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Entre 2004 y 2014 Uruguay vivió un “auge económico” como consecuencia de un rebote de la crisis previa, el impulso de la demada externa —que elevó los precios de las materias primas— y la aparición de algunos nuevos rubros de exportación, como la soja y la pasta de celulosa. Pero ya sin el soporte que llegó de afuera, algunas reformas que desmantelen “limitaciones” para el sector privado, contribuirían a recuperar el crecimiento sostenido.
Natasha Che, del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), realiza ese análisis en uno de los documentos que elaboró la misión de monitoreo del país que visitó Montevideo a fines del año pasado; el Directorio Ejecutivo del organismo aprobó en febrero la revisión anual a la que deben someterse sus miembros.
Como parte de su estudio —titulado Diseccionando el crecimiento económico de Uruguay—, Che comparó el desempeño del país respecto a dos grupos: uno, conformado por economías (como Austria, Hong Kong, Alemania, Israel, Portugal, Corea del Sur, Singapur y Taiwán) que alguna vez estuvieron en un nivel de ingresos similar y luego convergieron rápidamente con aquellas más avanzadas; y otro, integrado por exportadores competidores de Uruguay (Argentina, Australia, Paraguay, Nueva Zelanda, Guyana y Surinam). Tras ponerlo frente al espejo de esos “pares” de alto crecimiento o rivales comerciales, la economista sostiene que Uruguay debe darle continuidad a la estabilidad macroeconómica, así como ofrecer un mercado laboral “fuerte, flexible y equitativo”, mejorar los resultados educativos para contar con recursos humanos más productivos y favorecer un “mayor dinamismo” del sector empresarial.
El ciclo de auge
De la “disección” de los años recientes de crecimiento económico surge que el auge de los precios de los productos básicos (commodities) —debido a la mayor demanda desde China— tuvo un “gran impacto en la estructura de exportación de Uruguay”. La producción y los envíos al exterior de soja aumentaron de volúmenes: de prácticamente insignificantes a principios de la década de 2000 a representar 15% de las exportaciones totales en 2014.
Además, algunas políticas gubernamentales incentivaron el crecimiento de nuevas industrias de exportación —como el software y los servicios relacionados (que están exentos del impuesto sobre la renta), lo mismo que las fábricas de pasta de celulosa radicadas en el país—.
Otro factor que según Che explicó el auge económico hasta 2014 fue la llegada de inversión desde Argentina, ante un entorno político adverso en ese país.
Por otro lado, los tipos de cambio nominales y reales se apreciaron durante el período de auge, en línea con las tendencias regionales; ello tuvo un efecto sobre los ingresos que impulsó la demanda interna a corto plazo.
Che también resalta que se dio un crecimiento de la productividad total de los factores (PTF), que pareció más fuerte justo en los años de bonanza.
Pares y reformas
¿Qué reformas estructurales necesita Uruguay para que el crecimiento sea más sostenible?, se preguntó la funcionaria del FMI, y buscó respuestas en las comparaciones.
Por ejemplo, Uruguay está equiparado a los dos grupos de referencia respecto a algunos aspectos del entorno empresarial, aunque advierte que las mejoras que se dieron en años recientes no se tradujeron en un mayor dinamismo del sector privado local. Lo dimensiona señalando que el número de nuevos registros de empresas por cada 1.000 adultos es 70% más bajo que ambos grupos de “pares”, con una tendencia descendente en los últimos 10 años.
Desde el punto de vista macroeconómico, en Uruguay “todavía hay espacio para nuevas mejoras”: el nivel de deuda pública, la volatilidad del tipo de cambio real y el grado de dolarización son superiores al promedio de los grupos de comparación. Además, la inflación de Uruguay es “mucho más alta” que la del grupo de pares de alto crecimiento y también que la de sus rivales comerciales (incluso quitando del grupo a Argentina). Mantener baja y estable la inflación ayudaría a reducir la dolarización y la indexación de precios, profundizar los mercados financieros y aumentar la efectividad de la política monetaria, sostiene Che.
La tasa de inversión en Uruguay es “baja” respecto a los pares de los dos grupos de referencia, lo mismo que el crédito comparado con el Producto Bruto Interno. Por otro lado, el crecimiento de la PTF ha sido menor que el de los pares de alto crecimiento; en Uruguay, el aumento fue de poco más de 1% anual, cercano a su propio promedio histórico, mientras que en la actualidad ronda el 0%-0,5%.
Por otro, la calidad de la infraestructura de transporte está por detrás del grupo de alto crecimiento. Más aún, en los años de auge no hubo un aumento significativo en las inversiones en este rubro y, como resultado, el stock de infraestructura general se deterioró ligeramente, afirma la economista.
Luego sostiene que Uruguay, con una pequeña economía abierta sujeta a grandes shocks macroeconómicos, precisa de un “grado adecuado de flexibilidad del mercado laboral para permitir la reasignación sectorial de trabajadores a los empleos necesarios para el crecimiento de la productividad (microflexibilidad) y para mantener el empleo en un nivel alto (macroflexibilidad)”.
En relación con ese asunto, agrega que el incremento de la población es bajo en comparación con países de alto crecimiento en una etapa de desarrollo similar. Al mismo tiempo, aunque la provisión cuantitativa de la educación uruguaya se encuentra alineada con la de ese grupo, la calidad de su capital humano “está rezagada”.
En tal sentido, insiste en cuanto a que un mercado laboral “fuerte, flexible y equitativo es clave para apoyar el crecimiento inclusivo frente al bajo crecimiento de la población y la disminución de la participación en la fuerza laboral”. Eso ayudaría a la asignación de mano de obra a sectores de alta productividad.
A modo de llamado de atención, Cha incorpora otro aspecto, por fuera de lo estrictamente económico. Si bien la delincuencia en Uruguay sigue siendo reducida en relación con los pares de la región, el reciente aumento en las tasas de criminalidad debe abordarse “antes de que se vuelva macrocrítico o afecte la percepción sobre la aplicación de la ley”.
