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La compra de los ansiados buques de patrulla oceánica (OPV) para la Armada Nacional sumó esta semana un nuevo capítulo en un proceso de casi dos años que acumula llamados, ofertas, reclamos, negociaciones y compras canceladas. El contralmirante Gustavo Musso, jefe del Estado Mayor General de la Armada, encargado de asistir y asesorar al comandante en jefe Jorge Wilson, tramitó el miércoles 9 su retiro de la institución, que estaba previsto oficialmente para febrero.
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Su salida voluntaria y anticipada se da luego de que el Poder Ejecutivo anunciara que comprará dos OPV al astillero español Cardama por un precio de 82,2 millones de euros. Cardama, una empresa que nunca construyó este tipo de buques, fue posicionada última por Musso en un informe propio que elaboró entre propuestas de cinco fabricantes. Las conclusiones del informe, fechado el 31 de mayo y entregado a Wilson, fueron divulgadas por El Observador el 12 de junio.
De 59 años y licenciado en Sistemas Navales, Musso elevó su informe sobre astilleros a pedido de Wilson, que solicitó a todos los almirantes de la institución que realizaran análisis individuales a partir de las propuestas oficiales presentadas al gobierno por cada empresa. Estudiadas todas las ofertas el comandante en jefe concluyó que, en contrapartida a lo planteado por Musso, la mejor opción era Cardama. La resolución final se entregó en un documento al ministro de Defensa Nacional, Javier García.
Consultado por Búsqueda, Musso aseguró que personalmente tiene “dudas” respecto de la capacidad de Cardama para construir los buques porque se trata de un astillero sin antecedentes en la materia y cuya expertise son las reparaciones navales. Aunque considera la decisión del gobierno “respetable”, abandonará la institución al no compartir la “visión” del proceso de compra. Antes de iniciar su pase anticipado a retiro, el lunes 7 se lo comunicó verbalmente Wilson pues “era lo adecuado y leal ante un camarada” bajo el cual está a la orden.
Ese mismo día Wilson había sido consultado sobre el informe de Musso en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores. “En la reunión de almirantes, cuando cada uno plasmó las conclusiones del análisis de la propuesta, no hubo alguien que manifestara que estaba alineado con el análisis”, dijo.
Allí también estuvo García, quien explicó porqué se desestimó la opinión de Musso. “Cuando las Fuerzas Armadas actuaron en asamblea, en el Uruguay pasaron cosas trágicas y, por lo tanto, el mando superior de las Fuerzas Armadas –que integra el presidente con el ministro de Defensa Nacional–, escucha la opinión de estas a partir de lo que dice su comandante. No se hacen asambleas”.
Descartó además que ciertos almirantes de la Armada puedan tener un conocimiento más específico sobre material naval. “Todos los oficiales se forman en el mismo lugar; no hay uno que sea más técnico que otro. Y los cargos en los mandos son rotativos. El cargo del hoy jefe del Estado Mayor mañana será de equis persona. El cambio se hace cada dos años y hace un año el jefe del Estado Mayor era otro contraalmirante”.
El contralmirante Gustavo Musso durante un acto oficial
Regalados
La compra de las OPV fue la principal prioridad que se fijó el Poder Ejecutivo para la Armada, que desde años exige estos barcos para cumplir tareas de alta mar contra la pesca ilegal, el narcotráfico, el tráfico de personas, el contrabando y los delitos ambientales, entre otros. Básicamente son los buques que la institución necesita para retomar el control del espacio marítimo uruguayo.
“Estamos regalados en nuestras aguas jurisdiccionales. Estamos trabajando para tratar de resolver entre todos lo que desde hace 15 años no hemos podido resolver”, afirmó García el lunes 7. Señaló que la adquisición de los patrulleros nunca se ha concretado por “obstáculos” que son “más fuertes que el interés nacional”.
“Lo viví. Es más, me acuerdo de que un día hice un planteo acá, en esta misma sala, porque había gente que recorría despachos, y dije basta”, sostuvo en referencia a intermediarios y representantes de las empresas que buscan convencer a parlamentarios, jerarcas militares y diplomáticos.
La intención del Poder Ejecutivo era que antes de marzo de 2025 el presidente Luis Lacalle Pou encabezara la ceremonia de abanderamiento de los patrulleros oceánicos. En diciembre de 2021 Lacalle Pou presentó en conferencia de prensa una convocatoria a interesados para construir los buques. Calificó el llamado como “un hito importantísimo” desde el punto de vista de la soberanía, el cuidado del mar territorial y la autonomía del país. En el evento se aseguró que el gasto iba a rondar los U$S 100 millones por dos barcos.
Al tratarse de material militar, el mecanismo fue de compra directa secreta. Entre las postulantes estuvieron la holandesa Damen, la francesa Kership y la estatal China Shipbuilding Trading Company (CSTC). Una comisión técnica de la Armada posicionó con el mejor puntaje al fabricante chino, pero el Ministerio de Defensa declaró el llamado desierto en virtud de que las ofertas recibidas, de entre U$S 160 a U$S 200 millones, superaron “significativamente” el monto que se tenía previsto invertir.
China envió el viernes 4 una nota a la Comisión de Defensa del Senado, a la cual hizo referencia el legislador frenteamplista Alejandro Sánchez en la sesión del lunes 7. El documento cuestiona por qué Uruguay continuó con el proceso de compra por más de un año si desde marzo de 2022, cuando conoció la oferta, no contaba con fondos suficientes.
La tercera y última iniciativa es la actual, que comprendió invitaciones de la Armada a distintos astilleros. Luego de estudiar las propuestas el Comando General de la Armada colocó a Cardama al frente, por delante de la también española Gondán, Kership (Francia), Hyundai (Corea del Sur) y Cotecmar (Colombia).
García anunció públicamente la decisión el 17 de julio, acompañado por el subsecretario del ministerio Rivera Elgue, el director general Fabián Martínez, el director de Recursos Financieros, Damián Galó, y el director de Material Naval de la Armada, Héctor Magliocca, quienes conformaron una comisión que lo asesoró sobre las propuestas de las compañías y los reportes militares recibidos. Uno de los argumentos para la elección fue el precio “sensiblemente menor al que las empresas anteriores habían cotizado”.
Cuatro días después, Magliocca explicó oficialmente las razones técnicas de la decisión. Dijo que las OPV de Cardama “son ideales” para la misión de control y custodia: desplazamiento de 1.700 toneladas, eslora de 87 metros, más de 12 metros de manga, caldo de 3 metros y medio, plataforma para helicóptero, hangar, 7.700 millas de autonomía, máximo de velocidad de 23 nudos, un cañón de 30 milímetros y dos ametralladoras en las bandas de 12.7 milímetros.
Wilson también elogió las capacidades que tendrán los nuevos patrulleros oceánicos. Frente al cuestionamiento de la oposición, que criticó la inexperiencia de Cardama para este tipo de material, mencionó las desventajas de los otros postulantes; dijo por ejemplo que la oferta de CSTC se basó en un OPV de guardacostas chino que debía ser acortado y dimensionado a los requerimientos uruguayos. En el Parlamento la delegación de gobierno añadió que España, en una carta dirigida a Rivera Elgue el 13 de junio, respaldó el trabajo de Cardama: “es un astillero civil fiable y conocido, que con anterioridad ya ha trabajado para el Ministerio de Defensa de España y el Ministerio del Interior”.
