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    ONU manifiesta “preocupación” por manejo de UPM sobre derechos humanos

    El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC) “lamentó” que en Finlandia no haya un marco normativo que obligue a las empresas bajo su jurisdicción “a respetar los derechos humanos” y expresó su “preocupación por la falta de una evaluación completa sobre los impactos del proyecto de UPM en Uruguay”.

    Según el comunicado difundido por el Movimiento por un Uruguay Sustentable, el CDESC recibió una denuncia de cuatro entidades sociales finlandesas, apoyada por más de 80 organizaciones no gubernamentales de Uruguay y otras partes del mundo, sobre las consecuencias negativas en materia de derechos humanos del contrato firmado por UPM y el gobierno uruguayo para la instalación de la nueva planta de celulosa.

    “Al comité le preocupan los informes sobre la falta de una evaluación exhaustiva del impacto en los derechos humanos de un proyecto gestionado en el extranjero por UPM”, indica en referencia a la actuación de la papelera en Uruguay. Ante ese escenario, el comité “recomienda” que Finlandia “adopte un marco normativo sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos”, con el fin de obligar a las empresas bajo su jurisdicción a “identificar, prevenir y abordar las violaciones de derechos humanos en sus operaciones, incluso en el extranjero”.

    “Estas empresas deben ser responsables de las infracciones. Las víctimas, incluidos los no nacionales, deberían poder acceder a recursos efectivos en el Estado parte (Finlandia)”, indica el comunicado. Por eso, el comité sugiere que el país “lleve a cabo investigaciones cuando se le comuniquen informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas por empresas finlandesas” y que proporcione dentro de los 24 meses siguientes “la adopción de un marco normativo sobre empresas y derechos humanos”.

    La noticia fue recibida con sorpresa por UPM en Finlandia, ya que la empresa alega que hizo diversos estudios sobre la aplicación de los derechos humanos en Uruguay. Sin embargo, las organizaciones sociales solicitan una auditoría independiente al respecto.