Oportunidades perdidas

La pandemia no solo sigue instalada entre nosotros, sino que goza de “amplia salud y virulencia”. La curva de contagios en lugar de aplanarse cada vez se empina más, los fallecidos aumentan y el sistema de salud se encuentra a la defensiva. Ante esta situación, el Grupo Asesor Científico Honorario realiza sus pronósticos y nos augura un futuro para nada deseado si no se toman medidas urgentes. La ciencia indica que en poco tiempo los casos diarios superaran la barrera de los mil, hemos entrado en fase exponencial y en zona roja en el área metropolitana, se perderá el poder de rastreo y quedaremos a la deriva con un sistema de salud colapsado. Ante este panorama, el gobierno propone una batería de medidas que buscan revertir los números y al mismo tiempo evitar un parate mayúsculo en la actividad económica. Los científicos aconsejan bajar la movilidad, ya que una cuarta parte de los contagios se dan en fiestas y aglomeraciones, otra cuarta en los lugares de trabajo, similar en la educación y residenciales y por último un 25% desconocido. Cualquier medida que se tome hoy por hoy debe ir acompañada de audacia y legalidad, fácil de entender y que a su vez garantice un acatamiento. Es necesario lograr el mayor apoyo posible a las propuestas tanto por la población como por el espectro político. Y aquí comienzan las “oportunidades perdidas”. El gobierno presentó un proyecto de ley que limite el derecho a reunión consagrado en el artículo 38 de nuestra Constitución, que “garantiza el derecho a reunión pacífica y sir armas”. El mismo artículo crea la excepción cuando estos encuentros se opongan a la salud, seguridad y orden público. La intención del gobierno es evitar las aglomeraciones por el término de 60 días con el fin de reducir la movilidad y el contacto físico. Cuando el proyecto llegó al Parlamento ya contaba con el rechazo de la oposición que, primero, quiso cuantificar aglomeración en 30 personas, segundo, quiso ir por el artículo 44 de nuestra Carta Magna, que menciona la participación del Estado en los temas de salud. Pronto dejaron de lado la aglomeración 30 al reconocer lo difícil de ponerle un número a una reunión sin saber en qué espacio se desarrolla, cuánto dura y en qué condiciones se realiza. Lo segundo generó gran polémica, nueve horas en el Senado y otras tantas en Diputados. El eje de la discusión pasaba por quién ejercería el derecho a disuadir la reunión, quién la determinaba y en qué momento una aglomeración se convierte en desacato. El Ejecutivo le daba la potestad al Ministerio del Interior y la oposición pretendía que lo hiciera el Ministerio de Salud. Una excelente oportunidad de mostrase en bloque ante la ciudadanía y lograr el objetivo de impactar positivamente con una medida iba a quedar en el camino por pequeñeces y chicanas políticas. Uno debería suponer que el gobierno “es mano” y sería el responsable de las consecuencias de una ley como esta, pero del otro lado se vislumbraba una oportunidad de mostrar a la población un ataque, por parte del Ejecutivo, a las libertades, a las reuniones o marchas sindicales y un pase libre a la policía. Lo que no midió, o escondió el FA, es que si en su proyecto quien iba a actuar era el Ministerio de Salud Pública y quedaba demostrada la aglomeración, ¿a quién acudiría? A la policía. O sea que ambos proyectos tenían el mismo final, disuadir las reuniones masivas que, está comprobado, son fuente de contagio. Honorabilidad y grandeza les faltó a las partes para ponerse de acuerdo por el bienestar de todos sin importar las ideologías. Oportunidad muy grande desperdiciada.