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Una de las obligaciones de los funcionarios de la Cámara de Representantes, según su estatuto, es que cuando detecten una eventual irregularidad del servicio del que son parte, la informen a un jerarca superior. En junio de 2017, la funcionaria Marianela Rodríguez presentó con base en esa premisa una denuncia por falta de documentos en el Archivo de Publicaciones.
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Entre los documentos faltantes, denunció que no estaban una carpeta referida al Programa Nacional de Diabetes y al tomo de comisiones investigadoras situadas en ese archivo. Además, informó la “existencia de documentos correspondientes al período de la dictadura que se encuentran lacrados en un mueble del archivo de documentos de la Cámara”.
Esta denuncia, en trámite en la Cámara Baja, no fue la única realizada por la funcionaria, lo que terminó agravando la relación laboral con su jefa, Graciela Imelio, jefa del Departamento de Información Legislativa.
Rodríguez señaló que venía sufriendo malos tratos por parte de Imelio, que aumentaron luego de sus denuncias. A esto se sumó otra acusación realizada por Rodríguez por una “eventual situación funcional irregular” de Imelio, que se desempeñaría en dos administraciones públicas y en el mismo horario.
Según Rodríguez, la Cámara no investigó “adecuadamente los hechos”, se archivaron las actuaciones y a la vez Imelio presentó una denuncia para que se investigara a la funcionaria.
La posible irregularidad en la que habría incurrido Imelio llegó a la Junta Anticorrupción, que devolvió las actuaciones a la Cámara de Representantes. Allí se decidió que la División Jurídica investigara y luego se remitió nuevamente el tema a la junta. Pero en la Cámara de Diputados no se pudo determinar si existía o no una superposición de los horarios.
Además del cruce de acusaciones, Rodríguez planteó una denuncia por acoso laboral y planteó que fuera traslada de lugar para poder ir a trabajar, ya que está con licencia médica.
En enero de este año, Rodríguez y su abogado reclamaron tanto a la presidencia de la Cámara de Representantes como al Ministerio de Trabajo que informen en qué estado se encuentra el trámite de las denuncias. En uno de los escritos, Rodríguez señaló que ha “sufrido situaciones de acoso de parte de la señora Imelio que se han manifestando de diversas formas; en especial a través de un continuo y deliberado maltrato verbal y modal, atentando de forma manifiesta mi dignidad como trabajadora e incluso utilizando su posición de jefe poniendo en peligro mi fuente de trabajo y único ingreso”.
La funcionaria recordó que se “ofreció prueba que nunca se diligenció”.
En los últimos cinco años en la Cámara de Representantes se han presentado otras denuncias de acoso laboral. (Búsqueda Nº 2.029)
A fines del año pasado, la entonces presidenta, Cecilia Bottino, presentó un protocolo para atender situaciones de acoso laboral para dar más “garantías” a los involucrados.
El objetivo del protocolo aprobado es desarrollar campañas de capacitación, sensibilización y prevención que “contribuyan a promover un ambiente laboral libre de acoso laboral en dependencias” de la Cámara Baja. En segundo lugar se establece un procedimiento que regula la modalidad de intervención frente a situaciones de acoso relacionadas con el ámbito laboral.
Sobre ese segundo punto, el documento crea una Comisión Asesora en Materia de un Ambiente Laboral Libre de Acoso Laboral. Tendrá tres titulares y tres suplentes. Los miembros de la comisión deberán ser funcionarios de la cámara con “diferentes perfiles”.
El procedimiento establece que toda persona que sienta vulnerados sus derechos ante una presunta situación de acoso laboral podrá presentar una denuncia escrita en sobre cerrado, con sus datos básicos. También podrá realizar la denuncia de manera verbal ante, al menos, un integrante de la comisión, que deberá labrar un acta. Recibida la denuncia, la comisión dispondrá de cinco días hábiles para convocar al denunciante. Después, diligenciará las pruebas que presenten ambas partes y remitirá un informe a la Secretaría de la Cámara de Representantes y a la Dirección General “a efectos del inicio de un procedimiento disciplinario, administrativo o de su archivo”.
