Para toda la eternidad

La ausencia de esta charla previa resulta especialmente llamativa en un gobierno que ha hecho bandera de las mesas de diálogo social, en las que se convoca a la sociedad civil a conversar sobre distintos asuntos de calado. Es contradictorio que un gobierno que convoca a la sociedad a charlar y proponer sobre temas que tienen unos límites difusos, que por su propia lógica tienen aristas inabarcables o son difíciles de tasar por esa sociedad civil, se limite ahora a informar que ya están disponibles los documentos de un proceso ya iniciado y, según parece, ya definido. Un proyecto en el que, justamente, por ser mucho más concreto, tangible y de límites acotados, resulta mucho más necesaria, factible y provechosa la mirada de la sociedad. Sobre todo, tratándose de un tema que ha sido objeto de debate desde hace décadas para la capital y su zona metropolitana.

Quizá nadie lo recuerde tampoco, pero cuando en determinado momento el gobierno decidió seguir solo algunas de las recomendaciones del GACH, muchos pusieron el grito en el cielo: ¿cómo iba a estar lo político por encima de lo científico? Sin embargo, es así: quienes gobiernan, quienes tienen los votos y la legitimidad que emana de esos votos para hacerlo, son los políticos. En la medida en que estos políticos se apoyen en buena evidencia, eventualmente conseguirán mejores resultados. Pero la decisión final sobre cada asunto es suya, es política. No se trata tanto de supremacía de una lógica sobre otro como de lógicas que operan sobre distintos ámbitos. Ciencia y política son cosas distintas.

Recordando el nivel de precisión y solvencia que mostró el GACH en sus recomendaciones, no es raro que ningún político quisiera continuar la experiencia de seguir apoyándose de manera muy cercana en un grupo científico independiente. Independiente es la clave, porque los científicos o técnicos que trabajan dentro del Estado están subordinados, hasta por el organigrama institucional, a aceptar o, como mínimo, a no salir públicamente a discutir lo que su organismo decida. Parece contraintuitivo. ¿Por qué un político no querría contrastar sus planes con buena evidencia científica? Quizá no lo es tanto cuando se trata de políticos que tienen pánico a quedar en evidencia cuando surge una distancia entre la mirada científica y la política. El político cortoplacista entiende que, al aceptar esa mirada externa, está cediendo parte de su poder. Sobre todo, cuando esa mirada es técnica: la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, urbanistas y creadores con agenda no partidaria, como el proyecto Ghierra Intendente, técnicos con propuestas propias, todos pueden aportar de maneras muy concretas, tal como aportó en su momento el GACH. Sin embargo, no todos los políticos quieren atravesar, por ejemplo, el ruido mediático que se generó cuando el gobierno no siguió todas las recomendaciones del GACH. Y aquel gobierno, el de Luis Lacalle Pou, se metió en ese brete no porque se muriera de ganas, sino porque entendió que no tenía más remedio. Es más fácil, entonces, convocar a diálogos amplios en los que nadie verifica demasiado las distancias entre lo propuesto y lo realizado, y en los que el control queda en manos del Ejecutivo.

¿Sería deseable que la política se basara en la evidencia? Totalmente. ¿Sería bueno que cualquier proyecto multimillonario de alto impacto social recoja el sentir de esa sociedad en la que impacta? Sin duda. ¿Mejorarían las políticas públicas si contaran con un verificador técnico independiente? Seguramente. Pero nada de eso va a ocurrir si los políticos solo se interesan por el ejercicio de poder a corto plazo y priorizan la construcción de la pirámide que los encumbre para toda la eternidad.