problemas (criterios diferentes a las normas contables), que probablemente tengan un impacto negativo en estado de resultados de este ejercicio”, advertía, y adjuntaba planillas con los hallazgos.
El mismo día, Gilard y Rodríguez respondieron que verían el correo el fin de semana y se reunirían luego.
Zumar también envió un mail ese viernes a los jerarcas de la institución, diciendo que se había reunido con los contadores y que se había encontrado con “una serie de sorpresas ‘poco agradables’ de las cuales no tenía conocimiento”.
“A raíz de las dudas ‘y los grises’ que se desprenden de algunos conceptos y cifras (…) me parece conveniente y necesaria una reunión urgente para el día de hoy o más tardar mañana sábado a la mañana. Recalco la necesidad de esta reunión ya que por la coyuntura institucional que atravesamos y las cifras manejadas se desprende la necesidad de iniciar un proceso de investigación con el fin de establecer posibles responsabilidades en caso de error y/u omisión”, escribió la vicepresidenta de la mutualista en aquel entonces.
En el informe se relata que “no solo no se tuvieron en cuenta las consideraciones de los contadores referidos, sino que a los pocos días fueron desvinculados de la institución, dejando de prestar sus servicios profesionales”. Para Donnángelo y Sasson, esto podría ser considerado “un posible y eventual acto de ocultamiento”, que implicaría que “los apartamientos normativos podrían haber sido realizados adrede para exponer una situación patrimonial mejor de la real”. La hipótesis refuerza el riesgo penal, aseguran.
En esencia, la irregularidad detectada consistía en “mantener abiertas partidas en una ‘cuenta puente’ que no representaba activos o pasivos reales y vigentes de la institución, sino gastos, diferencias de conciliación y ajustes, que debieron ser reconocidos en los resultados de los años en que se originaron”, dice el informe.
Durante una sesión del Consejo Directivo en marzo de 2025, Rodríguez criticó los cuestionamientos recibidos respecto de los números.
“Hacer de nuevo el balance sería decir que los contadores hicieron mal todas las cuentas y tienen que volver a hacerlas, y que Grant Thornton (la auditora externa) no controló absolutamente nada y tiene que volver a controlar. Es algo disparatado”, opinó, según consta en actas. “La verdad que no se me pasa por la cabeza cómo se puede hacer de nuevo un balance cuando un balance lo único que muestra es lo que se hizo en el año, los números de entrada y de salida”.
El secretario general, Juan José Areosa, fue en la misma línea: “Independientemente de los temas que lleve adelante la Comisión Fiscal, acá hay un tema que se llama cosa juzgada. El soberano de la institución ya se expidió. A los efectos prácticos creo que se expidió, aprobó. A tal punto aprobó que dio por buenas todas las explicaciones dadas”.
La irregularidad fue corregida por la actual administración mediante un “asiento de sinceramiento contable”. El saldo deudor era de $ 545.569.480.
Los abogados plantean que “el comportamiento analizado podría revestir un riesgo penal superior si se comprobara fehacientemente que los balances y/o información contable fueron utilizados para obtener créditos bancarios y la garantía del Fondo de Garantía IAMC, en cuyo caso —por tratarse del Estado como sujeto pasivo— el riesgo podría vincularse con una eventual conducta de estafa agravada”.
Consultado por Búsqueda, Rodríguez fustigó el contenido del informe que, según él, se basa solamente en documentos brindados por las autoridades actuales, sin haberlo consultado a él ni a sus colaboradores, ni a Grant Thornton, firma que audita los números del Casmu desde 2023 hasta hoy.
Principalmente, criticó que se ponga el ojo en balances que fueron revisados por “unos 50 contadores”, entre los que mencionó a los de la propia mutualista, los de Grant Thornton, los interventores, los de la Junta Nacional de la Salud y los de la división Economía de la Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP).
“Ahora aparecen unos genios de KPMG y encuentran cosas raras, que pueden tener visos de delito. Si el MSP ya los visó, ¿qué encontraron estos iluminados? ¿Quién más los tiene que aprobar? ¿Dios?”.
“Lo que están haciendo es plantar algo. Dicen que faltan US$ 4 millones de una cuenta bancaria. Decime cuándo, quién fue y cómo pasó en una empresa como el Casmu, con todos los controles que tiene”, insistió.
El expresidente cuestionó también que la elegida para hacer esta investigación sea KPMG, empresa que él cesó cuando asumió la presidencia, en 2019, “porque las auditorías que habían hecho eran totalmente sesgadas”.
Préstamos inexplicables
El análisis de los contratos sobre préstamos parabancarios “tornan impostergable la necesidad de iniciar una investigación penal”, aseguran los abogados en otra parte del informe. “La evidencia que surge de los hallazgos (…) no deja margen de duda acerca de la necesidad” de hacer dicha investigación.
La relación entre Casmu y una empresa a la que se contrató para financiamiento entre julio de 2024 y setiembre de 2025, “además de resultar absolutamente ruinosa e irrazonable” para la mutualista, “solo puede ser explicada si a ella subyace un concierto previo entre las partes involucradas”, afirman. Para ello se basan no solo en las tasas de interés pactadas (que llegaron a superar el 3.400 %, como informó Búsqueda en su edición anterior), sino también en el hecho de que en ocasiones “el dinero objeto del contrato ni siquiera habría ingresado a las cuentas de Casmu”.
En esos meses “se comprometieron o transfirieron recursos institucionales con conocimiento de que no existía capital financiado, deuda subsistente u otra contraprestación que los justificara”, alegan los abogados. “Los documentos analizados confirman la intervención de Raúl Rodríguez y Juan José Areosa en varios de los casos principales, a la vez que también muestran contratos suscritos por otros representantes de Casmu”.
Se destacan dos contratos en particular. Uno, firmado el 28 de mayo de 2025 por Rodríguez y Areosa, por $ 90 millones y $ 30 millones, a entregar el 30 de mayo y devolver el 3 de junio, con una tasa de 4% que representaba $ 4.800.000 más IVA. El segundo, firmado el 27 de agosto por $ 100 millones, a entregar el 29 de agosto y devolver el 2 de setiembre con una tasa de 3,5%, equivalente a $ 3.500.000 más IVA. Ambos préstamos con intereses millonarios se pidieron por cuatro días.
Pero, además, la suma de los capitales establecidos en 57 contratos analizados “excede significativamente los desembolsos identificados en los extractos bancarios”, de acuerdo con el informe. Se asumen obligaciones por $ 5.094.000.000, pero aparecen desembolsos por $ 2.412.962.159.
Según los abogados, “como consecuencia de ello, Casmu habría pagado en alguna oportunidad no solo un capital que nunca recibió en sus cuentas bancarias, sino que además habría devengado y pagado intereses sobre un capital superior al saldo estimado de su deuda” con una de las empresas.
Diferencias mayores aún se aprecian en otros 35 contratos por préstamos en dólares con otra empresa. Sin embargo, “esta enorme discordancia en los montos podría deberse —y en esa línea deberá investigarse— a renovaciones sucesivas de estos mismos contratos”.
Respecto de esto, Rodríguez dijo a Búsqueda: “Mi prioridad era pagar los salarios. Casmu estaba continuamente en la prensa. En el gobierno decían que lo iban a cerrar. ¿Quién te presta plata en esas condiciones y con qué interés? Los intereses dependen de la posibilidad de cobrar. Si es difícil, los intereses suben. Mi interés era pagar los salarios y tener al Casmu en funcionamiento, y así lo hice hasta que me tuve que ir. Ni un día se atrasaron los salarios, y esa es mi respuesta a ese tema. Si los intereses eran más o menos, eso deberán explicarlo los contadores. Yo tendría que estudiarlo. Los contratos los vieron los interventores y no pusieron objeción en ningún momento”.
Los abogados contratados, por su parte, consideraron que “una situación de estrés financiero puede explicar en principio la necesidad de tomar un crédito en condiciones más onerosas que la media del mercado”, pero no en “las condiciones en que los préstamos fueron tomados”, que describen como “irrazonablemente ruinosas, al punto de resultar directamente inexplicables”.
La necesidad tampoco justifica, dicen, “pagar conscientemente una deuda inexistente y sus intereses por un capital que en ningún momento ingresó a Casmu”.
“La reiteración de esta conducta durante 13 meses, ejecutada en contravención a la ley de usura y a la propia letra de los contratos de mutuo, puede suponer un indicio de que un determinado grupo de personas directamente vinculadas con la operativa tenían efectivo conocimiento de los hechos y decidieron actuar u omitir para que ello sea posible, resultando esto una cuestión indicativa del dolo”, concluyen.
Presidente del Casmu, Raúl Rodríguez, antes de reunirse con autoridades del MSP, el martes 30.
Mauricio Zina / AdhocFotos
Asamblea, persecución y cosa juzgada
En 2024, la entonces ministra de Salud Karina Rando remitió a la Fiscalía un informe de los interventores del Casmu. Ya entonces se habían detectado “desvíos a normativas vigentes, incumplimientos estatutarios, al reglamento de compras, así como otras observaciones a las adquisiciones y los pagos”. La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, respondió en enero de 2025 que, tras un análisis del Departamento de Depuración, Priorización y Asignación (DPA), no se advertían “en principio y sin perjuicio la existencia de presuntas conductas delictivas” que fundamentaran “el registro de una denuncia penal para su eventual investigación”.
Rodríguez se basa en esa definición de Fiscalía para afirmar que todo lo expuesto responde a una maniobra política.
“Realmente hay una persecución que culmina con esta barbaridad que se está haciendo ahora, que es este documento que no tiene ni pies ni cabeza, y que está vinculado a lo que ya se mandó a Fiscalía y que fue devuelto porque no se encontró mérito para seguir con la investigación”, disparó.
El 6 de noviembre, tras la publicación de las conclusiones del informe en Búsqueda, el presidente actual de la mutualista, Domingo Beltramelli, difundió un comunicado en el que destaca que no hubo “ninguna denuncia archivada”, sino que la postura de la DPA había sido “un diagnóstico preliminar”.
“Nunca tuvo número de noticia criminal”, y “aun si hubiera existido un archivo, la investigación podría reabrirse”, insistió Beltramelli. También advirtió que “el documento que se presentará a la asamblea expone hechos con apariencia delictiva” que son “nuevos”.
Para Rodríguez, el objeto de la asamblea y del informe es, lisa y llanamente, sacarlo de la institución.
“Yo creo que la ministra Cristina Lustemberg tiene una intencionalidad propia sobre mí. Creo que debe ser política, porque de otra forma no lo puedo entender. Cuando era diputada yo iba a hablar con ella lo más bien y me pidió apoyo para la campaña política, y le dimos apoyo como a otros políticos. Me decía ‘yo soy una persona de diálogo, cuando esté en el gobierno vamos a dialogar’, pero nunca dialogó. Nunca”, señaló Rodríguez.
Y agregó: “Yo no soy de izquierda. Y el Casmu a ellos les sirve tenerlo como presa política, como tienen el Colegio Médico, como tienen ASSE… Es una manera más de tener poder, y a través de eso tener votos”.
Rodríguez ha dicho en sesiones del Consejo Directivo que Lustemberg lo intentó “proscribir” para las elecciones del Casmu.
“Ahora me manda esto para que me sometan a un juicio sumario en una asamblea, pero a mí no me dieron derecho a defensa. De todos los informes que hay, yo no pude presentar ninguna defensa. Se dieron esos hechos como si fueran reales, y no lo son. Nadie me preguntó qué tengo para decir”, expresó.
Por último, defendió su inocencia: “Tengo absoluta tranquilidad de conciencia. Sé lo que tengo, sé de lo que vivo. Soy socio de Casmu, mi familia es socia de Casmu y no vamos a permitir que el Casmu caiga”.
+ 
