Según escribió, en ese diario se expresaron “tendencias antagónicas y ellas no eran sino el resultado de la defensa de intereses opuestos, existentes de tanto tiempo atrás, entre las poblaciones de Buenos Aires y Montevideo”. Y calificó a esa polémica como “la primera en el orden cronológico de la gran controversia aun no cerrada definitivamente”.
En la década de 1920, Blanco Acevedo concluyó que la “lucha de puertos” tuvo mucha relación con el origen de la nacionalidad del país y hasta afirmó que por años ese enfrentamiento se extendió a toda la población de ambas ciudades y no sólo a los comerciantes involucrados. Décadas después, y ya con la nacionalidad de ambos pueblos constituida, el crecimiento del puerto de Montevideo fue trabado por las negociaciones políticas de los gobiernos de Uruguay y Argentina en torno al Canal Martín García.
La obra de profundización del canal de 32 a 34 pies lleva más de una década de vaivenes. Pero en una reunión entre Mujica y Fernández en 2010 se anunció la voluntad política de concretar la obra a la brevedad. Pese a eso, las delegaciones de ambos países en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) todavía no lograron aprobar un pliego para que las empresas precalificadas presenten una propuesta, lo que dejaría al canal en mejores condiciones para competir con el argentino canal Mitre.
En la última semana, las cancillerías de ambos países intercambiaron varios comunicados luego de que el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) publicara una auditoría en la que cuestiona la actuación de la delegación argentina en los últimos dos años por sus dilaciones, que según los miembros del órgano de contralor facilitó en los hechos la posición de la actual concesionaria Riovía (Búsqueda Nº1.672).
El tribunal también indicó que de las actas no surgen elementos para llevar a la Justicia el episodio relatado por el jefe de la delegación uruguaya en la CARP, Francisco Bustillo, relacionado con un encuentro con el diplomático argentino, Roberto García Moritán, en el que según afirma se le sugirió —aunque no se concretó— la posibilidad de obtener dinero si favorecía a la empresa Riovía. Sobre ese punto, los miembros del Tribunal sugieren a la Cancillería evaluar posibles derivaciones “penales”, luego de leer informes reservados que Bustillo envió a Almagro durante los últimos dos años y que no son públicos por su “sensibilidad”.
“No fue sencilla”.
El diálogo que mantuvieron ambos mandatarios “no fue sencillo”, reconoció una fuente del Poder Ejecutivo consultada por Búsqueda. Tras el encuentro en Brasilia, el presidente prefirió mantenerse en silencio y “callarse la boca” para evitar nuevas complicaciones. Eso fue acordado por ambos mandatarios en su charla. Además de ese compromiso, el presidente pidió a sus colaboradores evitar todo comentario sobre el tema hasta alcanzar un acuerdo.
Un día antes se reunieron de forma bilateral los cancilleres Timerman y Almagro. La reunión fue en tono “cordial”, según fuentes de la delegación argentina.
En los hechos, en la reunión de los presidentes no se logró una solución al diferendo. Sin embargo, existe “optimismo” en el gobierno de que la situación será “encaminada” en las próximas semanas.
En sus comunicaciones públicas de la última semana, Timerman y Almagro intercambiaron las posturas de sus países sobre el tema. En cinco comunicados, el canciller argentino solicitó primero al gobierno uruguayo que se saque “las dudas” que pueda tener en relación al proceso de negociación. Luego “suspendió” toda nueva negociación en torno al canal hasta que se aclare todo, aunque al día siguiente decidió mantener las negociaciones pero excluir a Riovía del proceso de concurso de precios para el mantenimiento del canal y de la licitación, cuyo pliego aún no fue firmado por Argentina.
Esa medida “unilateral” fue rechazada por Almagro, quien respondió en solo tres oportunidades y advirtió que las derivaciones que esa decisión pudiera implicar serían de responsabilidad exclusiva del gobierno argentino. Es que al ser Riovía una de las empresas precalificadas, el hecho de que se la excluya sin fundamento técnico les habilita a realizar un juicio a ambos países.
En los hechos, los comunicados de Argentina solicitan que se despeje toda “duda”, e intentan separarse de cualquier indicio de corrupción, en momentos en que existe en Argentina una denuncia presentada por dos diputados de oposición para que investigue el tema.
Según fuentes que consultó Búsqueda, en el gobierno advirtieron que con su accionar, e incluso con la decisión de excluir a Riovía, Argentina pretendió obtener “seguridad jurídica” sobre la negociación.
Varias fuentes consultadas advirtieron también que ha influido en la polémica la “política doméstica” de Argentina y, en particular, los eventuales intereses del secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, en Riovía, y su actual enfrentamiento con la presidenta Fernández de Kirchner.
“Quita su fuerza y bebe su sangre”.
“No puede Montevideo dedicarse a las reparaciones de sus necesidades, porque Buenos Aires, indolente de su mal y puerilmente atemorizado de sus progresos, absorbe su sustancia; quita su fuerza y bebe su sangre para engrosar su propio cuerpo, negando a la parte que lo sustenta, la retribución del beneficio que recibe”. La frase, recogida en el libro de Acevedo Blanco, fue escrita en 1799 por Francisco García de Zúñiga, Manuel Pérez e Ignacio Martínez, representantes de la ciudad y del comercio de Montevideo en un “memorial ante el Rey”. Se quejaban por cómo arrasaba “el Consulado de Buenos Aires con los caudales que le contribuye Montevideo”. Entre otras cosas, esta autoridad bonaerense cobraba varios impuestos —la “avería” y el “almojarifazgo”— “forzosos y arbitrarios” a las mercaderías entradas a Montevideo. Esos pasajes fueron recordados por el mandatario en los últimos días.
“Los proventos obtenidos por ese concepto como los demás, se destinaban en beneficio exclusivo de Buenos Aires, sin que el comercio de Montevideo recibiese ninguna utilidad”, se agrega en el texto.
Tiempo después y ante las demoras que complican la aprobación del pliego de licitación para profundizar el canal Martín García de 32 a 34 pies, se vuelve a aludir a la histórica “lucha de puertos” y hasta se hace referencia a que la Cancillería argentina no está interesada en que se logre mejorar el canal, competidor directo del Canal Mitre. Así quedó plasmado en la investigación que llevó a cabo el Tribunal de Cuentas, que recogió la opinión del embajador Bustillo.
La diferencia de profundidad entre ambos canales afecta la actividad del puerto de Nueva Palmira y el negocio de los productores uruguayos. Según dijo a Búsqueda el capitán del puerto, Flavio Castro, las terminales del puerto permiten cargar hasta 50.000 toneladas en los buques Panamax de quinta generación. Pero no pueden salir de la terminal con ese tonelaje por la escasa profundidad actual del canal Martín García.
Para salir por el Martín García, los productores se pierden de cargar en esos buques entre 7.000 y 9.000 toneladas de mercadería, por lo que completan su bodega en puertos de Brasil o Argentina.
“¿Quién protege a Riovía?”
Tras fijar la posición uruguaya, la Cancillería decidió durante el fin de semana dejar de contestar los comunicados argentinos, si bien estos continuaron durante el fin de semana.
El sábado 28, Timerman emitió un texto en el que asegura que “la Cancillería argentina lamenta que la República Oriental del Uruguay no acompañe a la Argentina en dicha decisión (de “excluir” a la empresa Boskalis/Riovía de todo trabajo en el canal Martín García) y por el contrario avale la continuidad de Riovía anunciando que la exclusión generaría supuestas acciones legales de la empresa señalada”.
Ese día, el representante legal de la empresa, Máximo Fonrouge, informó al diario argentino “La Nación” que evaluará un posible juicio en el caso de que la empresa sea excluida y negó “que haya existido cualquier intento de soborno”.
Al día siguiente, el domingo 29, la misma Cancillería emitió un comunicado denominado “¿Quién protege a Riovía?”, en el que aseguró que Argentina “no ha logrado la colaboración de Uruguay para dilucidar responsabilidades en los supuestos actos impropios denunciados por su Tribunal de Cuentas basado en documentación secreta que la Argentina no ha logrado acceder”.
En ese contexto, el lunes 30 ambas delegaciones en la CARP recibieron los sobres con las propuestas de las cuatro empresas precalificadas para realizar el mantenimiento del canal una vez que se culmine la prórroga del contrato con Riovía. Allí Argentina mantuvo su postura de excluir a la actual concesionaria, pero Uruguay dejó constancia en actas de que actuará “conforme a derecho”. Una vez analizadas las propuestas técnicas, se estudiarán las económicas y se elegirá a la que ofrezca un mejor precio.
