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Los operativos policiales para evitar que personas acampen o pernocten de manera permanente en espacios públicos establecidos por la “ley de faltas” debieron suspenderse por más de una semana, luego de reparos planteados al más alto nivel del gobierno por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker.
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El titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) —cuya cartera es una de las reparticiones preponderantes en el cumplimiento de la ley— envió el martes 10 una carta membretada al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y al secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, informando que el operativo para retirar personas que ocupan espacios públicos todavía no se puede aplicar porque aún falta solucionar temas logísticos vinculados a la aplicación de la medida.
Olesker explicó en la carta, que el Ministerio no está en condiciones de recibir a este tipo de personas antes del 20 de setiembre. A pedido del Mides, la secretaría de Estado recibió un millón de dólares adicionales para instalar una puerta de ingreso, un hogar diurno y dos hogares nocturnos para atender a los que viven en la calle. Además, Salud Pública pidió tiempo para poder tener prontos los equipos de médico general y psiquiatra para la atención de esta población.
El lunes 9, la División de Protección Integral en Situaciones de Vulneración del Mides, se negó a recibir a personas en esta situación que fueron detectadas por personal de la Intendencia de Montevideo y conducidas a la Seccional 2ª por efectivos policiales en el marco del cumplimiento de la norma, informaron a Búsqueda fuentes oficiales. Toda esa situación sorprendió a integrantes del Ministerio del Interior y de la Intendencia de Montevideo.
El último día de actuación, el lunes 9, se detuvo a nueve personas. De ellos, cinco tenían antecedentes por robo, rapiña o tráfico de drogas. Otros cuatro no tenían antecedentes, uno de ellos una mujer de 18 años que se había fugado del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) en 2010, según fuentes policiales.
Ante esto, además de reunirse con Olesker, el secretario de la Presidencia tuvo un encuentro con el ministro Bonomi para encontrar una solución. El acuerdo es que los trabajos comenzarán definitivamente sobre fines de la semana próxima, el viernes 20.
La ley sobre faltas y conservación de espacios públicos entró en vigencia el 20 de agosto y el miércoles 4 de setiembre comenzó a aplicarse. En el artículo 14 de la norma, se establece que quien “fuera del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 57 de la Constitución de la República” (referido a la huelga), ocupare espacios públicos, “acampando o pernoctando en forma permanente en ellos, será castigado con pena de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario”.
“Si habiendo sido intimado dos veces de que desista de su actitud por parte de la autoridad municipal o policial correspondiente persiste en la misma, siempre que se constaten las conductas referidas, la persona será trasladada a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social a los efectos de que se recabe su identidad, se le ofrezca una alternativa adecuada y se dé cuenta al juez competente”.
En los primeros días de aplicación de la medida, los equipos iban hasta el lugar donde estaban las personas y les informaban de la nueva norma.
El Mides tiene 1.800 cupos para atender a las personas que vivien en la calle. El Ministerio estima que hay unas 300 personas que no quieren ser parte de esos refugios. Es con ellos con los que se tiene dificultades, explicó el asesor del Ministerio del Interior, Gustavo Leal. “Con esa población de 37 años de edad en promedio, tenemos un problema importante de ocupación de espacios públicos, particularmente en el área metropolitana y fundamentalmente en Montevideo”, dijo Leal el lunes 9 en el programa “En Perspectiva” de radio El Espectador.
La Intendencia de Montevideo ha relevado 629 lugares donde hay personas que viven en los espacios públicos. La comuna realiza en promedio unos 50 desalojos por día. Leal dijo que en el último año el número de intervenciones fue en aumento. Informó que el año pasado hubo unas 8.000 intervenciones y que este año ya llevan 10.200.
