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Por filtraciones en el caso Cardama, el Ministerio de Defensa extremará medidas para resguardar información
La ministra, Sandra Lazo, cerró una investigación interna que buscó determinar si algún funcionario divulgó datos secretos sobre la construcción de los buques
La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, durante una interpelación por Cardama realizada en diciembre en el Parlamento.
El Ministerio de Defensa Nacional buscará reforzar los mecanismos de control de documentación considerada estratégica, tras la difusión de información reservada vinculada a la construcción de una patrulla oceánica por parte del astillero español Cardama. El episodio derivó en una investigación administrativa que finalmente no encontró responsables.
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Iniciada el 20 de agosto, intentó comprobar si algún funcionario del Ministerio de Defensa Nacional incumplió con el deber de guardar el secreto profesional militar y la debida reserva respecto a las actividades de contralor del proceso de fabricación del buque.
En mayo del año pasado, el ministerio ordenó una inspección formal al astillero de Cardama ubicado en la ciudad de Vigo, España. A cargo estuvieron dos capitanes de navío de la Armada Nacional, Héctor Cardozo e Ismael González, quienes viajaron en misión oficial para reportar a Montevideo los avances y posibles problemas en la construcción del primero de los dos barcos que en 2023 se encargaron a Cardama por 82 millones de euros. “Dicha misión es de gran importancia para el país, dado que las tareas y funciones que se llevarán a cabo adelante durante todo el proceso de construcción, son de un alto grado de responsabilidad, por lo que se designó a oficiales con cierta experiencia en este tipo de trabajos”, informó oficialmente en aquel momento el gobierno.
Cardama-Faro-de-Vigo
Dos inspectores de la Armada Nacional monitorearon la construcción del buque en el astillero de Cardama.
José Lores/Faro de Vigo
La inspección comunicó al Ministerio de Defensa Nacional que Cardama presentaba irregularidades en permisos y habilitaciones, la certificación de avances, planos de construcción y diseños. De algunas de esas conclusiones informaron a partir del mes de julio distintos medios de comunicación y portales especializados en temas marítimos.
“Ha sido imposible determinar el origen de la filtración de la prensa de la información reservada vinculada con el astillero Cardama y la construcción de las patrullas oceánicas”, concluyó la investigación administrativa, según un documento al que accedió Búsqueda. “No existiendo ningún elemento que permita objetar o cuestionar la veracidad de los testimonios aportados en la presente investigación, no es posible imputar responsabilidad a funcionario alguno por entregar o filtrar información a la prensa vinculada a este asunto”, añade.
Concluye que, a pesar de no lograr determinar el origen de la filtración, sí puede concluirse que “diversos factores vinculados con la clasificación y el manejo de esta información” —clasificada genéricamente dentro del ministerio como de carácter reservado— “pudieron coadyuvar en el resultado final no deseado, debiendo en similares instancias extremarse las medidas para evitar la filtración o fuga de información sensible o reservada”.
La Armada, en busca de nuevos barcos
La semana pasada el gobierno anunció, en una conferencia de prensa encabezada por el presidente, Yamandú Orsi, que rescindirá el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de las dos patrullas oceánicas, denominadas OPV por sus siglas en inglés. Orsi se refirió a “incumplimientos graves”, en términos similares a otra conferencia de prensa, realizada en la Torre Ejecutiva en octubre, en la cual mencionó “fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado uruguayo” y el comienzo de acciones administrativas, civiles y penales.
Además de un posible litigio internacional, en el plano político el tema será abordado en el Parlamento, donde oficialismo y oposición pretenden instalar dos comisiones investigadoras distintas: el Partido Nacional, para conocer los motivos y las estrategias detrás de lo que entienden como una equivocada decisión del gobierno, y el Frente Amplio, para determinar cómo fue la actuación de la administración anterior al contratar directamente a Cardama.
Yamandú Orsi junto al comandante en jefe de la Armada Nacional, José Luis Elizondo.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
Las dudas sobre el astillero español estaban en el oficialismo desde antes de que Orsi asumiera la Presidencia en marzo de 2025. La ministra Lazo planteó reparos públicos antes y después de ser nombrada en el cargo, sancionó a algunos oficiales por su actuación en parte del proceso y evitó reunirse con el propietario de la empresa, Mario Cardama. De todas formas sí autorizó la liberación de un pago al astillero por 12,3 millones de euro.
Los buques, conocidos técnicamente como offshore patrol vessel (OPV), fueron la prioridad de equipamiento que el gobierno de Luis Lacalle Pou estableció para la Armada Nacional, necesitada de barcos de largo alcance que cubran las aguas territoriales en el combate al narcotráfico, la piratería, la pesca ilegal y los accidentes ambientales, entre otros. Su gobierno eligió contratar a Cardama, un astillero de poca experiencia en la construcción militar y con una débil situación financiera, tras licitaciones que no traccionaron y presiones de distintos gobiernos para ofrecer alternativas. Todo el procedimiento generó críticas internas dentro de la Armada y cuestionamientos públicos por parte del Frente Amplio.
Con el contrato con Cardama cancelado, la construcción del primer buque queda interrumpida —la fabricación del segundo se preveía a partir de 2027, con el primer barco ya concluido— y la Armada debe ahora buscar una nueva alternativa. “Hay desafíos que la frontera fluvio-marítima y lacustre nos presentan todos los días, esa inmensidad con una falta de control efectivo, la cual debemos cambiar, y, para ello, hay que trabajar”, dijo a fin de año el comandante en jefe de la Armada, José Luis Elizondo.
