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En el pilar de ahorro individual surgido en 1996 hay dos etapas y actores: una primera en la que el trabajador hace sus aportes a una de las cuatro administradoras de fondos previsionales (AFAP), que se encargan de invertir ese dinero durante toda su vida laboral. La otra, cuando la persona se jubila y empieza a cobrar una renta vitalicia —hoy, en promedio, es de unos $ 7.300 mensuales— que solamente ofrece el Banco de Seguros del Estado (BSE), pese a que es un mercado abierto a la competencia. Según José Amorín Batlle, presidente del BSE, esa situación de monopolio de hecho se mantendrá al menos en los próximos años. Las compañías privadas, por su lado, señalan que todavía persisten “problemas” de diseño que las desestimula.
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Dado que las AFAP fueron incorporando cada vez más afiliados —hoy 1,5 millones— y que en los años recientes empezó a aumentar el número de quienes alcanzan la edad para jubilarse, el negocio de la renta vitalicia llega a representar hoy cerca de 60% de la actividad total del BSE. En setiembre pasado se pagaban unas 87.000 prestaciones —mayormente jubilaciones— por este pilar.
“Este es un negocio que está abierto a la competencia, pero las aseguradoras privadas todavía no han querido entrar. Hoy está solo el Banco de Seguros del Estado. En realidad, no han querido entrar porque el negocio no era bueno; parece bastante claro: si el negocio es bueno, entran todos”, reflexionó Amorín Batlle al comparecer el miércoles 15 en la comisión especial de Diputados que trata la reforma jubilatoria.
Agregó que si bien a su entender “está superado” el problema que había con el descalce de monedas para el sector asegurador —al aparecer títulos en Unidades Previsionales (UP) que “calzan” con las obligaciones que asumen al pagar rentas vitalicias, se ajustan por el Índice Medio de Salarios (IMS) —, las compañías aseguradoras privadas siguen sin mostrar interés, aunque por otras razones. “En general, las privadas que pueden entrar son multinacionales. Ninguna aseguradora chiquita uruguaya va a entrar. Estos son negocios grandes”, que exigen reservas de US$ 5.000 millones, explicó ante la pregunta de los legisladores. “Las multinacionales ven la región; no miran solo a Uruguay, sino la región. Y ven lo que pasó en Argentina, aunque allí capaz que es costumbre que pasen cosas extrañas; y cuando ven lo que pasó en Chile y advierten que el sistema empezó a flaquear y que se permitió que la gente retirara parte de lo que estaba ahí, las multinacionales dicen: ´Vamos a esperar un poco más, a ver si en Uruguay se asegura este camino´. A mí me parece que es más eso que los otros temas”, analizó.
“No es que la ley (de reforma jubilatoria) esté desesperada por que entren. Nosotros no tenemos problema en competir y donde competimos tenemos éxito. En un tema mucho más pensado, como este, la gente confía en el Estado. (…) Pero no creo que suceda en el corto plazo; no creo que yo, desde la Presidencia del Banco, vea esa competencia, y el que me siga, tampoco”, añadió, aclarando que esa es su visión personal.
En “cancha” del Ejecutivo
El director ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea), Alejandro Veiroj, había dado el punto de vista de las privadas cuando compareció un par de días antes en la comisión legislativa.
“Que una compañía de seguros que participa en esto puede tener un riesgo muy elevado de activos y pasivos a muy largo plazo en unidades diferentes, y eso es un riesgo desproporcionado que las compañías de seguros no están dispuestas a tomar porque no hay forma de gestionarlo adecuadamente en forma profesional. Este es el problema principal” para que las compañías privadas no estén desde hace años en el negocio de la renta previsional.
El ejecutivo contó que tiempo atrás, en una reunión con el director y un asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en la que también participó el redactor principal de la reforma jubilatoria, Rodolfo Saldain, se propuso “la posibilidad de crear el swap de moneda” entre el IPC y el IMS. Según Veiroj, ahora “el tema está en la cancha del Poder Ejecutivo”, aunque interpretó que no es la “prioridad número uno; la prioridad número uno era resolver problemas más estructurales que tiene el sistema de seguridad social”.
Para el directivo de la Audea, “obviamente, una solución por la vía de un incremento en las emisiones en Unidades Previsionales sería inviable porque requeriría emisiones en UP de montos muy elevados”, con lo cual la solución “más adecuada” sería el mecanismo de swap.
La idea de que el gobierno ofreciera un swap de monedas había sido mencionada, junto a otras, en un análisis del Centro de Estudio de la Realidad Económica y Social (Ceres) publicado en 2021. El mercado de la renta vitalicia con el BSE como único oferente es “una bomba que crece día a día y cada vez más rápido, en la medida que la gente se jubila por las AFAP”, advirtió entonces a Búsqueda su director académico, Ignacio Munyo.
