Antes de pasar a negro sobre blanco los lineamientos de la novena ronda de los Consejos de Salarios, de un lado estaban las exigencias presentadas por el PIT-CNT, que pretendía que los acuerdos se firmaran por dos años, la apertura de todos los grupos y subgrupos, recuperar el salario real perdido a partir de enero de 2022 y un aumento en julio, y del otro, los pedidos de los empresarios, que requerían atender la “heterogeneidad” de situaciones y acuerdos, para algunos sectores, menores a dos años. El Poder Ejecutivo intentó encontrar el fiel en una balanza difícil de equilibrar, y las pautas que presentó no conformaron a los actores.
Los lineamientos se presentaron luego de un “análisis muy cuidadoso y responsable” y se basan en cuatro pilares clave, dijo a Búsqueda el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. “El más relevante” refiere a la reactivación del empleo, pero también apuntan al “compromiso” de recuperar el salario perdido tras el período “puente” de 2020 y a “ayudar” a que las empresas “no caigan”. El cuarto elemento es “que las pautas acompañen el objetivo de la política económica de reducir la inflación”, enumeró.
El miércoles 28 el Instituto Nacional de Estadística informó que el nivel de empleo mejoró en casi un punto porcentual entre mayo y junio, y la tasa de desocupación bajó de 10,2% a 9,4%.
Las primeras mesas de negociación se instalaron el martes 27 para los metalúrgicos y los frigoríficos. Esta semana también se inician las primeras reuniones —de carácter informativo— de la industria química, del medicamento, farmacéutica, de combustibles y anexos; del sector de trabajo doméstico; y de la industria del cuero, vestimenta y calzado. La semana que viene, en tanto, se abrirán los grupos de transporte y almacenamiento; comercio en general y comercio minorista.
Así, los Consejos de Salarios vuelven a la “normalidad” luego del 2020, cuando se acordó suspenderlos un año a raíz de la crisis por el Covid. Aunque con el problema sanitario más controlado, varios rubros siguen muy golpeados y el Ejecutivo quiso contemplar eso en esta ronda que comienza; para aquellos más afectados propuso una pauta única para todas las firmas, que implica un período “puente” de un año, con un ajuste de 3% en enero. Para los demás sectores, sugirió convenios a dos años e hizo una diferenciación para las microempresas.
Para el empresariado, esa instancia de los consejos asoma “complicada” por la situación dispar de las firmas en los distintos giros. Plantea que algunas siguen “muy desconfiadas” debido a la coyuntura como para animarse a negociar aumentos salariales para los siguientes dos años con algún grado de certeza.
Además, temen que una situación sanitaria más controlada dará mayor libertad de acción a los sindicatos como para plantear conflictos tras el convenio puente y la pérdida de salario real de 4,2% en el último año.
“Batalla”
La “batalla está por venir”, dijo a Búsqueda un industrial, que prevé una “cartelera de espectáculos” en las plataformas reivindicativas de parte de los trabajadores, en un momento con empresas “flacas” o saliendo del “sótano”. Agregó que la pauta del Ejecutivo “es el piso de la negociación y ante muchos pedidos habrá un repliegue por parte de los empleadores”. Apuntó que dependerá de cada sector el grado de conflictividad que se registre. Y opinó que “lo peor que puede pasar” es que se alargue la negociación y que las empresas no tengan rápidamente una idea del costo salarial que deberán asumir en los próximos tiempos.
Por otro lado, la indefinición en torno a una fecha límite para sellar los convenios es vista por algunos empresarios como una “carencia” en los lineamientos presentados por el gobierno. A diferencia de lo que ocurrió en administraciones del Frente Amplio, el actual Ejecutivo no estableció un plazo para la negociación.
“No hay una fecha final”, dijo Mieres, si bien su deseo es que se acuerde “rápidamente”. Como la pauta refiere al 1° de julio, “se va generando una presión” por los ajustes retroactivos. Entonces —agregó— “para el empleador es un problema, porque se le van recargando los montos que tiene que pagar para atrás, y para el trabajador también hay premura”.
Algunos empresarios también plantean dudas sobre cómo será la mecánica y participación de los representantes del Poder Ejecutivo en las mesas de negociación. Ello, porque tomaron nota de los dichos públicos de Mieres acerca de que se intervendrá para laudar solo cuando no haya acuerdo.
Trabajo apostará a que haya convenios bipartitos, aunque tendrá presencia “en todas las mesas”, sostuvo su titular. La cantidad de negociadores será similar a la de la séptima ronda.
Juan Mailhos, asesor jurídico de la Cámara de Comercio y Servicios, comentó esa situación la semana pasada en un seminario web organizado por la Asociación de Profesionales Uruguayos en Gestión Humana (Apugh). “En anteriores gobiernos se había definido (en los lineamientos) otro tipo de cláusulas, de prevención y solución de conflictos y de paz más efectivas de las que tenemos hoy, y las famosas cláusulas de descuelgue. En esta situación de crisis sería muy útil que existan, y sostenemos que no pueden basarse en la unanimidad o consenso de los Consejos de Salarios para que se admita el descuelgue, debería basarse en la mayoría”.
Mailhos dijo a Búsqueda que augura un “panorama difícil” por las “insatisfacciones acumuladas” que el sector sindical arrastra, luego de un año de “puente” por la pandemia. Advirtió que probablemente se registre “mayor conflictividad”, ya que durante la emergencia sanitaria ello estuvo prácticamente fuera del horizonte sindical y ahora vuelve a jugar como un elemento de presión.
Consultado sobre este punto, Mieres expresó confianza en que, como la pauta es “muy equilibrada”, puede ocasionar “algún grado de entendimiento”. Pero admitió: “A la hora de la verdad, puede haber conflictividad. El objetivo del gobierno es generar una pauta atractiva para las dos partes; o discutible para las dos partes”.
Por su parte, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo en la misma charla de Apugh que si en la negociación por grupo y subgrupo los sindicatos encuentran sectores con “rentabilidad y potencia para arrancar convenios por encima de la pauta lo van a hacer, de la misma manera que si hay debilidad” se perderá la posibilidad de ganar beneficios para los trabajadores. Recalcó que tras la caída salarial de 4,2% en el último año los sindicatos irán a la ronda tratando de “defender su cancha”.
Descuelgues
Mailhos planteó “preocupación” por el “cierre” de empresas ante la “imposibilidad” de asumir el pago de la pauta o compromisos superiores si no se produce la recuperación de la economía. Evaluó que “podría darse algún descuelgue más”.
En ese sentido, los empresarios pretenden que el gobierno flexibilice el mecanismo que en la práctica rige para aprobar los descuelgues (cuando una firma no puede cumplir con el convenio de rama). Este asunto está en la agenda de Trabajo, que prevé convocar al Consejo Superior Tripartito para analizarlo. A diferencia de lo que ocurría en la administración anterior, este gobierno no requiere que el uso de esta herramienta sea consensuado. “El tema es preservar los puestos de trabajo porque atrás de una situación de necesidad hay un riesgo de la mantención de los puestos, de que la empresa siga o no existiendo”, opinó Mieres.
El protocolo de descuelgues que analizarán las partes deberá incluir “indicadores de funcionamiento, de actividad (y) de evolución”. Además, señala “cómo se debe dar el proceso”, “qué instancias se pueden establecer para evaluar el planteo” y “finalmente cómo se dirime”, dijo el ministro.
En 2020 los descuelgues fueron al menos tres (uno en la industria frigorífica y dos en alimentos). Solo en un caso el uso de la herramienta se definió por votación.
Mieres dijo que los descuelgues “fueron muy pocos” y que no se cumplió la “preocupación” del PIT-CNT de que se iban a “vaciar” los consejos. “Esto está funcionando. Lo que sí hay que discutir es la modernización” de este ámbito, y apuntó a que uno de los asuntos para corregir es “la representatividad de los más débiles”.
Sobre los descuelgues, Pereira opinó que “ningún sindicato sensato, si una empresa muestra documentación de que no puede cubrir la totalidad de los ajustes, va a preferir perder puestos de trabajo. Eso no ha pasado”.
