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Pocos oferentes, empresas que se postulan cuando están “suspendidas” en su inscripción en los registros habilitantes y proveedores amparados en distintos regímenes preferenciales —de protección a la industria nacional o a las mipymes— que proponen precios “significativamente distintos” son situaciones no tan infrecuentes en los procedimientos canalizados por la Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA).
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Esta entidad del Ministerio de Economía (MEF) se encuentra en proceso de transformarse en una unidad organizativa dentro de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), en la Presidencia de la República. La UCA vino perdiendo peso en años recientes como canal para las adquisiciones de suministros médicos y alimentos, dos rubros relevantes dentro de las contrataciones públicas.
En respuesta a un pedido de acceso a la información hecho por Búsqueda referido a los montos y cantidades compradas, comparativos de precios pagados, así como análisis del ahorro eventualmente obtenido por el mecanismo de adquisición centralizada, el MEF entregó informes técnicos de la UCA sobre algunos llamados y varias planillas de datos. Esa documentación da una idea general acerca de esos procesos de compra en los que interviene, cada vez con menos peso en el total.
La fusión con la ARCE, prevista en la Rendición de Cuentas del 2020, tuvo un período de transición que se está cerrando en estos meses. En el marco de ese cambio institucional se determina como modalidad de contratación administrativa la sustitución del sistema centralizado creado en 2008 por “Acuerdos marco” y por procedimientos especiales que centralicen el proceso, dejando a cargo de los organismos la ejecución de la compra y la ordenación del gasto correspondiente. El Poder Ejecutivo apunta con esto a generar un “mejor contexto para poder instrumentar los cambios que se proyectan para una gestión más moderna, eficaz y eficiente de la contratación pública colaborativa”, indicó en la memoria anual del año pasado.
Las compras
Un concurso de 2021 para el suministro de metformina de 850 miligramos (comprimido) tuvo dos interesados. Mientras que la mejor oferta fue de un precio de $ 1,0435 impuestos incluidos, la segunda propuso venderle al Estado a un 30,11% por encima. El análisis de la UCA entregado a Búsqueda señala que en ese año “solamente” se presentaron esos mismos proveedores —Megalabs y Ripoll Vet— a llamados realizados por la ARCE y a precios similares a los propuestos en su concurso.
En una licitación abreviada de mediados del año pasado, dejó sin efecto el ítem simeticona 200 miligramos, ya que las dos ofertas recibidas “se consideran manifiestamente inconvenientes a los intereses de la administración”. La UCA recomendó que los organismos demandantes efectúen procedimientos de contratación propios para abastecerse de ese fármaco.
Entre los documentos entregados está una comunicación de abril pasado a la compañía Cibeles en la que le pide una mejora de su oferta de un medicamento antirretroviral, ya que el precio propuesto era, también, “manifiestamente inconveniente” para el Estado.
Dos de cuatro empresas quedaron por el camino en otra licitación abreviada para la compra centralizada de huevos frescos de gallina realizada a fines del año pasado. Una no calificó porque tenía “trámites en proceso” (carecía de número de habilitación por parte de la División Industria Animal del Ministerio de Ganadería) y poseía “granjas sin registrar” en el Sistema de Monitoreo Avícola. A otra también le faltaba el número de habilitación. La adjudicación fue por $ 4.733.700, exenta de IVA, con entrega por cajón o maple, cada 15 días, a reparticiones como la Dirección Nacional de Sanidad Policial, el Comando General de la Armada, el INAU, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Bomberos y la Guardia Republicana.
Para una compra por excepción de carne y menudencias vacunas fueron descalificados del proceso tres de un total de 10 oferentes. Uno porque no figuraba en el Registro Único Nacional de Empresas Cárnicas y otras dos firmas porque sí estaban inscriptas, pero su estado era “Suspendida-sin garantía” a la fecha de la elaboración del informe técnico de la UCA. Entre los proveedores que siguieron en carrera el comparativo respecto de la referencia, tanto para Montevideo como el interior, arrojó precios “razonables”. Igualmente, la unidad pidió una mejora de las ofertas y se terminó adjudicando la compra por $ 363.147.524, impuestos incluidos.
También en el rubro cárnico las propuestas presentadas por los proveedores “razonablemente distan de ser consideradas como inconvenientes, dadas las diferencias” entre estas y los valores tomados como referencia de la media res vacuna en una compra directa de fines del año pasado.
Como parte de la respuesta al pedido de acceso a la información el MEF entregó un planillado con las adjudicaciones de 2020-2022 y las ampliaciones. En el 2020 listan, además de rubros habituales como alimentos diversos, compras asociadas al problema sanitario del momento, “tapabocas de alta eficiencia” por casi $ 30 millones, respiradores por unos $ 660.000 y diagnósticos de Covid-19 por $ 345.877.812. En 2021 y 2022 hubo varias compras más para el plan de vacunación contra el coronavirus.
En el caso de los tres objetos de gasto correspondientes, por ejemplo, a reactivos, oxígeno, vacunas contra el Covid, vestimenta hospitalaria descartable, tapabocas y servicios de CTI por Covid, el 21% del monto comprado en 2022 (al 19 de junio) se canalizó a través de la UCA. En 2018 ese canal había sido mayoritario (51%), pero en los siguientes años fue perdiendo participación (47% en 2019, 42% en 2020 y 28% en 2021).
Por organismos, a través de la UCA se canalizó este año el 2% de las adquisiciones de insumos y servicios médicos por parte del INAU, 35% en el caso de ASSE y 73% el Ministerio de Defensa. Desarrollo Social, Salud Pública y Presidencia de la República compraron todo por fuera de esa unidad centralizada.
La participación de la UCA también se redujo, aunque desde porcentajes más bajos, en cuanto a las compras totales de comida y servicios alimentarios. Desde un máximo de 41% en 2019, pasó a 37% al año siguiente, a 22% en 2021 y a 14% hasta el 19 de junio pasado.
