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La decisión del Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) de contratar a 241 trabajadores causó enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición. En febrero el INAU relevó cuáles son las necesidades de personal a escala nacional. A modo de ejemplo, hoy hay unos 70 oficios de la Justicia que involucran a unos 200 niños, niñas y adolescentes que esperan por ingresar a hogares del INAU pese a que ya cuentan con una derivación judicial. Esta situación se da por la falta de recursos humanos para intervenir en los contextos familiares, por el déficit de equipos técnicos en los centros de protección de 24 horas y por la falta de cupos.
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El análisis arrojó que para poder abarcar todas las situaciones que tiene a su cargo el instituto deben incorporarse 770 funcionarios. El oficialismo resolvió que se contraten 241, cerca de un tercio de los requeridos, y lo hará bajo una modalidad de talleristas.
Esto causó alarma en la oposición. Para la directora por el Frente Amplio, Natalia Argenzio, la situación es “altamente preocupante” porque se expone a una “vulneración de derechos” a niños, niñas y adolescentes.
Además, la jerarca dijo que le llama la atención “la discrecionalidad” del directorio porque existen 62 llamados finalizados para incorporar psicólogos y asistentes sociales, pero se dejaron de lado pese a que ya contaban con el aval de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Y en su lugar se eligió contratar mediante “una modalidad precaria” y donde el proceso de selección que se realizará tiene menos exigencias.
En diálogo con Búsqueda, Argenzio sostuvo que la modalidad de tallerista implica una “precariedad de la función porque permite contratos precarios de hasta 10 meses y eso dificulta la continuidad del proceso de trabajo en atención directa”. Esta situación impide la consolidación de un equipo de trabajo, con trabajadores como referentes de los proyectos socioeducativos de niños, niñas y adolescentes. Esa es la preocupación más grande en este momento”, afirmó.