Inseguridad penitenciaria y las señales de apoyo a los reclusos violentos. En el reciente caso de la muerte de un recluso del Penal de Libertad, presuntamente a raíz de la intervención policial para neutralizar un motín que amenazaba generalizarse, el Ministerio del Interior optó por la más cómoda: utilizar al oficial policial director del INR (Instituto Nacional de Rehabilitación) como chivo expiatorio y subirse a caballo (para salvar su responsabilidad) de las temerarias y precipitadas acusaciones públicas del comisionado parlamentario Petit, dado que hay investigaciones internas y fiscales aún en curso, que no han concluido y determinado fehacientemente las responsabilidades penales de los funcionarios involucrados.
Petit invirtió la carga de la prueba: al policía se lo presume culpable y se lo expone al escarnio público, hasta que demuestre su inocencia. El recluso muerto, según Petit, “era un buen preso, que tenía un proyecto de vida para su próxima salida”.
Petit presionó públicamente al ministerio en este luctuoso hecho, que merecía otro tratamiento más sereno y maduro.
¿Tenía necesidad de realizar semejante acusación, en forma pública y generando más alarma de la ya existente?
Si Petit accedió a la pericia forense, lo que es inaceptable pues no posee atribuciones legales para investigar un delito, ¿por qué no la comunicó al director nacional del INR (que siempre lo apoyó) y al fiscal actuante, y sí solo al ministro Bonomi? ¿Cuál era su urgencia por tanta publicidad en un trágico hecho?
Más aún: Petit interfirió en las actividades investigativas del Fiscal, pretendiendo esclarecer el hecho antes que el mismo magistrado, provocando que este en cierta ocasión lo hiciera retirar del establecimiento penitenciario. Actuó claramente fuera de sus competencias y atribuciones, quién sabe por qué motivos.
El Ministerio del Interior, por su parte, oculta las inaceptables e inhumanas condiciones de trabajo de los explotados policías penitenciarios en los violentos centros superpoblados, sometidos a gran presión y riesgo constante, en notoria inferioridad numérica frente a los reclusos.
Efectivos de policía penitenciaria abusivamente explotados por el Estado, que los obliga a trabajar jornadas de más de 12 horas y hasta 18 en ocasiones, por la severa falta de personal de seguridad (problema de gestión agravado por la “Reforma”), y que es abandonado a la hora de enfrentar las crisis que sacuden al sistema, pues nadie los respalda en su accionar, ni asume responsabilidad por los hechos y el ministerio corta la piola por el lado más fino.
Y también se disimula la incapacidad u omisión de los “técnicos” que hizo ingresar esa secretaría de Estado (reemplazando a los de Criminología), a quienes corresponde clasificar debidamente a la población reclusa (por el perfil criminal, según compromiso delictivo, peligrosidad, etc.), evitando la perniciosa mezcla que actualmente se produce, entre presos de alta peligrosidad con otros que no lo son, como el occiso, que no debiera haber permanecido en esa unidad de máxima seguridad como Libertad, sino trasladado a otra unidad de mínima, para alojarse en etapa de preliberación.
Volvieron a repetir el trágico error evidenciado por el alojamiento en una misma celda, del extinto recluso Marcelo Roldán (alias el Pelado) con el psicópata V. Pereira.
Es de destacar que desde que está en marcha la mentada “reforma” del sistema penitenciario, para pasar a autoridades civiles y al Ministerio de Educación (un mayúsculo disparate en este contexto caótico), los aspectos de seguridad y disciplina vienen siendo dejados de lado y subestimados, por asumirse contrapuestos a la una utópica “rehabilitación” de aquellos internos muy violentos y difícilmente adaptables. La capacitación del personal nuevo se focaliza en derechos humanos e ignora la formación en seguridad penitenciaria y disciplina; e incluso se ha trasladado a mucho personal policial experimentado fuera de la órbita del INR por prejuicios ideológicos contra el personal policial.
Deben entender quienes juzgan desde los escritorios que en un motín la situación es muy dinámica y la espiral de la violencia trepa rápidamente; si no se actúa de forma inmediata y contundente desde el comienzo, para lo cual los policías tampoco tienen respaldo alguno (hay que pedir autorización al ministerio, sabiendo que no se otorgará), se corre el riesgo de su propagación generalizada al resto de los sectores carcelarios.
Hoy estos policías penitenciarios deben actuar por sí mismos, por mera necesidad de supervivencia, pero con la espada de Damocles de exponerse a denuncias por posible violación de derechos humanos de los reclusos, como si el grado de fuerza necesario para repeler la agresión motinera se pudiera medir fácilmente con una regla.
Los reclusos festejaron ruidosamente las declaraciones del comisionado Petit por todos los medios del Uruguay, todo un triunfo de los presos violentos.
Con esta reflexión no pretendo justificar la insólita omisión de asistencia del herido, ni un posible mal procedimiento de alguno de los pocos policías que, aislados, solos y sin orientación ni apoyo de ningún tipo, tuvieron que actuar tomando decisiones inmediatas para que no se generalizara un motín con consecuencias mucho más graves, sino llamar la atención acerca de que en situaciones de emergencia como esta siempre pueden ocurrir errores por la extrema rapidez con que ocurren los hechos de violencia colectiva, más la alta tensión y brutal desgaste del personal operativo allí desplegado. Esos efectivos actuantes quizás puedan interpretar erróneamente un luctuoso desenlace como este, por la lógica de los referidos hechos violentos, pero sin pretender distorsionar la realidad.
Es normal que aprovechando la confusión que rodea a estos disturbios, algunos reclusos atenten contra la vida de otros, e incluso algunos exageren maliciosamente la entidad de sus heridas, no siendo fácil definir cada caso individual, en medio de la confusión reinante al final del incidente. Los policías no son médicos ni tienen un forense diagnosticando en el lugar.
Por eso el incidente requiere de una investigación más completa y profunda, dirigida por el fiscal, con participación de Inteligencia Penitenciaria (que al parecer no actuó) y algún otro cuerpo policial investigativo externo, nombrado por el fiscal, con el tiempo suficiente para buscar y evaluar todos los indicios y testimonios recogidos, estándose finalmente a la resolución fiscal respectiva, que es a quien compete el rol de acusador público, y no al Sr. Comisionado Petit.
El peligro de estas precipitadas declaraciones del comisionado es, que lejos de contribuir a la necesaria pacificación, generan más desmoralización al personal policial, más pérdida de la casi inexistente seguridad, nada menos que en las unidades superpobladas y con alta conflictividad, lo que puede llevar al incremento de la de los ya asombrosos índices de violencia y homicidios, como nunca ha ocurrido en la historia del sistema penitenciario.
El Estado debe proteger los derechos humanos de todas las personas, no solo de los reclusos, aunque actualmente no sea “políticamente correcto” para el ministerio y el comisionado Petit.
Crio. Gral. (r) Enrique Navas
CI 1.258.024-2
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