Los fuentes mencionaron en particular el artículo 118 de la Constitución. Esa norma no prevé la comparecencia de la cabeza del Poder Judicial al Parlamento, pero sí establece que la corporación puede ser objeto de pedido de informes, siempre que no versen sobre aspectos jurisdiccionales. La norma dispone textualmente: “Todo legislador puede pedir a los ministros de Estado, a la Suprema Corte de Justicia, a la Corte Electoral, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y al Tribunal de Cuentas, los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. El pedido se hará por escrito y por intermedio del presidente de la Cámara respectiva, el que lo trasmitirá de inmediato al órgano que corresponda. Si éste no facilitare los informes dentro del plazo que fijará la ley, el Legislador podrá solicitarlos por intermedio de la Cámara a que pertenezca, estándose a lo que ésta resuelva. No podrá ser objeto de dicho pedido lo relacionado con la materia y competencia jurisdiccionales del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo”.
En principio, la Corte había resuelto no explicitar los motivos del traslado de Mota porque no lo ha hecho históricamente con ningún magistrado. De hecho, las fuentes subrayaron que se trata de un traslado horizontal de la materia penal a la civil por lo que no implica una degradación.
Empero, por la sensibilidad que despertó este tema, algunos ministros de la corporación están dispuestos a responder un pedido de informes, en el entendido de que no se preguntan los motivos de una decisión jurisdiccional sino administrativa.
Entre otros legisladores, el diputado del Espacio 609 Víctor Semproni cursó un pedido de informes a la corporación sobre este tema.
“Rechazo”.
El pedido de explicación de los motivos del traslado de la jueza no provino solo de legisladores oficialistas. Otras asociaciones o gremios también solicitaron a la Corte que explicite las razones del traslado de la magistrada que tenía en sus manos varias causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).
La Asociación Magistrados del Uruguay (AMU) rechazó en un comunicado los acontecimientos de violencia ocurridos el viernes 15 en la sede de la Corte, cuando un grupo de manifestantes obligó a retrasar casi tres horas el juramento de 15 jueces y “obstruyó el funcionamiento del gobierno del Poder Judicial” y “se pretendió atacar la independencia de este poder del Estado” (ver nota aparte).
No obstante, la gremial que reúne a los jueces expresó en el mismo comunicado que se encuentra “abocada al estudio de la normativa relativa a la carrera judicial”.
“Entre los aspectos a considerar se encuentran el de lograr garantías para los magistrados en oportunidad de sus traslados por razón de cargo o de lugar, lo cual ha sido desde siempre una preocupación de esta asociación”, subrayó.
En una línea similar, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) sostuvo en un comunicado que si bien no cuestiona “ni la formalidad ni la legalidad” de la resolución tomada por la Corte, no comparte “la práctica común de la corporación de resolver traslados de jueces, principalmente en materia penal, cuando la independencia técnica del magistrado no condice con la opinión mayoritaria de la SCJ”.
“Nuestro gremio tampoco comparte que estas resoluciones de traslados no tengan fundamentos ni criterios conocidos públicamente. Es por esta razón que este sindicato desde tiempo atrás viene planteando la reforma de la Ley Orgánica de los Tribunales a fin de hacer democrática la forma de ingreso, traslado y ascenso de los magistrados”, añade la declaración.
El presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, Bernardino Real, indicó que está en contacto con la AMU para enviar al Parlamento un proyecto de ley que regule la carrera judicial (Búsqueda N 1.700)
“Flaco favor”.
Algunos analistas políticos también se ocuparon del tema y consideraron que el máximo órgano judicial del país debería dar explicaciones sobre el traslado de Mota. En una columna publicada en el diario “El Observador” el miércoles 2, el politólogo Adolfo Garcé sostuvo que la Corte tiene “derecho a redistribuir a los jueces” pero sus ministros tienen “la obligación en un tema tan delicado, de ser mucho más sensibles, prudentes y transparentes”.
“La SCJ no solo le debe una explicación seria a la jueza Mota. No se la debe, apenas, al Frente Amplio, ni a los familiares de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Se la debe a todo el país”, opinó.
El cientista social afirmó que Mota cometió el “grave error de aparecer frente a toda la sociedad como una militante de la causa de los derechos humanos”.
“Está en la tapa del libro: no se puede ser juez y parte. Al olvidar este principio básico, la doctora Mota le hizo un flaco favor a la causa que ha venido defendiendo. Perdió credibilidad frente a sus propios colegas ¿Son estas las razones de fondo? ¿La removieron porque no comparten su punto de vista y porque no confían en su imparcialidad?”, inquirió. Y de inmediato agregó: “Expliquen por favor”.
“Enorme preocupación”.
Con este mar de fondo, el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República discutió sobre el traslado de Mota ante la solicitud de los consejeros del Orden Estudiantil, que leyeron la declaración de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) sobre el tema.
“El traslado de la doctora Mota pone fin a toda una serie de movimientos y traslados de jueces y fiscales vinculados a la investigación de los delitos cometidos en dictadura: el traslado del fiscal Ricardo Percivale y el doctor Álvarez Petraglia. Es también la última acción de una campaña política y mediática contra la jueza que comenzó hace ya dos años (...) Las consecuencias de este traslado son el retraso seguro de las causas que estaban a su cargo, la dilación de la verdad para los familiares y la impunidad de los represores. Implica, además, un duro golpe en el lento y empedrado camino por verdad y justicia que transita nuestra sociedad”, sostiene la declaración.
“Y que tengan claro —prosigue— que este pueblo nunca se va a confundir: de un lado estarán los represores, los asesinos, los violadores, sus cómplices civiles y empresariales de ayer, los cómplices de hoy en el Poder Judicial y en el poder político. Del otro lado y luchando contra ellos siempre estará la FEUU, como parte de una sociedad que desde hace más de 30 años exige Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más Terrorismo de Estado”, agrega.
Todos los consejeros coincidieron con esa visión de la FEUU. De hecho varios dijeron que “firmarían con las dos manos” esa declaración a título personal.
Uno de los primeros en hablar fue el rector, Rodrigo Arocena, quien dijo a título personal que tiene “una enorme preocupación por el traslado de una jueza que estaba luchando” por esclarecer “crímenes horrendos”.
“Como ciudadano de este país me hubiese gustado tener más claro las causas”, agregó.
Aunque todos los consejeros coincidieron en esos puntos, la división en el CDC vino a la hora de tomar una resolución al respecto. Mientras que Arocena y la mayoría de los decanos se negaban a resolver algo antes de que fuera discutido en cada Facultad, los órdenes estudiantil, docente y egresados promovían una moción expresando la preocupación de la Universidad ante este tema porque, según ellos, la institución no podía “quedarse muda” por otros 15 días, hasta la siguiente sesión del CDC.
Para el grupo que quería sacar la resolución, lo importante era “la intención política” de la medida de la SCJ. Durante todo el debate abundaron los cuestionamientos y críticas a la SCJ por su accionar.
La discusión no llegaba a ningún punto común y ante el alejamiento de las posiciones varios decanos opinaron que no hay que votar “divididos” ante un tema “tan delicado”, lo que llevó a que el debate en torno al tema se extendiera y se terminase convocando a un cuarto intermedio.
Tras 15 minutos de deliberaciones, se acordó tomar conocimiento de la declaración de la FEUU, enviarla a todas las Facultades y encargarle a la decana de Derecho, Dora Bagdassarián, que conforme una comisión que estudie el tema para el próximo CDC.
