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    Penélope

    N° 1929 - 03 al 09 de Agosto de 2017

    , regenerado3

    El anuncio de que Aratirí le hará juicio al Estado uruguayo por “dañar” su inversión, las quejas de Katoen Natie que negocia la venta de su participación en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, las frecuentes iniciativas generadas desde perspectivas sociales para acotar exoneraciones fiscales concedidas a inversores extranjeros, ensombrecen los esfuerzos gubernamentales para crear un clima favorable a la radicación en el país de emprendimientos productivos.

    Una y otra vez el oficialismo expone la convivencia de concepciones bien diferentes sobre los beneficios de la radicación de inversiones extranjeras. Recuerda la imagen de La Odisea que describe a Penélope tejiendo de día y destejiendo, a escondidas, de noche.

    A diferencia de esa sutil maniobra de Penélope mientras espera el retorno de Ulises, aquí nada ocurre a escondidas, sino a la luz del día.

    Desde el gobierno y el sector privado se realizan esfuerzos para interesar a inversores a radicar emprendimientos productivos en el país.  Otros compatriotas generan ruido político que desalienta a interesados. Plantean nuevas exigencias o procuran imponer más y más exigencias y compromisos, convencidos quizás de que somos el ombligo del mundo. Y como si los inversores no tuvieran otras opciones donde desarrollar sus negocios.

    En 2007, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, Aratirí inició tratativas con la administración para que se autorizase su proyecto de explotación del hierro de Valentines.

    Pese a los cuestionamientos y a las resistencias legales, ambientales y políticas que la iniciativa enfrentó desde un primer momento, la empresa fue autorizada a realizar estudios y encaminar el armado de su proyecto. Entusiastas jerarcas gubernamentales consideraban a Aratirí “la inversión extranjera más importante de la historia del Uruguay”.

    El proyecto implicaba la explotación de los yacimientos de Valentines, un mineroducto para transportar el hierro hasta la costa de Rocha y la construcción de una terminal oceánica desde donde exportar el mineral.

    La minera Zamín Ferrous anunció una inversión de US$ 3.000 millones que daría trabajo a unas 6.000 personas en las distintas etapas del proyecto. Mientras tramitaba los permisos correspondientes, la empresa invirtió tiempo y capital, contrató personal y encargó estudios necesarios.

    La dirección y gestión del proyecto fue confiada al ingeniero Fernando Puntigliano, expresidente de la Administración de Puertos (2005-2010), con experiencia en el gerenciamiento de un proyecto aeroespacial en Hamburgo, Alemania. Con un plus. Militante socialista, Puntigliano había regresado al país para asumir la presidencia de la ANP tras el triunfo del Frente Amplio.

    Todo parecía andar sobre ruedas. Pero la sanción en setiembre de 2013 de una nueva ley de minería (19.126) que modificó el marco jurídico y dos meses después la postergación de la firma del contrato de inversión ante la falta de autorización ambiental y otras habilitaciones generó dudas sobre su concreción. Y poco a poco el proyecto se desvaneció.

    Hace dos semanas, representantes de la empresa comunicaron que habían iniciado una demanda contra el Estado uruguayo por incumplimiento del Tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido y Uruguay. Según refiere la demanda de la minera, el gobierno “incentivó desde el comienzo el desarrollo del proyecto”, pero luego “implementó cambios a las reglas de juego afectando (su concreción) específicamente (…) y de forma retroactiva”. En su presentación se quejó también del cambio de ubicación de la terminal oceánica y dijo haber invertido “decenas de millones de dólares en estudios” (Búsqueda, 26/7/2017).

    Sin perjuicio de las dilatorias y eventuales cambios de las reglas de juego, el proyecto capotó por la caída del precio internacional del hierro que pasó de US$ 135 dólares la tonelada en diciembre de 2013 a US$ 60 dos años después. La explotación sería rentable a partir de un precio de US$ 100 la tonelada.

    Resolver sobre la demanda dependerá de un Tribunal de tres miembros, uno por cada parte y un tercero acordado.

    En medio de una guerra comercial librada por la operación de contenedores en el puerto de Montevideo, que incluye acusaciones cruzadas con su principal contendiente (Montecon, que opera en los muelles públicos), Katoen Natie, el accionista mayoritario de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), anunció en mayo su decisión de vender su participación en dicho negocio (80%). El restante 20% pertenece a la ANP.  

    La firma, de capitales belgas, que opera la terminal tras ganar la licitación convocada por el gobierno de Batlle en 2001, pagó US$ 17,1 millones y financió las obras de construcción por sus derechos por 30 años. Continuará en el país en otros negocios logísticos, pero se retira de la TCP.

    No lo ha mencionado, pero sus frecuentes quejas sobre acciones de la administración portuaria que entiende favorecen a su principal competidor, y que a su juicio supone un cambio de las reglas del juego que desconoce sus derechos y perjudica sus intereses, están en el centro de su decisión.

    Periódicamente los uruguayos asistimos a controversias más o menos explícitas entre gobernantes, legisladores y dirigentes políticos oficialistas sobre las ventajas o riesgos de la radicación de inversiones extranjeras en el país. Sobre los beneficios de proyectos que aportan capital, experiencia, conocimientos y que generan trabajo formal. La controversia no radica en la negación de tales evidencias, sino en las facilidades, los beneficios que se otorgan a tales emprendimientos, en la expatriación de las ganancias. Objetivo a perseguir por cultores del igualitarismo y del socialismo. Por quienes se resisten al capitalismo y a los mercados competitivos.

    El mejor y más notorio ejemplo del aporte al crecimiento del país, ciertamente no el único, ha sido la fenomenal transformación del agro a partir de la radicación, vía compra o arrendamiento de campos, de productores argentinos que resistían la política impositiva de los gobiernos kirchneristas. Su inversión, su aporte a mejorar la producción, valorizó los campos y resultó un ejemplo imitado por muchos productores compatriotas. Un proceso similar está en la base del crecimiento de la economía paraguaya.

    Quienes por razones ideológicas o sensibilidad social cuestionan la economía de mercado sueñan con satisfacer toda demanda social. Para financiar sus proyectos políticos y hacer justicia procuran recursos limitando exoneraciones fiscales o afectando las ganancias de los inversores.

    Durante el gobierno de Mujica esas dos concepciones, esa doble punta de lanza (MEF y OPP) alentada por el propio presidente convocó a invertir en el país y a la vez concibió iniciativas para apropiarse de parte de las rentas de los factores productivos. El impulso y su freno.

    En la narrativa homérica, tejiendo y destejiendo, Penélope esperó 20 años el regreso de Ulises. En la vorágine del mundo de hoy, dejar pasar el tiempo tiene un costo. Resignar oportunidades. Dejar pasar un tren que quizás no vuelva a pasar otra vez. Es un costo que venimos pagando hace años.