“En los últimos dos veranos la fiscalización disminuyó, debido a la sequía instalada que perjudicó la implantación de los cultivos”, y “se priorizó la evaluación (al no haber lluvias no está el principal factor erosivo del Uruguay) y la fiscalización de los planes de uso y manejo de suelos y aguas (riego)”, dijo a Agro de Búsqueda el director de Recursos Naturales, Martín Mattos.
Señaló que “en los dos inviernos pasados por la teledetección (con dos drones de apoyo) el cumplimiento de la normativa fue elevado, a más de 95%, y sumando el efecto de la seca no justificó la fiscalización a campo”.
“Entre 2021 y 2022 se fiscalizaron unas 100.000 hectáreas” en la zafra de cultivos de invierno y se detectaron “pocos casos de apartamiento de la normativa” legal de suelos, sostuvo.
El jerarca destacó que las multas representan un monto equivalente a 2,5 Unidades Reajustables ($ 4.292), que se aplican calculando la extensión de hectáreas del campo que comprende la infracción detectada, sea esta muy grave, grave o leve.
El productor debe saber que para el cálculo de la multa “se multiplica por la cantidad de hectáreas”, advirtió.
Lo primero que se fiscaliza es el plan de uso y manejo de suelos, que comprende a todos los predios de 50 o más hectáreas, y se denomina omiso si no se presentó. Luego se controla si hay cumplimiento del plan, en cuanto a qué cultivo estaba previsto realizar en el campo, y en caso de haber una modificación debe ser informada al MGAP. Un tercer punto está vinculado con la verificación de prácticas inadecuadas en la explotación de los predios, como el laboreo a favor de las pendientes del suelo, dejar descubierto el terreno, mal dimensionamiento de desagües, falta de nivelación, entre otros.
Sobre la disminución de las multas y apercibimientos en años recientes, Mattos argumentó que primero incidió la pandemia Covid-19, que se notó en los datos de 2021 y 2022, y luego impactó el déficit hídrico que generó pérdidas de cultivos agrícolas.
La política de los planes de suelos comenzó con un proyecto piloto en 2013 y luego de cinco años de vigencia, mediante una resolución de 2018, el MGAP dispuso la obligatoriedad de la presentación de planes de uso y manejo responsable del suelo a los productores que realizan 50 o más hectáreas de todo tipo de cultivos, de las rotaciones agrícolas o agrícola-ganaderas, independientemente de cuál sea su destino, y para las pasturas sembradas que requieran la aplicación de algún tipo de laboreo mecánico para su implantación.
Resolvió además definir la rotación como la alternancia de cultivos o cultivos y pasturas, la cual tiene un carácter cíclico, lo que significa que una vez que se llega al último componente de la rotación, este es seguido por el primero.
Dentro de las rotaciones se recomienda no realizar la práctica conocida como monocultivo, entendida como la instalación del mismo cultivo todos los años en el mismo lugar (chacra) y en la misma estación de crecimiento, indica la norma en cuestión.
Durante los primeros años de dicha política, antes de 2018, los planes comprendían a los predios de 100 hectáreas o más. Al ampliarse el espectro de alcance de la medida, y con la difusión de la misma en el agro local, la cantidad de planes pasó de 8.126 en 2013 a 22.600 en 2024. El número de empresas se incrementó de 2.283 a 4.119 en esos años, y la extensión de hectáreas comprendida aumentó de 805.701 a 1.818.599, según datos de la DGRN.
Mattos se refirió a la importancia que tuvo la decisión de bajar a 50 hectáreas o más el alcance de la política de suelos, considerando que algunos productores jugaban con ese margen entre 50 y menos de 100 hectáreas para eludir el cumplimiento de la medida.
Aludió igualmente en ese sentido la expansión de la agricultura en predios de extensiones menores en la región sur del campo uruguayo, principalmente en los departamentos de Florida y Canelones, entre otros.
Si bien esas zonas son tradicionalmente agrícolas, porque en otras décadas hubo cultivos de trigo, remolacha y otras plantaciones, en los últimos años se incrementó el área destinada a producir soja y otros granos que generan una mayor rentabilidad, incluso como actividad complementaria con otros rubros, como el ganadero o el arrocero.
Proceso de monitoreo
En cuanto al monitoreo y fiscalización del cumplimiento de la normativa de planes de uso de suelos, en el MGAP en 2020 revisaron 8.000 planes a gabinete. En base a los errores identificados se desarrollaron talleres para técnicos, presentó la nueva DGRN y sus lineamientos en relación a la conservación de suelos.
Respecto a los planes de uso y manejo de suelos en la lechería, esa unidad ejecutora indicó que en 2020, cuando asumió la actual administración, el 56% de los productores fiscalizados regularizó o inició el proceso para regularizar su situación.
En la cuenca del río Santa Lucía había 1.184 tamberos registrados, de los cuales 680 tenían planes de suelos, 236 eran casos omisos y potenciales fiscalizados y 116 eran omisos con expedientes iniciados.
En 2021, en continuidad con la función de monitoreo y fiscalización, al cierre de la campaña de control para la cual se definió fiscalizar 883 chacras (área de 59.729 hectáreas), los resultados reportaron la fiscalización a campo de 370 chacras, de las cuales 90 incumplen con las normas de planes de suelos, lo que representa el 24% del total, según los datos oficiales.
En 2022 la DGRN realizó una convocatoria para la mejora de la calidad de agua de la cuenca del río Santa Lucía, publicó una cartilla de buenas prácticas en gestión ambiental para el universo de productores de menos o igual a 50 vacas en ordeño, remitentes y no remitentes (queseros), y continuó con cursos y jornadas de capacitación sobre los planes de suelos.
En ese año la cantidad de expedientes de planes no presentados que regularizaron y se archivaron fueron 42 y los expedientes de fiscalización respecto a planes no presentados, incumplidos y malas prácticas fueron cuatro, según se informó.
También se consignó que en 2023 se realizó un taller sobre conservación de recursos naturales, en el marco del día de la mujer rural, y se le dio un nuevo impulso en la difusión de la convocatoria de mejora ambiental para tambos de la cuenca del río Santa Lucía, además de concretar reuniones con gremiales de productores.
Cartografía
Por otra parte, en la actual administración la DNRN fijó entre sus prioridades la actualización de la cartografía de suelos para atender su programa nacional de conservación de suelos, como base para los lineamientos de uso, manejo y conservación de suelos. Para cumplir con el mismo ha definido que la cartografía debe ser publicada a una escala mayor que la definida en 1982 (llevando la misma a una escala 1:40.000) y las unidades de mapeo definidas al nivel de series.
La elección de la escala y el nivel taxonómico elegido ha determinado la necesidad de realizar ajustes al sistema de clasificación vigente, que permita que las unidades taxonómicas utilizadas en la definición de las unidades cartográficas, cumplan con el objetivo de servir de base para la aplicación de tecnologías modernas a nivel de la agricultura, según información del MGAP.
Para cumplir con el objetivo planteado se está elaborando una carta de reconocimiento detallado de suelos del Uruguay a escala 1:40.000, que no solo servirá de apoyo al Programa Nacional de Manejo y Conservación de Suelos, sino también a los esfuerzos por manejar y conservar en forma racional y productiva otros recursos como el agua, las pasturas naturales y el monte nativo, y así estar mejor preparados para enfrentar los desafíos del cambio climático.
Indican que el producto es también una herramienta valiosa para los productores agropecuarios privados, para la planificación y manejo de sus emprendimientos.
