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El gobierno de Luis Lacalle Pou se ha convertido en la gran esperanza para los liberales de la región. El mal que padecen la mayoría de los países del área lo convierte, más que en un consuelo de tontos, en el último de los mástiles donde atarse para no ser arrastrados por las corrientes populistas y todas esas yerbas tan paralizantes del crecimiento y bienestar de los países. Ni siquiera han despertado grandes alarmas las referencias que se han hecho —más que nada de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, contagiando al presidente— al cuestionado economista inglés John Keynes. Basta mirar algunas publicaciones de defensores de la liberalidad económica y social, sea en la plataforma que sea, para entender la búsqueda desesperada de un héroe político.
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El manejo de la pandemia respetando la libertad de los ciudadanos sin recurrir al abuso de poder que implica la obligatoriedad, se ve como un punto alto de su gestión. Y no hay duda de que lo es. Creemos que ese fue un gran desafío, casi a contracorriente, que el presidente cargó sobre sus hombros con una convicción que justifica el beneplácito de los observadores, y de los liberales en especial.
Ahora, con la aprobación y promulgación de la LUC (Ley de Urgente Consideración), el gobierno da algunos otros pasos en ese sentido, pero también cae en trampas propias de nuestra cultura socialista y batllista. Merece destacarse el tratamiento que da al tema de la seguridad en plan de no temblarle el pulso a la hora de enfrentar una realidad que pone en peligro todo lo que nuestro país quiere ser. Pero también hay que señalar lo poco que resistió en el texto de la ley la desmonopolización de la exportación y refinación de los hidrocarburos. Era quizás la señal más fuerte hacia el liberalismo que mostraba el anteproyecto y no pasó la prueba.
En cuanto a las relaciones laborales, es el camino obvio la reglamentación indirecta de la huelga, protegiendo tanto al huelguista como al no huelguista, y como corolario se establece la derogación del decreto que regula las ocupaciones. Otra obviedad es la flexibilización (un paso tímido) de la Ley de Bancarización. Solo tenía sentido para una parte del gobierno anterior que apuntaba a un hipercontrol casi mesiánico.
Una reforma liberal en estos rubros sería una mayor flexibilidad laboral, que le daría riqueza y dinámica al mercado del trabajo y mejoraría seguramente el nivel de la ocupación. Además, abriría puertas a un mayor juego de nuevos proyectos innovadores. En pocas palabras: eliminaría buena parte de los miedos a contratar empleados. Pero no aparece en la agenda.
Un párrafo aparte merece la creación del Ministerio de Medio Ambiente. Si tomáramos en cuenta solo esto, deberíamos bajar al gobierno del pedestal liberal en el que muchos lo pretenden poner. Hace un par de semanas hablamos en esta página de los almuerzos gratis a los que se refería Milton Friedman, apuntando a las muchas oficinas del Estado que no resistirían un mínimo control de calidad para justificar su existencia. Esto que hace el gobierno es haber elegido el restaurante más caro del mundo. Además, lo hace a partir de una colcha de retazos con oficinas ya existentes, que esperemos sean evaluadas, antes de darle la pista libre en un ministerio. El camino era otro: apostar al apoyo de los esfuerzos privados con verdadera vocación ambientalista, como ONG, empresas B y otros valiosos emprendimientos que existen y no significan una mayor carga para el contribuyente. Pero otra vez primó la visión estatista de que habrá un ministro santo patrono del ambientalismo que dirigirá el barco, por encima de vocacionales privados que ponen sus propios intereses en juego.
Dijo Albert Einstein: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Entendemos que el liberalismo de la región busca un referente efectivo —como lo está siendo Lacalle en materia sanitaria—, pero no nos apresuremos. También debemos esperar el resultado de la LUC. La esperanza que da este gobierno es clara, pero ni tanto ni tan poco.
