Para el fiscal de Corte, las políticas de seguridad “han fracasado” por la gran descoordinación entre los organismos del Estado

En su opinión, el fracaso de las “dos teorías” que se aplicaron se explica por la falta de una acción coordinada entre los distintos organismos del Estado.

“Se habla de política pública de educación, de salud, pero no hemos hablado de una política pública de seguridad”, señaló.

Para el fiscal de Corte, esta política tiene que incluir cuatro acciones básicas pensadas “estratégicamente en conjunto”: la prevención, la conjuración (acciones del Estado cuando, una vez cometido el delito, se reprime inmediatamente para buscar que cesen sus efectos), la investigación y la persecución penal.

“Si no nos sentamos los responsables políticos y definimos acciones conjuntas, claras (...), lo que va a seguir pasando es que vamos a seguir gastando muchísimo dinero y muchísimos recursos y no vamos a tener los resultados que estamos buscando”, afirmó.

“Porfiada”.

Como ejemplo de esto, el fiscal mencionó la estrategia de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que impulsó una ley para constituir en una falta penal lo que antes era una infracción de tránsito. Sin embargo, “más allá de que exista una ley que tipifique una falta”, en “muchos lugares los fiscales no las están persiguiendo”. “La realidad es más porfiada que cualquier ley”, opinó.

Ese es un “ejemplo típico” de la falta de una estrategia común entre los organismos estatales. Es una “clara disfuncionalidad del sistema: una parte del Estado va para allá y la otra va para allá”, afirmó. “Las acciones tienen que estar coordinadas, en la misma dirección. Si no, estamos dilapidando dinero, recursos, esfuerzos”, razonó.

Lo mismo ocurre, a su juicio, con la iniciativa del Ministerio del Interior para retirar a las personas de los espacios públicos. “Se insistió, se insistió, se insistió, se aprobó una ley, ¿y cuál es el resultado? Es el típico ejemplo donde las tareas de prevención, conjuración, investigación y represión van una para allá, la otra para allá y la otra para allá. Conclusión: el resultado es nulo”.

El Poder Judicial informó meses atrás que los jueces de faltas no procesan a las personas por dormir en espacios públicos porque la Policía, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Intendencia de Montevideo (IMM) no cumplen con los requisitos que exige la ley (Búsqueda Nº 1.767).

“El Estado debe diseñar y armar estratégicamente todas las acciones tendientes a un determinado fin, porque si cada uno de los actores hace lo que le parece, seguramente el resultado no sea el deseado”.

“Sensación térmica”.

El fiscal destacó que la seguridad es uno de los temas que más preocupan a la población. En su opinión, no se trata de “percepción” ni de “sensación térmica”, ya que los números demuestran que el problema es real.

Según datos del Ministerio del Interior, en el año 2013 se presentaron 199.908 denuncias, a partir de las cuales se iniciaron 34.549 investigaciones judiciales (17,28%). “El 83% de las denuncias quedaron en la órbita administrativa. Ni siquiera hubo un juez que dijo ‘mándeme los antecedentes’. Es decir que el 83% de las personas que fueron a la Comisaría a presentar una denuncia se quedaron sin respuesta”, explicó el fiscal. De las investigaciones iniciadas, solo el 4,5 % terminó en una imputación (9.127). Esas cifras, sostuvo Díaz, “son una demostración clara del fracaso”.

“Para un sistema que no reconoce otra forma de resolver un conflicto de esta naturaleza que no sea una imputación penal, el 95% (de las denuncias) quedan impunes. Eso es un sistema absoluta y totalmente ineficiente”, insistió. “Necesitamos aumentar el porcentaje de eficacia. Esto es lo que genera sensación de inseguridad en la gente y sensación de impunidad en los autores del delito”, evaluó.