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    Para atacar la trata de personas faltan coordinación entre la Policía y las Fiscalías y recursos para proteger a las víctimas, opina experta

    “La esclavitud no ha dejado de existir”, advirtió la experta en tráfico de personas y explotación sexual María José Fletcher. Y Uruguay no es la excepción, afirmó. La abogada uruguaya es codirectora de una ONG estadounidense que brinda servicios legales gratuitos a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y trata de personas.

    “Es importante que nos preparemos para trabajar con personas que han sufrido traumas y que entendamos que no hay un perfil de la víctima: puede ser cualquiera”, explicó la abogada en una entrevista con Búsqueda. Ese fue el mensaje que transmitió en los seminarios que dictó en Salto, Rivera y Montevideo a policías y fiscales durante su visita a Uruguay. Llegó a pedido de la Fiscalía de Corte con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en el marco del US Speaker Program.

    Uruguay, un país que es origen, destino y tránsito de trata de personas, “comienza a tomar conciencia de que estos problemas existen”, sostuvo. Si bien la persecución de los responsables es difícil, porque en muchos casos se trata de crimen “extremadamente organizado”, Fletcher considera que es clave que la sociedad esté informada. “Cuanto más visible se haga el delito, más se hable de que es una violación de derechos y que la comunidad lo sepa, más fácil es que la víctima se informe y logre buscar asistencia”, opinó.

    La experta cree que en Uruguay el mayor vacío está en la coordinación entre la Policía, las Fiscalías y la sociedad civil. También en la falta de recursos para asistir a la víctima. “No ganamos nada con identificar a la víctima y que luego quede desamparada”, cuestionó.

    —Su visita surgió a partir de una solicitud de la Fiscalía de Corte a la Embajada de Estados Unidos. ¿Cuál era el interés de la Fiscalía?

    —El interés de la Fiscalía era que se diera una capacitación para impulsar y facilitar la conversación entre los policías y las Fiscalías, ya que van a comenzar a trabajar en conjunto. En el tema de la trata lo más indicado es que haya una colaboración entre el brazo investigador y el brazo legal, que va a procesar al tratante.

    —¿Cuáles son las principales recomendaciones que dio en los cursos?

    —El principal mensaje que traigo es el ejemplo del trabajo que hacemos respecto a la atención de la víctima. Es un delito que afecta el derecho más básico de una persona de ser libre y cuando intentamos darle acceso a la Justicia es muy importante que en el proceso legal minimicemos la revictimización. Es importante que nos preparemos para trabajar con personas que han sufrido traumas y que entendamos que no hay un perfil de la víctima: puede ser cualquiera, una mujer, un hombre, un niño, una persona con discapacidad, LGTB, transgénero. Cualquier cosa que pueda poner a esa persona en un momento de vulnerabilidad para que el tratante se aproveche. También menciono que la trata no es solo con propósito de comercialización sexual de menores y adolescentes sino que abarca a mayores de edad, y que también es trabajo forzado, en la construcción, el campo o la trabajadora doméstica.

    —Un informe   reciente del Departamento de Estado de Estados Unidos advierte que Uruguay es origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños sometidos a trabajo forzado y tráfico sexual. ¿Cómo observa este problema en Uruguay?

    —Vengo trabajando con este tema desde fines de los 90. He tenido la oportunidad de viajar a muchos países y veo que poco a poco se está visualizando a la víctima, que está siendo esclavizada en el siglo XXI. Uruguay no escapa a este problema. La esclavitud no ha dejado de existir. Uruguay comienza a tomar conciencia de que estos problemas existen y ahora, con una ley integral contra la trata, realmente va a poder tener incidencia en este problema y lograr que haya más juicios y que las personas que están cometiendo este delito no continúen impunes.

    Hay trata interna, de destino y de origen. Uruguay históricamente ha generado una migración de mujeres y niñas a otros países donde han sido vulneradas y ahora se ha demostrado y se conoce que también es un país de tránsito. También hay ciudadanos uruguayos siendo explotados. No con los números que vemos en otros lugares, pero sí existe.

    Es muchísima la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. También de mujeres extranjeras, de República Dominicana, por ejemplo, que no solamente son explotadas en la industria del sexo sino en otras labores.

    —¿Uruguay puede hacer más para evitar ser un país de tránsito?

    —Este problema no es de países individuales sino regional. Hay que desarrollar políticas de trabajo con otros países, tener tratados bilaterales. Usar, por ejemplo, el Mercosur para prevenir la violación de los derechos humanos más básicos, de la migración a nivel regional. Que sea una migración protegida e informada. Que el migrante sepa a dónde está yendo, cuáles son sus derechos. Uruguay puede hacerse responsable de la información que da a las personas que llegan aquí y respaldarlas si hay una violación de sus derechos.

    —¿Cómo cree que la Policía y la Justicia tienen que encarar este tema?

    —Como defensores de víctimas no apoyamos que esto sea un enfoque solo de crimen organizado. Debe ser un enfoque de violación de derechos humanos. Primero, entender qué es la trata: es esclavitud en el siglo XXI. Una persona que está siendo dominada a través de la fuerza, la coacción o el fraude. Cuando hablamos de la trata en el ámbito del sexo, la mujer es violada antes de empezar a trabajar y luego, si lo hace contra su voluntad, son violaciones repetidas y numerosas. Y la persona que está trabajando en cualquier sector donde se le dice “si no hacés lo que te digo va a pasar algo” es un esclavo. Hay que entender que no es solamente con el uso de fuerza sino que es la creación de un ámbito de temor.

    —¿Están preparadas la Policía y la Justicia para enfrentar este problema? ¿Dónde encontró carencias?

    —De la experiencia de estos días y de lo que he investigado con reportes de organizaciones internacionales, creo que el mayor vacío es la coordinación entre la Policía, las Fiscalías y la sociedad civil. Y la falta de recursos para poder asistir a la víctima. No ganamos nada con identificar a la víctima y que luego quede desam­parada. Lo crítico es que el apoyo continúe durante el proceso penal, que haya un enjuiciamiento, que signifique algo para la víctima.

    —¿Por qué hay tantas dificultades para juzgar a los responsables?

    —En ciertos casos estamos hablando de crimen organizado, extremadamente organizado, conectado con otros delitos, como drogas y armas. En Uruguay creo que hay una conexión con drogas y explotación de menores. Además, siempre la evidencia es la víctima, el testimonio de la persona.

    —¿Cómo logra el tratante mantener el dominio sobre la víctima y evitar que acuda a la Justicia?

    —El tratante crea un ambiente de temor —a lo que va a pasar, al estigma, a la vergüenza— que logra que esa persona, aun sin haber sufrido violencia física, se mantenga dominada. Si es un hombre que ha sido explotado, tiene vergüenza de contar lo que sucedió. Y la mujer tiene que contar que la han violado repetidamente, que ha sido vejada por quien pensó que era su novio... Vemos casos de chicos obligados a trabajar en la industria del sexo que buscan el reemplazo de una figura materna o paterna. Hay adultos que utilizan específicamente esa herramienta para reclutarlos: “Te voy a cuidar, a dar de comer”. Buscan a muchachos muy pobres y con otros problemas de vulnerabilidad, como discapacidad. El tratante sabe a dónde ir, conoce la realidad, conoce los barrios, y sabe cómo aprovecharse de eso.

    Muchos de los tratantes que reclutan son familiares, o partícipes de la trata, y utilizan violencia emocional, sicológica, económica y física para tener a la persona esclavizada, y obviamente el abuso sexual.

    —¿Cómo se puede facilitar el acceso de las víctimas a la Justicia?

    —Cuanto más visible se haga el delito, más se hable de que es una violación de derechos y que la comunidad lo sepa, más fácil es que la víctima se informe y logre buscar asistencia. Lo crítico es que esa única vez que la persona se encuentra con alguien que pueda escucharla, sea el vecino, la maestra o la dueña de un local donde le hacen las uñas, que esa persona sepa lo que es la trata y pueda darle un número de teléfono. Que los centros de salud estén informados, que haya campañas de información, que el policía sepa lo que es la trata, que el fiscal reconozca que ese delito está tipificado. Que se reconozca que si la niña trabaja en un almacén o bar y hay un empleador que la está explotando y el padre es cómplice, que se le lleve a enjuiciamiento y no solo sea una palmada en la mano. Información, información y educación.

    —¿Qué inquietudes o dificultades le plantearon policías y fiscales durante los cursos?

    —Lo que más les preocupa es que los mecanismos legales no estén actualizados por lo sofisticadas que son estas redes de crimen organizado. Las redes son muy sutiles, los tratantes lo están haciendo desde hace mucho tiempo, hay mucho beneficio, y la ley va muy despacio y el cambio no llega. Entonces se sienten como que no tienen herramientas suficientes para poder enjuiciar. También les preocupa que los juzgados no estén sensibles al tema. Por ejemplo, que en un caso de una niña de 14 años que está siendo explotada por un hombre de más de 30 años, se vea eso como un noviazgo, y no como lo que es: un caso de trata donde la chica, a cambio de algo de comida para la familia, un techo, provee servicios sexuales.

    —Usted también trabaja con violencia doméstica. ¿Se trató ese tema en los cursos?

    —En todas las conversaciones que tuvimos se trajo a colación el tema de la violencia doméstica. Yo estuve visitando una de las comisarías en Montevideo que tienen atención a víctimas de violencia doméstica. Lo hice informalmente y conversé con uno de los comisarios. Están muy preocupados por el número de feminicidios. Reconocen que los recursos son muy limitados, los servicios son limitados, la necesidad de proveer servicio a largo plazo. Una víctima de violencia doméstica no se ve libre del abuso con una sola vez que recurra a la Policía.

    El problema es que, cuando hay riesgo de violencia inmediata, los refugios y servicios son para aquellas personas que están en ese momento en peligro, no aquella que tal vez el novio le ha golpeado por años y ahora ya no la golpea pero la violencia es emocional y económica. ¿Qué hacemos con esas personas?