Paraguay y el Mercosur (II)

El canciller Almagro no reconoce al actual presidente Franco (ex vicepresidente de Lugo) por considerar que hubo un golpe de Estado parlamentario. Desconoce al nuevo presidente por dos motivos: “la rapidez y urgencia” con que se llevó adelante el juicio político y porque “no han terminado las investigaciones de los desgraciados hechos del 15 de junio” en relación a la masacre que acabó con la vida de 17 personas (declaración del 26 de junio de 2012 del Ministerio de Relaciones Exteriores). Ambos argumentos son de rechazo. El requisito del debido proceso que reclama Almagro para que Lugo defienda su gestión lo marca el tiempo que requieren los diputados para acusar y los senadores para juzgar. Si fue rápido o lento, no le compete a Almagro ni a Mujica —como representantes del Estado uruguayo— hacerlo. Tampoco es de recibo que las investigaciones por la masacre de campesinos no hayan culminado; no se exige la comisión de un delito, sino la valoración negativa de la gestión del presidente Lugo. A diferencia de nuestra Constitución, que prevé el juicio político solo por violación de la misma y por cometer delito, en Paraguay se faculta a los legisladores a destituir al presidente por valorar de forma negativa su gestión. La diferencia en este punto es que la Constitución de Paraguay es más parlamentaria, mientras que la uruguaya es más presidencialista. Esa es una cuestión medular a la hora de entender el mecanismo del juicio político en Paraguay.

De este breve análisis se puede concluir que la institucionalidad y legitimidad de la medida adoptada por el Parlamento paraguayo es legítima y digna de un país soberano e independiente. El hecho de estar o no de acuerdo con la posición adoptada por los legisladores va en cada uno, pero hablar de un “golpe de Estado” o “golpe de Estado parlamentario” es desconocer la soberanía del Paraguay y la vigencia de su Constitución aprobada en 1992. También corresponde destacar que la “suspensión” del Paraguay como miembro del Mercosur es improcedente por no haber consultado a dicho país como lo establece el Art. 4 del Protocolo de Ushuaia (normativa del Mercosur). Nuestro país vulnera normativa del Mercosur y no respeta el debido proceso que tanto ha criticado el propio Almagro. Es que el canciller afirmó (en el programa “En Perspectiva”) que el hecho de que los cancilleres de la Unasur se encontraran en Asunción al momento de la votación del Senado era suficiente para adoptar dicha solución por conocer “de primer mano in situ la situación”. No comparto ello en absoluto y considero que improvisar consultas sin ser formalmente hechas al Estado paraguayo es peligroso e ilegítimo. Además hay que agregar que Almagro violó el Art. 41 de la Convención de Viena por constituir una injerencia indebida en un país extranjero al comparecer y solicitar elecciones anticipadas.