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    Olesker ve “difícil” llegar a un momento en el que no haya gente viviendo en la calle, porque “no es solo un problema económico”

    ¿Por qué todavía hay gente viviendo en la calle? La pregunta la hicieron dos señoras luego de escuchar el sábado 18 por la tarde una larga intervención del ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, en un local del Partido Socialista ubicado en Cordón.

    Tras escuchar al ministro explicar cómo los sucesivos gobiernos del Frente Amplio incrementaron el gasto público social, las dos mujeres plantearon su preocupación porque aún se ve gente viviendo en la calle, en especial familias y niños, pese a que los indicadores económicos han mejorado, según comentaron.

    Olesker explicó que este tema ha sido “bastante discutido” en el gobierno y dijo que ve “difícil” que se llegue a un momento “en el que no haya gente en situación de calle”. “El problema no es solo económico, por lo que no es resolviendo eso que se termina el tema. Situación de calle hay en París, Londres, Nueva York, en todos lados”, afirmó.

    Cuando el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) comenzó a funcionar, tenía 280 cupos para atender a personas que vivían en situación de calle. Este año, esa cantidad trepó a 1.450.

    Olesker dijo que la “composición” de las personas que están en la calle “cambió” en 2007. Hasta ese año, dijo, muchos de quienes vivían en la calle lo hacían por problemas económicos. En la actualidad se observan problemas de vínculos familiares, de consumo de drogas, patologías psiquiátricas. “Obviamente hay problemas económicos, pero no son situaciones que solo se generan por un problema económico”.

    Según el ministro, se da una situación “muy paradójica: por el resultado del éxito de nuestras políticas, nosotros empoderamos a mucha gente para que no banque más determinada situación. Por ejemplo, los equipos de Uruguay Crece Contigo (un programa de atención a madres y niños de primera infancia) les dicen a las madres que sufren violencia que se vayan de las casas. Y cuando se van la respuesta que se tiene a veces es darle un subsidio, pero también está la opción de refugios. En este caso no son personas que se empobrecieron repentinamente”.

    Olesker dijo que “no hay grandes cambios” respecto a la cantidad de personas que viven en situación de calle si se compara con años anteriores.

    Núcleo duro.

    Para Olekser el “problema” es con quienes no quieren ir a un refugio. “Eso debe resolverse”, comentó, y recordó que el Parlamento tiene un proyecto a estudio sobre el tema. Indicó que se deberán crear centros especiales, porque “por algo no van” a los refugios actuales.

    El Senado tiene a estudio el proyecto de ley sobre la conservación de los espacios públicos. En uno de los capítulos se establecen las sanciones para quien afecte o deteriore esos lugares. El proyecto pena con siete a treinta días de prestación de trabajo comunitario los actos de vandalismo, orinar o defecar en espacios públicos.

    La misma pena se aplicará para quienes acampen o duerman en esos lugares. Esas personas serán derivadas al Mides, se les ofrecerá una “alternativa adecuada” y se dará cuenta a la Justicia.

    En el proyecto de ley se define el trabajo comunitario como una prestación de servicios que se le asignarán, los que deberán ser acordes a las posibilidades físicas y mentales del obligado y, “en la medida de lo posible”, deberá estar relacionado con la falta cometida. El régimen horario será de dos horas por día. Si el infractor no cumple con la pena de prestación de trabajo, el “equivalente será por cada día que haya sido condenado a prestar dichos trabajos, o lo que le restare por cumplir en su caso, un día de prisión”.

    Al participar el lunes 6 en la Comisión de Población del Senado, Olesker y su equipo explicaron el trabajo sobre la gente que vive en la calle. El ministro informó que han logrado que personas que no iban a los refugios ahora acepten esa opción. Sin embargo, dijo que se encontraron con un “núcleo duro” de personas que se niega a ir a cualquier centro. Según un relevamiento de la División de Evaluación y Monitoreo del Mides, son entre 250 y 300 las personas que plantean resistencia. Todas viven en Montevideo o Canelones.