Para el sindicato del INAU, los procesamientos por “tortura” no existirían si hubiera estado vigente el nuevo protocolo de actuación

La situación derivó en denuncias cruzadas entre la administración y los trabajadores que evidenciaron la necesidad de un protocolo claro y definido de cómo actuar ante situaciones de conflicto.

Cuando sea necesario reducir a los internos, los funcionarios deberán inmovilizarlos, buscando que queden tendidos boca abajo en el suelo y sujetar sus brazos por la espalda con esposas o precintos y las piernas con grilletes.

Si el preso está armado, la reducción requerirá de tres a cinco funcionarios. En el último caso, cada uno tomará una extremidad y el quinto será quien le coloque las esposas y grilletes.

Esto, a juicio de López, es la prueba de que “hubo una exageración con el dictamen judicial y la denuncia que hizo Fulco”, porque “lo que pasó en el Ceprili no está muy alejado del nuevo protocolo”.

“Si este protocolo estaba vigente antes de lo sucedido en el Ceprili, no hubiera pasado nada, salvo a quienes se excedieron en las patadas, porque lo que hizo el resto es exactamente lo que se acordó”, dijo a Búsqueda el presidente del Suinau.

Cuando los desacatos sean de un grupo de adolescentes, el mecanismo será aislar el lugar del desorden del resto del centro mediante rejas. Los funcionarios deben tratar de dialogar, dar aviso a las autoridades para pedir refuerzos y reducir a los adolescentes hasta lograr llevarlos a sus celdas.

En el momento del conflicto, los funcionarios serán quienes decidan si reducir o no y simultáneamente deberán avisar a las jerarquías del centro. Ante las diversas situaciones se prevé en primera instancia que sean contenidos por los trabajadores del lugar. Si no es suficiente, ingresará un grupo especial de contención y si no logran recomponer el orden dará apoyo la guardia policial externa, con participación de trabajadores del Sirpa. Si no es posible controlar la situación, la intervención “queda en manos de fuerzas del Ministerio del Interior”.

Consultada por Búsqueda, Fulco no realizó declaraciones sobre lo ocurrido en el hogar Ceprili por estar involucrada en el proceso judicial. Sobre el protocolo indicó que es “el primer paso” para “contemplar la normativa internacional en derechos humanos” y que también están “trabajando en la revisión de los regímenes de visitas y de sanciones”.

“En estos sistemas la mejora continua es un eje y nadie puede decir que lo que hagamos hoy no tengamos que revisarlo de nuevo el año que viene, porque las características que tiene la privación de libertad exige que tenga que estar en estudio permanente. Ahora estamos en este básico, pero luego serán otros”, agregó.

Chorro de agua y gas.

Durante semanas, autoridades y trabajadores intercambiaron propuestas de acción más específicas que finalmente no fueron contempladas en el reglamento.

Un primer borrador enviado por las autoridades del Sirpa planteó que a las personas reducidas se las sentara “en el piso de cara a la pared para disponer luego su traslado”. Esto fue rechazado por los sindicalistas, ya que consideran que el menor sentado tiene más posibilidades de hacerse daño que si está contenido boca abajo en el suelo.

Se incluía el chorro de agua “como medida de de­sestabilización frente a un grupo” para “ganar terreno y avanzar”. El gas líquido, “que no es letal”, podría considerarse como un elemento para la reducción. En ambos casos se advertía que se debía “considerar su incorporación previa consulta médica y jurídica”.

Y para el ingreso a las celdas se pensaba en un equipo de seguridad que contara con casco, chaleco anticorte, guantes antideslizantes y escudo. Finalmente, eso no fue contemplado.

El acuerdo alcanzado no entró en vigencia, ya que el Directorio del INAU pidió que se determine también un régimen de trabajo diario en cada centro, lo que aún no fue definido.