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El reciente viaje de un grupo de legisladores del Frente Amplio (FA) y del Partido Nacional (PN) a Zambia para participar en la 134ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP, organización internacional de los Parlamentos de Estados soberanos; Uruguay es miembro desde 1930) insumió al Estado gastos excesivos de U$S 72.333 en la Cámara de Senadores y U$S 48.589 en la de Diputados, según Búsqueda Nº 1.865, pág. 6, 8/5/2016.
A su vez, por el carácter de la misión, fue exagerada la delegación de representantes y demás funcionarios; más aún comparada con otras de las Américas llevando la uruguaya catorce, Brasil y Canadá once, México y Venezuela siete, Chile, Panamá y Surinam seis, Bolivia cuatro, Cuba y República Dominicana tres, Argentina dos y Perú una.
No me asocio a la tesis que señala la falta de sensibilidad ante anuncios de crisis económica y cuando compatriotas pasan penurias como consecuencia del tornado en Dolores, por dos razones: la primera es que la misión se ejecutó desde el 19 al 23 de marzo, anteriormente y fuera del tiempo en que ocurrió lo de Dolores; la segunda, es que los despilfarros son despilfarros con o sin tragedia, con o sin crisis, porque entonces estaría bien que el FA haya despilfarrado nuestros recursos durante más de diez años de gobierno ininterrumpido con todo a su favor (bonanza económica, mayorías parlamentarias absolutas, sindicatos, etc.) no escuchando reiteradas advertencias y sin previsión económica ni respeto a desastres naturales como el de Dolores o las inundaciones.
Tampoco adhiero a la pregunta de quiénes han viajado más, indicador sumamente vago al que le falta considerar el tiempo en ejercicio de funciones legislativas, la calidad del desempeño y la contribución al Estado que aporta la misión. Seguramente, el concepto con el cual se pretende etiquetar a los que viajaron más quedará acotado, pues analizando el porcentaje de viajes y gastos con tiempo de ejercicio parlamentario, puede resultar que en un año haya quienes viajaron más, como Mujica, dando charlas tipo “gurú” o “manija” en Brasil.
La misión a la UIP es regular, pudo haberse evitado el excesivo gasto mediante el control parlamentario.
Los legisladores —integrando o no la UIP— debieron primeramente analizar las razones, alcance y costo-beneficio-país antes de ejecutarse la misión; ahí sí cuestionarla y en caso de detectar excesos, reducir la concurrencia y devolver el importe que se les haya adelantado. ¿Los órganos deliberativos y de control partidario les pedirán las explicaciones correspondientes?
Me quiero detener concretamente en la acusación de despilfarro y supuesta preocupación y del senador Pedro Bordaberry y el diputado Fernando Amado (Partido Colorado-PC) por evitar la sangría de los fondos públicos causada en viajes innecesarios después de “vendido el pescado”. ¿Los motiva la preocupación mencionada o la de mostrarse diferentes a los legisladores viajeros y así obtener una valoración favorable del pueblo?
Si la motivación fuera la primera, ¿por qué no hicieron antes la denuncia y así evitarle al país el gasto por el cual ahora se preocupan? La intención fue claramente obtener rédito político ante la opinión pública. Y acá no vale la excusa de haber tomado conocimiento retardado, por dos razones: porque no es cierto y porque de serlo, demostraría una absoluta negligencia en el control que les compete como legisladores.
Otro tanto para los diputados Alejandro Sánchez (MPP-FA) y Eduardo Rubio (Unidad Popular-UP) y el senador Pablo Mieres (Partido Independiente-PI) cuando ahora declaran que son exagerados el tamaño y gasto de la delegación y “hay que bajar la pelota”. ¿Dónde estaban cuando se dispuso la misión?
Como corolario, el vicepresidente Raúl Sendic, siendo quien más gastó en el viaje, se mostró dispuesto a buscar un posible acuerdo político para reducir los viajes y la cantidad de personas que integran las delegaciones.
Los blancos no podemos permanecer de brazos cruzados, por lo cual a los legisladores de mi querido Partido Nacional que asistieron a la misión, les sugiero primeramente aclarar su actuación a la opinión pública; luego, reconsiderar la misión y determinado el exceso, devolver el importe correspondiente que hayan percibido (más cuando el senador Luis Alberto Heber —nada menos el presidente del Directorio y con 30 años de trayectoria en el Parlamento— expresó su sorpresa por el elevado gasto) y finalmente, analizar y asumir su responsabilidad intra y extrapartidaria frente al sistema político en este caso.
Si esto no ocurre, entonces habrá que activar los órganos partidarios pertinentes para que les exijan sus responsabilidades.
