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Río de Janeiro (Gerardo Lissardy, corresponsal para América Latina). Quiso el destino que las celebraciones de los 30 años de democracia en Argentina el martes 10 estuvieran empañadas por escenas de saqueos a comercios y violencia en las calles, con un saldo de al menos una docena de muertos y cientos de heridos. No es la primera vez en estas tres décadas que algo por el estilo ocurre en ese país: sucedió por ejemplo en 1989, al final del gobierno de Raúl Alfonsín, y en 2001 durante la grave crisis social y económica. De hecho, en lo que va de este siglo los saqueos se han vuelto frecuentes para los argentinos en diciembre. Pero esta vez el conflicto tiene características particulares, que marcan la hora más difícil para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
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El caos asomó a comienzos de mes en la provincia de Córdoba, con una huelga policial por mejoras salariales que convirtió a la segunda mayor ciudad del país en “tierra de nadie”: más de mil comercios fueron vaciados y destrozados en incidentes que dejaron un muerto. La situación se extendió rápidamente a 17 de las 23 provincias del país, en algunas de ellas con mayor gravedad. En la norteña Tucumán hubo cuatro muertos reportados, al igual que en el Chaco, la mayoría alcanzados por armas de fuego. Entre los 12 muertos registrados hasta el miércoles, había saqueadores, comerciantes y policías.
La presidenta Fernández aludió al tema mientras festejaba el aniversario del retorno de la democracia el martes en Plaza de Mayo. Negó que exista un efecto “contagio” del conflicto y aseguró en cambio que detrás de los hechos hay una “planificación” y una “instigación política”. Pero en una señal de la gravedad del momento, condenó “la extorsión a una sociedad por parte de aquellos que portan armas para defenderla”.
En procura de controlar la situación, el gobierno desplegó a la Gendarmería en distintos puntos del territorio y varias provincias negociaron acuerdos con los policías acuartelados, en algunos casos con promesas de subas salariales significativas. En Buenos Aires el aumento fue de casi el doble para evitar la huelga en la provincia más poblada del país. Sin embargo, en otros lugares el conflicto policial permanece abierto y, alentados por el ejemplo de los uniformados, los gremios de empleados estatales comienzan a exigir mejoras similares.
Muchos se preguntan entonces cómo evolucionará la situación en las próximas semanas, pero algunos advierten que los episodios de los últimos días ya enviaron mensajes preocupantes.
“Hay una sensación de una fragilidad o una falencia del Estado como institución”, dijo el sociólogo y consultor político argentino Manuel Mora y Araujo a Búsqueda. “Se puede interpretar de distintas maneras y es difícil juzgarlo en caliente, pero algo grave pasa: rebelión policial en todas las provincias, la Policía no responde a sus mandos (y) cuando el poder coercitivo del Estado es percibido como muy débil, demasiada gente está saliendo a saquear negocios y producir hechos delictivos. Es algo impresionante… Las consecuencias políticas todavía no las sabemos”.
Pero, ¿cómo llegó Argentina a esta situación?
¿Fin de año o año nuevo?
Además de la inseguridad provocada por la huelga policial, analistas independientes creen que los hechos de los últimos días han puesto en evidencia el nivel de deterioro económico y descontento social que vive Argentina.
Ante un déficit fiscal que equivale a cerca de cuatro puntos del PBI, en gran medida por los subsidios de servicios públicos y el pago de intereses de deuda, el gobierno de Fernández ha optado por financiarse mediante la emisión de dinero. Pero eso provocó devaluación e inflación —que sólo este mes podría superar el 4%— perjudicando especialmente a los sectores de menos recursos. A su vez, las compras financiadas con tarjetas de crédito han dejado de ser una posibilidad para muchos argentinos tras el incremento de la tasa de interés, lo que aumenta la frustración social.
“Lo que hay aquí es una combinación de políticas de largo plazo que han llegado a su fin, como por ejemplo la dinámica inflacionaria: desde 2006 llevamos siete años de inflación de dos dígitos”, señaló Sergio Berensztein, analista político argentino, en diálogo con Búsqueda. “Estamos llegando a una aceleración inflacionaria venezolana. Y esto genera una cantidad de conflictos sociales de todo tipo y pujas distributivas. Es una situación efectivamente límite, fruto de una irresponsabilidad enorme del gobierno nacional de financiarse por la vía inflacionaria. Hay una crisis bastante estructural”.
El director de la consultora Poliarquía sostuvo además que “la presidenta ha asfixiado a las provincias” para debilitar a los gobernadores antes de las elecciones legislativas de octubre y evitar el surgimiento de alguien que pudiera hacerle sombra en los comicios de 2015. Pero los resultados de las legislativas enterraron cualquier posibilidad de reelección de Fernández y ahora las provincias acusan los problemas financieros ocasionados por la falta de transferencias del gobierno nacional.
Esto ha afectado en particular a los empleados públicos provinciales, que sufren atrasos salariales. El impacto ha sido relativamente mayor en provincias como Salta o Tucumán, donde hay una sequía que golpea la producción y actividad privada.
Así las cosas, los aumentos salariales concedidos a la Policía por varios gobernadores bajo presión ahora podrían hacer que la conflictividad se extienda a otros gremios del sector público de las provincias como médicos, maestros o funcionarios de la salud. De hecho, ya están surgiendo reclamos en diferentes distritos. “Este año no termina con conflictos, sino que empezó con conflictos”, dijo Julio Fuentes, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), citado por el diario “Clarín”.
Cambalache
La sensación de que el gobierno de Fernández ha perdido poder tras las elecciones de octubre también parece haber contribuido a animar a los policías a lanzarse a la huelga y a los saqueadores a vaciar los comercios, sostienen los analistas.
Tras los comicios legislativos que le impidieron tener mayorías especiales en el Congreso y una cirugía craneal que la tuvo varios días convaleciente y apartada del cargo, Fernández realizó cambios en su equipo de gobierno. Designó como ministro de Economía a Axel Kicillof, un marxista declarado y hasta entonces subsecretario de la cartera, y como jefe de Gabinete a Jorge Capitanich, que era gobernador de Chaco. Ambos son considerados hábiles desde el punto de vista político, pero muchos creen que carecen del conocimiento y la autoridad necesaria para impulsar cambios consistentes en el rumbo económico.
En su discurso del martes, Fernández sugirió que en los saqueos hay “una instigación política de los que quieren ganar una elección hablando de seguridad”. Las palabras fueron interpretadas como un tiro por elevación para Sergio Massa, que en los comicios de octubre surgió como una posible alternativa de oposición tras prometer acciones de combate al crimen y la inflación.
Sin embargo, la presidenta también sugirió que los saqueos pueden responder al afán consumista de las fiestas, más que a necesidades básicas insatisfechas: “Siempre son en diciembre, parece que el contagio tiene fecha muy precisa”, comentó irónica.
En rigor, las imágenes de saqueadores llevándose ropa o grandes televisores LED y LCD se han repetido en estos días en Argentina. Pero también se vieron escenas dramáticas, por ejemplo en una distribuidora tucumana de la empresa láctea Sancor donde los empleados se enfrentaron violentamente con personas que robaban productos de la fábrica. En la provincia de Buenos Aires, donde no hubo huelga policial, la única muerte conocida por saqueos en los últimos días fue la de un comerciante chino que abrió fuego contra un grupo que intentaba vaciar su supermercado durante un apagón: los atacantes incendiaron el negocio y el dueño murió quemado.
De cualquier modo, hasta los saqueos de electrodomésticos o ropa pueden ser un reflejo de lo que ocurre en Argentina a nivel de los dirigentes, opinó Berensztein. “La corrupción que impera en el sector público en general, y la política en particular, ha generado un efecto demostración bastante perverso. Imagínese con un vicepresidente como el que tenemos, acusado de escándalos de corrupción increíbles, ¿cómo uno le dice a la gente que si no está la Policía no tiene que ir a robar? Porque la sensación es que hay una actitud depredatoria de la clase política, no solamente de este gobierno”, indicó. “No hay ejemplos moralmente claros que puedan servir para que la gente tenga otra clase de actitud”.
