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He seguido con cierta incredulidad el apresurado proceso de selección de los patrulleros oceánicos (OPV), sin tener claro qué razones conducen a elegir esos buques o cómo se interactuó desde el principio con un astillero en particular, más allá de la duda razonable.
Invitado a la Feria Internacional de la Defensa en Madrid 2023, el subsecretario de Defensa Rivera Elgue viajó a España en mayo de este año. El detalle es que la visita fue precedida de otra al astillero Cardama en Vigo, generada específicamente por una misión oficial con costo al Estado, para la cual se abonaron pasajes aéreos y viáticos, tal como detalla la resolución de Presidencia 4.584 del 12 de mayo de 2023, donde se lee: “se estima conveniente la concurrencia” al astillero Cardama del 13 al 16 de mayo. Sería muy interesante conocer el porqué de la “conveniencia” de financiar con dinero de todos los contribuyentes la concurrencia del subsecretario de Defensa a un varadero civil en particular, dedicado prácticamente a la reparación de pesqueros y que no figura en ningún catálogo de la Industria de Defensa del Ministerio de Defensa de España. En otro orden, tampoco figura en ningún plan del actual Ministerio de Defensa Nacional reactivar o apoyar la construcción de buques para renovar la menguada flota de pesquera de nuestro país, una actividad claramente vinculada a la “defensa de los intereses marítimos” del Estado.
Sobre los detalles de ese viaje, nada dijo el ministro García a la pregunta del panelista Leonardo Haberkorn en su programa televisivo; solo que detrás de la compra había “muchos intereses”. Ninguna palabra sobre las razones de “conveniencia” por parte del propio ministerio o de los “intereses” del mismo en asistir a este único astillero y ningún otro, ni siquiera los de la misma región que también invitaron. El subsecretario expresó recientemente que llevó 90 preguntas para efectuar. Preguntar no es evaluar, verificar o inspeccionar. Seguramente un oficial naval profesionalmente especializado en la construcción naval o un perito que supervisara el astillero, hubiera proporcionado una opinión institucional objetiva sobre las reales capacidades de Cardama.
Posteriormente al regreso de esta “misión”, toma estado público un informe generado por el jefe del Estado Mayor de la Armada, cuya opinión califica al astillero Cardama como la última opción de todas las ofertas recibidas, basado en que el mismo no tiene demostrada experiencia técnica en la construcción de patrulleros de alta mar (OPV) en los últimos 15 años, carece de antecedentes en la construcción de cualquier otro buque de tonelaje similar o mayor al del proyecto y tampoco ha construido al menos un casco como el del buque ofertado. Le faltó agregar que desde el varadero Cardama no se ha lanzado al agua ni un solo barco nuevo en el último quinquenio, simplemente ninguno.
Por directivas o motu proprio, se conoció que el subsecretario envió una carta el 5 de junio (carta 012/SUB-SEC/2023) al embajador de España en Uruguay (de la cual se desconoce el texto), que generó una respuesta con fecha 13 de junio y fue presentada a la Comisión de Defensa del Senado el 7 de agosto por el ministro García: “Al respecto quiero hacer un aporte, que es una nota que recibimos del gobierno español, el 13 de junio de 2023, dirigida al coronel Rivera Elgue, subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional”. Es de acotar que no se recibió una nota como un apoyo genérico del gobierno español a la industria naval de ese país, lo cual sería entendible; fue pedida expresamente para esta única empresa privada por el propio subsecretario, sutil diferencia.
La misma, según lo leído, expresa: “De acuerdo a la información que obra en nuestro poder, la empresa mencionada es un astillero español civil fiable y conocido”. No es claro el motivo por el cual pedirle credenciales de este astillero al embajador de España si se lo había visitado una semana antes. ¿Quedaron dudas después de 90 preguntas y 3 días de visita sobre la solvencia técnica y económica de la empresa? Ante la duda, ¿por qué no se preguntó a nuestra embajadora en Madrid o se verificaron avales bancarios y contratos recientes? Luce un tanto arbitrario que previo a un proceso de selección, urja tanto “interés” en disponer de una nota específica y de este tenor únicamente para el astillero Cardama,
Pocos días después, el 22 de junio, por resolución del ministro de Defensa, se constituye una Comisión Asesora, cuyo cometido será asesorar sobre las propuestas recibidas de los diferentes astilleros. Presidirá esa comisión el subsecretario de Defensa Cnel. Rivera Elgue; será seleccionado el astillero Cardama como la mejor opción.
Ante la secuencia de hechos, son inevitables ciertas dudas que no conducen a considerar que este proceso de selección haya sido “tan” transparente. Que un jerarca del ministerio visite e interactúe con una única empresa privada sin credenciales y sin actividad que respalde su propuesta de OPV; que pida el apoyo al representante del gobierno español para disponer de una respuesta sin sustento jurídico alguno, pero que se presenta como contención frente a la información difundida en medios especializados sobre las limitaciones de la empresa o los argumentos derivados de un análisis interno de la Armada; que posteriormente acepte presidir una comisión de selección donde esa empresa “se encuentra entre las posibles seleccionadas”; que esa misma empresa resulte favorecida ignorando completamente su falta de antecedentes constructivos y nulos contratos recientes; que la nota solicitada por el mismo jerarca se presente a la Comisión de Defensa del Senado como garantía irrefutable de respaldo al astillero seleccionado cuando la información accesible en páginas oficiales y la legislación europea claramente indican lo contrario, ¿es ético? ¿Es la mejor opción para Uruguay arriesgar sus limitados recursos en esta empresa? Sinceramente no veo muy claras las razones.
A veces, como escribió Antoine de Saint Exupéry: “Para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada”.
