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Molesto por su actuar “politizado”, Ministerio del Interior insiste con la “inconstitucionalidad” de la Institución de Derechos Humanos
Bajo la conducción de Jorge Larrañaga la secretaría de Estado evaluó presentar un recurso en la Suprema Corte, que ahora vuelve a estar en consideración
Luis Alberto Heber en conferencia. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
El informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) fue publicado el 7 de marzo. Recomendaba al Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial iniciar investigaciones administrativas sobre presuntas irregularidades en dependencias policiales durante la detención de personas. Se basó en el monitoreo realizado por sustécnicos en visitas no anunciadas a seccionales y en un documento previo elaborado por la Asociación de Defensores Públicossobre situaciones de abuso policial, maltrato, detención ilegal, allanamiento sin orden judicial, lesiones y falta de atención médica que se produjeron en 2020 y 2021.
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“El análisis que realiza la Asociación de Defensores Públicos es coincidente en cuanto al debilitamiento de las garantías de las personas durante los primeros momentos de la detención”, concluye parte del informe. Agrega que “a partir de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) se ha vuelto aún más difícil verificar si ha existido un abuso policial” debido a que se extendió hasta cuatro horas el período en que se puede mantener a una persona detenida sin notificar a la Fiscalía. Además, se estableció la posibilidad de tomar declaraciones voluntarias en sede administrativa a efectos de realizar averiguaciones y se dispuso una presunción relativa de legitimidad en la actuación policial durante el cumplimiento de funciones, lo que representa “una riesgosa inversión de la carga de la prueba en materia penal”, según la Inddhh.
El tono de las recomendaciones y la fecha de su publicación, a veinte días del referéndum por la LUC, generaron una reacción en cadena del gobierno contra la Institución Nacional de Derechos Humanos. Las repercusiones continúan hasta hoy: a nivel legislativo la vicepresidenta Beatriz Argimón planteó estudiar cambios en el funcionamiento de la institución; y a nivel de Poder Ejecutivo fuentes del Ministerio del Interior aseguraron a Búsqueda que “el accionar politizado de la institución volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad”.
Dos días después de publicado el informe el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, lamentó en rueda de prensa “el tufillo electoral” del documento por “aparecer oportunamente haciéndose eco de una denuncia del gremio de defensores de oficio para entrar en un juego” antes del 27 de marzo. “Esperaba que la Institución Nacional de Derechos Humanos fuera más objetiva y neutral”, dijo el ministro.
También repitió críticas similares el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del ministerio, Santiago González, en un cuestionamiento a la institución que viene prácticamente desde el inicio de la administración. En agosto de 2020 Búsqueda informó del malestar en Interior por una resolución de la Institución de Derechos Humanos sobre un operativo policial ocurrido en Malvín Norte. Jorge Larrañaga respondió oficialmente al organismo señalándole falencias jurídicas en su comportamiento. “Si esta forma de actuación pretendiera ampararse en el artículo 20 de la Ley Nº 18.446 que le da carácter sumario, informal y reservada a la investigación de las denuncias ante la institución, desde ya adelantamos que consideramos esta disposición inconstitucional, así como otras contenidas en la referida ley, respecto de las cuales nuestros servicios jurídicos se encuentran estudiando las acciones a tomar”, dijo Larrañaga.
La posición del ministerio se apoyó en un análisis jurídico solicitado al abogado y profesor Juan Andrés Ramírez, según el cual la Ley 18.446 que creó la Inddhh viola la Constitución en diversas reglas y principios, por lo cual el Poder Ejecutivo puede plantear por vía de acción su inconstitucionalidad. Las fuentes consultadas por Búsqueda indicaron que el documento de Ramírez continúa “plenamente vigente” para el ministerio, que, en caso de considerarlo apropiado, tampoco descarta pedir la inconstitucionalidad de la institución por vía de excepción.
La Institución de Derechos Humanos fue creada para controlar a todos los poderes y organismos públicos al defender, promover y proteger los derechos humanos de las personas en su relación con el Estado, con el fin de que las leyes, las prácticas administrativas y políticas públicas se desarrollen en consonancia con estos derechos. Su comisión directiva está conformada por Juan Faroppa (presidente) y Mariana Blengio, Mariana Mota, María Josefina Plá y Wilder Tayler como directores.
A aquel roce con el Ministerio del Interior en 2020 se le sumaron las voces de otras autoridades del gobierno, descontentos con el informe sobre abusos policiales emitido por la Inddhh previo al referéndum. “Es una institución que hay que pensar y modificar de ser necesario. Creo que en los últimos días algunos de sus directores se han dedicado más a la política, han actuado más en virtud de su corazón partidario que en virtud de sus responsabilidades institucionales. Creo que es un error cuando prima la política partidaria porque es una institución que depende de todo el Parlamento”, dijo el 17 de marzo en rueda de prensa el ministro de Defensa Nacional, Javier García.
El mismo día y en el mismo lugar también se expresó el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto. “Creemos que claramente tiene un sesgo político, su accionar permanentemente busca un objetivo político y creo que ese no es el espíritu para el que fue creado. Es claro que hay que marcarle bien cuáles son sus cometidos y no permitir que se salga de ellos”, alertó.
También Argimón se pronunció en medio de la polémica al considerar que la Inddhh “intervino” en la campaña electoral del 27 de marzo. Superado el referéndum, la vicepresidenta recibió el lunes 4 en el Parlamento a Faroppa para conversar sobre el relacionamiento del organismo con el Poder Legislativo, su funcionamiento y el proceso para elegir en setiembre a los próximos integrantes de su directiva. En diálogo con la diaria, Faroppa dijo que el tono de la reunión fue bueno y que “en ningún momento se puso en tela de juicio la continuidad de la institución”.
