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El tiempo y la energía que perdemos en discutir la prórroga al plazo del referéndum para eliminar artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) es parte de nuestra idiosincrasia como país. Lo que están planteando los promotores de esa iniciativa es inconstitucional, según argumentan prácticamente todos los constitucionalistas, y por lo tanto los legisladores no deberían ni siquiera considerarlo. Si así fuera, serviría para no seguir alimentando esa vieja costumbre de los uruguayos de prolongar asuntos que ya están resueltos, en lugar de seguir adelante en procura de objetivos más importantes.
Lo que está claro además es que el referéndum en cuestión no surge de un gran reclamo popular, ya que la mayoría de los ciudadanos ni siquiera sabe qué es lo que se cuestiona y siente que la discusión no los afecta. La iniciativa responde simplemente a lo que algunos grupos de izquierda más radicalizados imaginan para nuestro país, y que no es para nada representativo de los uruguayos. Por el contrario, es evidente que muchos de ellos apoyan algunos de los artículos cuestionados en la propuesta, como los instrumentos para lograr una mayor seguridad, la no bancarización y otros.
Como consecuencia, este tan prolongado y discutido referéndum no será más que una pérdida de tiempo y dinero, con la única utilidad de permitir que los grupos más radicales ejerciten su músculo político. Encima, el sistema de democracia directa —que puede ser útil pero solo en casos extremos— queda perjudicado y desgastado cuando es utilizado en forma caprichosa por minorías.
Nuestra Constitución los hablita a intentarlo y están en todo su derecho, pero en casi todos los casos anteriores quedó demostrado que la mayoría de los habilitados a votar prefieren confiar en sus representantes antes que entrar en el debate directo. Una decisión sabia, por cierto.
Tan claro es que el referéndum no cuenta con un apoyo mayoritario que la Comisión pro Referéndum perdió 161 días de los 365 que le garantiza la Constitución en ponerse de acuerdo sobre qué pretende derogar. No solo eso, sino que pide la prórroga mucho antes del día señalado para la entrega de firmas, a sabiendas de que eso le permitirá activar la militancia y jugar con la lentitud de la respuesta, mientras recurre a todo tipo de artimañas para sumar firmas, como ocurre con las ollas populares.
Retomando el tema desde el abuso de las instituciones democráticas, es interesante recoger la opinión del politólogo Óscar Bottinelli en una columna publicada por El Observador y la página web de Factum. “La no pertinencia de la prórroga parece clara. Lo que no queda claro es si quienes promueven esa prórroga son conscientes que lo que proponen es hacer afectar seriamente las fuertes garantías electorales que se fueron consolidando en el Uruguay a lo largo de un siglo. Una vez que se puede prorrogar algo una vez, y luego otra, ya nadie podrá detener que, por una ley o una mayoría en la Corte Electoral, se encuentren razones de fuerza mayor para prorrogar las elecciones nacionales o el balotaje, y con ello se prorroguen los periodos de gobierno y las legislaturas. Es mucho lo que está en juego en términos históricos”, señaló Bottinelli con mucho tino y precisión.
El error original fue la postergación de las elecciones municipales en mayo hasta setiembre del 2020, cuando los legisladores se atribuyeron potestades que nadie les confirió. La excusa fue la emergencia sanitaria, en una visionaria suposición de mejoría. Pero como era de esperar, después de que los partidos acuñaron entre todos una violación al contrato ciudadano, se establecía una vía libre para lo que sucede hoy. Dejemos aquel episodio como una mala excepción y retomemos el camino que plantea nuestra estructura democrática. No perdamos tiempo, y sigamos adelante con nuestros objetivos, sean los urgentísimos que tenemos hoy o los de más largo plazo.
