Necesaria reforma

La reforma constitucional, plebiscitada conjuntamente con la elección nacional, dispuso que si los aportes al sistema no fuesen suficientes para cubrir el presupuesto del Banco de Previsión Social, el Estado debería equilibrar las finanzas del BPS mediante la asistencia a cargo de Rentas Generales.

El nuevo sistema fijó un mínimo de 60 años de edad y 30 de aportes registrados para acceder a la pasividad. Habilitó la creación de las AFAP, administradoras de cuentas personales de ahorro previsional, manteniendo un pilar mínimo “solidario” a cargo del BPS para asegurar a los trabajadores de menores recursos una pasividad mínima.

Al tiempo de sancionar dicha ley, el gobierno asumió el compromiso de reformar basándose en criterios similares las Cajas Policial y Militar y las paraestatales (Bancaria, Notarial y Profesional). Dicho compromiso fue reiterado una y otra vez en los acuerdos alcanzados por los dos últimos gobiernos colorados con el Fondo Monetario Internacional. Pero no pasó de una declaración de intenciones entre tantas otras prioridades políticas o económicas del país.

Dificultades financieras inmediatas o potenciales en las paraestatales y en la Policial determinaron, bajo gobiernos del Frente Amplio, reformas en sus regímenes jubilatorios, para lo cual, sin perjuicio de reconocer sus particularidades, dichos ajustes siguieron criterios del régimen general del BPS.

Los gobiernos de Vázquez y de Mujica mantuvieron el compromiso de reformar el altamente deficitario Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, pero en esta década de gobiernos frenteamplistas de mayoría legislativa poco o nada se avanzó en ello.

Ahora, voceros de la actual administración anuncian la intención de pasar de las declaraciones a los hechos. Un borrador concebido en el Ministerio de Economía ha sido remitido en consulta al Ministerio de Defensa a fin de obtener una primera tanda de comentarios y abrir así un debate en los primeros meses del año próximo.

Desde siempre, la Caja Militar ha sido deficitaria por el particularísimo régimen del servicio, por las condiciones a través de las cuales sus miembros acceden a la pasividad amén del cómputo de beneficios complementarios. Pero además, porque la relación activo-pasivo es muy negativa. Los aportes que efectúan 23.000 activos apenas cubren 20% del total de unas 48.000 pasividades que se sirven.

Como consecuencia de ello, según fuentes del Ministerio de Economía, el Estado debe asistir al sistema con la nada despreciable cifra de U$S 400 millones. El año pasado, Economía autorizó una partida para dicha Caja de U$S 344 millones, según consignó Búsqueda semanas atrás.

Se trata de un sacrificio excesivo que se les exige año a año a los contribuyentes, recursos que, por otra parte, les son retaceados a las necesarias obras de infraestructura, a la educación, a la salud pública, etc.

La iniciativa del gobierno, su decisión de abocarse ya a reformar el régimen de pasividades militares, despertó, previsiblemente, la reacción del estamento castrense. En conocimiento del anteproyecto que Economía pasó a Defensa, el jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, lo consideró “inaceptable”. Se trata de un “documento infundado” que demuestra un “profundo desconocimiento de la estructura militar”, sostuvo Manini en un texto que hizo circular entre los oficiales del servicio a su cargo, según consignó “El País” semanas atrás.

El presidente del Centro Militar, coronel (r) Carlos Silva, justificó la excepcionalidad de las normas que rigen desde hace décadas el retiro de los militares. En recientes declaraciones a “Brecha” recordó que los militares “estamos a la orden todos los días del año, no nos pagan nocturnidad, salario vacacional ni horas extras. Y no podemos tener un soldado de 60 años en ejercicios de guerra. Yo me pregunto si algún otro funcionario público soportaría esto y el riesgo de sanciones por parte de la Justicia Militar”.

La iniciativa del gobierno propone aumentar de 20 a 30 años de servicio para el retiro voluntario del personal superior; deja de computar los años de educación como parte del mínimo requerido en servicio; eleva la edad de retiro obligatorio de los oficiales, en ningún caso menor a 53 años; modifica también las condiciones para acceder a retiros por incapacidad. Cambia, asimismo, el criterio de fijación del monto de la jubilación. En vez de percibir el 100% del sueldo del grado inmediato superior, como ocurre actualmente, la pasividad se determinará por el mejor promedio de ingresos de los cinco mejores años o de los últimos cinco.

El anteproyecto de Economía propone que las nuevas normas se apliquen a quienes tengan menos de 40 años en forma escalonada hasta 2024 para no afectar los derechos adquiridos de los ya retirados ni los de quienes se encuentran próximos al retiro. Se trata, por tanto, de una reforma que no tiene efectos inmediatos y cuyos beneficios se apreciarán seguramente a partir del próximo gobierno.

Es cierto que el servicio militar somete a condiciones de trabajo y a normas disciplinarias que son, a la vez que estrictas, excepcionales; que no tienen punto de comparación con las condiciones en que se prestan otras actividades públicas o privadas. Aun sin dejar de reconocer dicha excepcionalidad, es evidente que el régimen jubilatorio de los militares requiere una necesaria actualización. Una actualización que contemple razonablemente el interés particular de quienes abrazan la carrera de las armas, pero que no ignore el enorme sacrificio que, vía impuestos, el sistema de retiro castrense le impone al resto de la sociedad. Será una negociación que habrá que encarar sin subterfugios, prejuicios ideológicos o resentimientos. En la que deberá primar, como corresponde, el interés general.