Con el hallazgo del cuerpo de una adolescente, en 2020 surgió la Operación Océano, la cual derivó en una gran investigación por explotación sexual de adolescentes, que por estos días se acerca al final, con la última etapa antes del juicio oral de 11 imputados. Otros nueve ya fueron condenados a través de acuerdos abreviados con la Fiscalía, mientras que 13 fueron sobreseídos. Aunque se investigan delitos diferentes, esa causa tiene varias similitudes con el “caso Astesiano”, que surgió en 2022 con la detención del exjefe de la custodia presidencial por la entrega de pasaportes falsos pero terminó abriendo varias líneas de investigación: por corrupción policial, filtraciones y denuncias de espionaje a senadores.
Estas dos megacausas que acapararon la atención durante los últimos años —y continúan en proceso— comparten algunos elementos, como la gran cantidad de personas indagadas, lo que implica una vasta cantidad de información que fiscales y abogados deben procesar. En ambos casos hubo filtraciones de datos publicados por los medios de comunicación, se conoció evidencia que debía estar en reserva y los nombres de algunas de las personas investigadas se viralizaron cuando la indagatoria apenas comenzaba. También hubo cambios de fiscales en medio de las investigaciones, quienes reclamaron por falta de recursos para llevarlas adelante.
A pesar de que las causas aún no finalizaron, abogados de varios imputados, el defensor de seis de las víctimas de Operación Océano y fiscales que actuaron en ambos casos, con la ventaja de leer el “diario del lunes”, identifican fallas o carencias que perjudicaron el proceso judicial.
La exfiscal Darviña Viera, que se jubiló durante la investigación de la Operación Océano y fue sustituida por Mariana Alfaro, manifestó a Búsqueda que vivía un “estrés continuo” por la cantidad de escritos que se debían presentar, el manejo de la información y porque con su equipo tenían a cargo otros casos a los que también debían dedicarles tiempo. “Era tan grande la Operación Océano que después resultó inabarcable. Había demasiadas cosas, demasiados documentos, imputados, abogados y pasaba el agua por arriba”, aseguró Viera, para quien era necesario que una persona se dedicara de forma exclusiva al caso, para no abandonar las otras causas.
En el mismo sentido, la fiscal de Flagrancia de 16º turno Gabriela Fossati, quien dirigió el “caso Astesiano” hasta que fue trasladada luego de alcanzar la condena del excustodio, dijo a Búsqueda que un “problema” fue “no asignarle los recursos que se precisaban” a una investigación de tal magnitud. Para Fossati debía ser “priorizada” en recursos humanos, con “más investigadores y respaldo institucional” —algo que reclamó en reiteradas ocasiones— y ser liberada del turno de Flagrancia mientras durara la investigación o que esta fuera trasladada a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos.
“La realidad fue que abandoné otros casos. Tenía 330 casos al comenzar la investigación y pasé a tener 650. Cuando terminara el año iba a tener 3.000. Se tuvieron que relegar otros casos, que tenían iguales derechos” de que se investigaran, afirmó Fossati. Y agregó: “Estamos aprendiendo de los errores”.
Con relación al reclamo de mayores recursos, el fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, manifestó a Búsqueda que “en general” no tienen “formas de ofrecer otro tipo de soluciones”.
Inconvenientes
El abogado del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, Juan Raúl Williman, quien defiende a seis de las víctimas de Operación Océano, aseguró al programa Doble click de Radio Del Sol que la cantidad de información era “tan grande” que resultaba “evidente que iba a generar inconvenientes”, pues “no es lo mismo periciar un celular que periciar 15 o 30 o manejar una audiencia con tres imputados que con 30”. “No sé si estamos preparados para trabajar con ese volumen de trabajo, tampoco la Fiscalía”, aseguró.
Para Williman, “con el diario del lunes, una opción posible era dividir en grupos, tener causas más chicas, la información más controlada y evitar estas discusiones sobre desprolijidades” ocurridas durante el proceso, consideró.
Consultado al respecto, Gómez dijo que “con el diario del lunes, del martes, del miércoles es fácil pensar que era mejor una división”, aunque se debía evaluar qué era lo mejor para las víctimas.
En la Operación Océano, lo que conectó a varios de los imputados fue su vínculo a través de conversaciones con la principal víctima, por lo que hacer una causa evitó su declaración en cada una de las causas si se hubieran investigado por separado.
Por proteger a las víctimas, la exfiscal Darviña Viera decidió no dividirla, aunque aseguró que lo conversó con colegas y fiscales adscriptas.
Alejandro Sobrino, quien fue abogado de uno de los condenados de Operación Océano y alcanzó un acuerdo abreviado con la Fiscalía, considera un “error” unificar los casos, porque “terminó siendo incontrolable” y “era imposible tener tantos frentes abiertos”. Para el defensor, “en algunos casos terminó siendo perjudicial para las víctimas y beneficioso para los imputados”, como el caso de su cliente, aunque para otros fue perjudicial porque quedaron mencionados en una causa de explotación sexual a pesar de no haber pruebas en su contra y “no había marcha atrás a la condena social”, a los juicios paralelos generados en la opinión pública.
Filtraciones
El abogado Alberto Rojas, defensor de uno de los imputados que irá a juicio oral en el caso de la Operación Océano y que en el “caso Astesiano” defendió durante un tiempo al ruso Alexey Silvaev, quien fue condenado, aseguró que “las megacausas favorecen a la confusión”, porque hay casos donde “están como un actor tangencial, que si fuera una causa individual no se mediatiza tu participación, pero terminás incendiado como integrante de una red de prostitución infantil”.
Ese fue otro de los problemas que compartieron las dos megacausas: las filtraciones de información. En el “caso Astesiano” fueron las 144.000 páginas de conversaciones del celular incautado al exjefe de la custodia presidencial, que en algunos casos pudieron ser procesadas más rápido por periodistas que por el equipo fiscal, mientras en la Operación Océano fueron las difusiones de los chats de las víctimas con personas investigadas.
Al respecto, Gómez, manifestó que las filtraciones son “una de las tantas injusticias que sufren los fiscales” y es un tema que requiere una “solución legal”, pero es “difícil”. Considera importante la “transparencia” de poner a disposición del imputado y su defensa los contenidos de la carpeta investigativa, además del denunciante y las víctimas, pero “eso que parece lo correcto se desdibuja con la publicidad, en la gran mayoría de los casos, que se da a algunos audios”.
Fossati coincide en que es un “tema legal” que “no permite mantener o resguardar la reserva” y se requeriría una modificación legislativa, pero hay un “conflicto de derechos e intereses a ponderar”.
Por otro lado, Viera consideró que hace falta una policía especializada, judicial, que trabaje bajo la órbita de la Fiscalía para simplificar el trabajo. Esa discusión también se había instalado durante el “caso Astesiano”; en el marco de las indagatorias por corrupción policial, funcionarios policiales deben colaborar y auxiliar a los fiscales en investigaciones a otros efectivos o incluso a sus propios jerarcas (Búsqueda Nº 2.208).
Frente a la experiencia de Operación Océano y el “caso Astesiano”, el sociólogo integrante del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Henry Trujillo manifestó a Búsqueda que el cambio sustancial introducido a través del Código del Proceso Penal que entró en vigencia en 2017 y transformó a los fiscales en los directores de las investigaciones produce que el Ministerio Público “no tenga tanta experiencia” en megacausas, porque “casos de este tipo son pocos”. “En casos complejos falta un poco de maduración, de experiencia”, afirmó.
El fiscal de Corte subrogante aseguró al respecto: “Siempre las investigaciones dejan enseñanzas y más aquellas que cuentan con el interés de la sociedad, por la razón que sea”.
