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Mientras el gobierno defiende el pasaje de los fiscales del Ministerio de Educación y Cultura a la Presidencia de la República y asegura que ese cambio no modificará “en nada” la independencia técnica de esos magistrados, desde la oposición se señala que la iniciativa representa una “grosera inconstitucionalidad” que busca esquivar el control parlamentario.
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El futuro prosecretario de la Presidencia Juan Andrés Roballo dijo a Búsqueda que aún se está trabajando en la estructura del proyecto de ley, que estará pronto el 1º de marzo, y enfatizó que “de ninguna manera” supone menoscabar la independencia de los fiscales.
“La independencia técnica y las garantías institucionales no van a perder sustento. No es la intención, ni está en los planes de la definición de esta herramienta”, aseguró. Roballo agregó que “no se van a tocar, ni modificar las potestades de la fiscalía” con el nuevo proyecto de ley que se enviará al Parlamento.
El futuro prosecretario de la Presidencia aclaró que no está en condiciones de ofrecer mayores detalles sobre las características del cambio, ya que se está en “proceso de definiciones”, pero indicó que será un “órgano muy importante del sistema de justicia, del que se va a cuidar la necesaria jerarquía institucional que debe tener”. Subrayó que eso no quiere decir que el futuro gobierno entienda que en la actualidad no esté garantizada la independencia. “Por el contrario: es porque le hace bien a la democracia y al Estado de derecho”, dijo Roballo.
La que encendió la polémica fue la futura ministra de Educación, María Julia Muñoz, quien en una entrevista en Radio Uruguay señaló que los fiscales, los registros y la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) dejarán de depender de esa Secretaría de Estado para pasar a una “secretaría nacional” de la Presidencia.
“Hemos trabajado con el futuro secretario de la Presidencia (Miguel Toma) y con el futuro prosecretario, y hemos visto que una pata importante de la reforma del Estado es juntar todo lo que tiene que ver con los asuntos legales, constitucionales y registrales en una Secretaría Nacional en la que están trabajando los expertos, que dependa de la Presidencia y no del Ministerio de Educación, porque entendemos que no es el lugar más apropiado”, dijo Muñoz.
La ministra designada señaló que la iniciativa se llevaría adelante por decreto una vez que comience la gestión de Tabaré Vázquez.
“Se está trabajando para un decreto en el que pasen como una Secretaría Nacional, a depender de la Presidencia, con los actuales recursos humanos, que son todos muy valiosos, muchos cargos concursados, personas de mucho prestigio y muy buen desempeño”, señaló.
“Es la dependencia la que cambia, no el estatus de las personas”, precisó, y agregó que una vez realizada esta modificación “las necesidades presupuestales que ellos planteen correrán vía Presidencia de la República”.
Fuentes oficiales dijeron a Búsqueda que el cambio se pretende llevar adelante por ley y no por decreto, lo que, según señalaron, asegura “más garantías” tanto a la oposición como a los propios fiscales. Por otra parte, no se trata de una “secretaría nacional” como anunció Muñoz, sino de otro tipo de organismo en cuya institucionalidad se está trabajando.
Según las fuentes, una de las ideas que se manejan es crear un “órgano desconcentrado”, lo que asegura la independencia de los representantes del Ministerio Público, otorgándoles más autonomía que en la actualidad. Los servicios desconcentrados son un “camino intermedio”, dijeron los informantes, porque tienen más autonomía que una secretaría, aunque tienen menos que un servicio descentralizado o un ente autónomo.
“Grosero”.
Apenas se conocieron las palabras de Muñoz, varios legisladores manifestaron su descontento a través de la red social Twitter. El senador colorado Ope Pasquet escribió: “Es claro que con las Fiscalías enPresidencia no podría funcionar el nuevo CPP (Código del Proceso Penal); ahí no habría independencia del Poder Ejecutivo sino lo contrario”. El ex candidato presidencial colorado Pedro Bordaberry se sumó a las críticas: “Los fiscales no deben depender de Presidencia de la República; esto ofende al Estado de derecho, deben ser independientes”.
El también ex candidato presidencial del Partido Independiente, Pablo Mieres, aseguró: “Decisión de trasladar Ministerio Público a Presidencia es un grave error y va en sentido contrario de la autonomía que debe tener”
El diputado nacionalista Pablo Iturralde no anduvo con vueltas. A su juicio, si esa idea prospera el gobierno caería una “grosera inconstitucionalidad”.
“Lo ideal sería que esté ubicado en una especie de ente autárquico, ni siquiera en el Ministerio de Educación y Cultura, para que tuviera más autonomía y más independencia”, opinó, y recordó que ya hay un proyecto de ley que se “acerca” a esa idea. “Ese proyecto está ahora en el Senado, tiene la firma del presidente José Mujica y el apoyo de todos los ministros. Por eso este anuncio de Vázquez nos hace pensar que no sabemos en dónde estamos parados”, dijo el diputado a Búsqueda.
“Reparos”.
La iniciativa también genera dudas en la Asociación de Fiscales. El presidente de ese gremio, el fiscal especializado en crimen organizado Juan Gómez, declaró al diario “El País” que el Ministerio Público “está regulado por ley”, por lo que le merece “reparos” que la modificación pueda hacerse eventualmente por decreto. El fiscal recordó que en el pasado la asamblea de la Asociación se había pronunciado “en líneas generales” a favor de la creación de un servicio descentralizado.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, se encuentra de licencia, por lo que no pudo ser consultado al respecto. No obstante, en diversas apariciones públicas en congresos y seminarios, Díaz dijo que está a favor de que los fiscales salgan de la órbita del Poder Ejecutivo para evitar cualquier suspicacia en cuanto a su actuación.
