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Alejandro Novo repartía productos avícolas en su camioneta por Barros Blancos, en una tarde del verano de 2009, cuando dos hombres se acercaron a robarle el dinero que había ganado ese día. La rapiña derivó en su asesinato de varios disparos. Los delincuentes se fugaron y a partir de ese crimen comenzó un largo periplo policial. La madre de Novo, Graciela Barrera, creó la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, que se enfocó en el apoyo de las familias de los afectados por crímenes. Desde ese lugar, se promovió la ley que en 2012 creó la pensión a las víctimas de delitos violentos, a cargo del Banco de Previsión Social (BPS), de seis Bases de Prestaciones y Contribuciones ($ 33.960, actualmente).
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Hubo otras medidas más recientes. “Como mamá de una víctima he sufrido muchísimo y sufriré muchísimo hasta el último de mis días. Es por eso que trabajo para que otras personas no sufran lo que sufrimos nosotros”, dijo Barrera al visitar la comisión especial que analizó la Ley de Urgente Consideración (LUC) en el Senado, en mayo de 2020. Esa norma, el primer buque insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou, estableció un cupo del 2% de las vacantes que se produzcan en el sector público para las víctimas de los delitos violentos —un beneficio reglamentado en abril 2021— y dispuso que al menos el 1% de los lugares en cursos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) deben destinarse a ellas.
Sin embargo, en las más de 1.300 vacantes que se produjeron durante 2021 y 2022 en el Estado, ninguna fue ocupada por una víctima de un delito violento, que según la LUC son la pareja de una persona muerta en un homicidio, sus hijos o los padres en caso de que el asesinado sea menor de edad o dependiera económicamente de ellos. Además, la ley incluye a quienes fueron víctimas de violaciones, secuestros, “lesiones gravísimas” y trata de personas.
El asesor jurídico de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, Juan Williman, dijo en el Parlamento que el cupo de 2% de las vacantes fue un cambio que “dignifica” a las víctimas. “No solo estamos hablando de una pensión, sino también de la oportunidad de que trabaje y genere una remuneración por su trabajo, pero como consecuencia de haber sido víctima de un delito. Ese porcentaje es fundamental para nosotros, como el que da Inefop”, dijo el abogado.
Falta de “implementación”.
Desde que se reglamentó ese artículo de la LUC, todos los organismos públicos están obligados a completar un 2% de vacantes con personas víctimas de delitos violentos. Sin embargo, pese a que existe ese mandato, de las 685 vacantes generadas durante 2022 ninguna fue cubierta en el marco del cupo. Lo mismo sucedió durante 2021, cuando se produjeron 651 vacantes, pero tampoco hubo ingresos de personas víctimas de delitos violentos. Los datos surgen de la información de la Oficina Nacional de Servicio Civil entregada a fin del mes pasado al Parlamento con el proyecto de Rendición de Cuentas.
En 2021 el cupo fue de 10 y en 2022 era de nueve víctimas de delitos violentos.
En el primer año de implementación, los organismos no realizaron llamados para cubrir estas cuotas que estableció la LUC. En 2022, en tanto, no hubo llamados a víctimas de delitos violentos entre los que gestionó Uruguay Concursa.
“Hay normas que son de disposición inmediata y hay otras que son más programáticas, que disponen de algo que necesita una implementación”, opinó Williman al ser consultado por Búsqueda por estos resultados. Otro motivo del no uso de los cupos es que la posibilidad no ha tenido suficiente “difusión interna”, interpretó.
Se trata del “incumplimiento” de una “obligación del Estado que se puso él mismo”, agregó el abogado.
Durante décadas, las normas sobre homicidios establecieron penas para los asesinos; el entorno no importaba. La Ley de Humanización Carcelaria, aprobada en 2005, incluyó que se tenga en cuenta a las víctimas y sus familiares. Creó un centro para su acompañamiento que luego, con el nuevo Código del Proceso Penal, se institucionalizó en la Unidad de Víctimas y Testigos.
Con la ley de 2012, se empezaron a incorporar en la legislación las partidas para los familiares de las víctimas como reparación económica que intentaba paliar posibles daños emocionales. Hasta fines del 2021, había 183 personas que cobraban pensiones para víctimas de delitos violentos y 162 que recibieron una partida similar, destinada a los hijos de fallecidos por violencia doméstica, según datos del BPS.
Otros colectivos.
La obligación de destinar un 2% de las vacantes que se generen en el Estado a las víctimas de delitos violentos es la más reciente de una formulación que se aplica para otras poblaciones históricamente relegadas. Las personas con discapacidad, los afrodescendientes y los transexuales tienen reservados sus cupos para ingresar a organismos públicos. Pero también en estos casos el Estado incumplió con el mandato.
Entre estos colectivos, los afrodescendientes son los que más ingresaron al Estado. La normativa reserva el 8% de las vacantes a esta población, pero entró el 1,8% del total en 2022. Fueron 440 los nuevos funcionarios y solo seis oficinas públicas cumplieron con el porcentaje.
El cupo para los afrodescendientes rige a partir de 2014. Desde entonces, ingresaron 2.993 personas en 52 organismos y en 14 personas jurídicas regidas por el derecho público no estatal.
Para las personas con discapacidad, la legislación reserva el 4% de las vacantes, pero sus ingresos fueron el 0,7% en 2022. Hubo 33, cuando debieron incorporarse 180.
Quienes tienen dificultades psíquicas e intelectuales y de audición son las más representativas entre las vacantes cubiertas el año pasado. Desde el 2000 el Estado incorporó a 816 personas con discapacidades entre cargos presupuestados y permanentes.
La “ley trans”, aprobada en el último gobierno del Frente Amplio, estableció que el 1% de los cupos deben ser ocupados por personas de ese colectivo. En 2022, el porcentaje no se cumplió: comenzaron a trabajar 20 trans (0,08%) cuando debieron ser 251.
Desde que está vigente la ley, en 2018, hasta fines del 2022 ingresaron 44 personas trans en 14 organismos públicos y dos institutos paraestatales.
