Petrobras

Petrobras ingresó al mercado de gas en Uruguay en el año 2004 a través de una concesión con Conecta para el interior y en 2006 llega a Montevideo al comprar Gaz de France. Todo venía muy bien pues el gas argentino sobraba en aquel país y los precios de compra eran muy accesibles, pero los inconvenientes de nuestros vecinos se agudizaron y el precio se multiplicó por diez. Hoy, según dice la empresa, el negocio no es rentable. Ante el despido de 37 trabajadores (25% de la plantilla) de Montevideo Gas, el sindicato decidió “pasar por arriba” de la ocupación y realizar el control obrero de la empresa. Un decreto del actual presidente Tabaré Vázquez en el año 2006, habilitó las ocupaciones de los lugares de trabajo por considerarlo una extensión al derecho de huelga. Sin embargo, varios juristas consideran que este decreto es anticonstitucional y la misma OIT varias veces ha denunciado a Uruguay por esta medida, que además se aclaraba era transitoria (nada más definitivo que lo provisorio). Y tan cerca está de la ilegalidad que el gobierno decidió prohibir las ocupaciones de empresas del Estado. A los privados sí pero a nosotros no, nadie es profeta en su tierra. Lo que sí prohíbe expresamente la ley y el mismísimo decreto es el control obrero. El sindicato, sin medir las consecuencias, violó la ley, violó el decreto y se desacató ante la Justicia que horas previas advirtió de la prohibición de la medida. Y nos referimos a que no midió las consecuencias pues logró lo opuesto a sus intenciones, todos para afuera y nadie para adentro. Petrobras no solo no retomará a los trabajadores sino que además ha decidido irse del país. Ahora el desempleo no será para el 25% de los obreros sino para el 100%. Pero además, la imagen que entregamos al mundo fue: “Si querés invertir en Uruguay, acatá al sindicato”. El empoderamiento de los sindicalistas, con la complicidad del gobierno, siguió avanzando y ahora se involucra también Ancap. Comunicaron que en solidaridad con compañeros/ras del gas no le entregarán combustible a Petrobras, sin saber aún si afectará también a las estaciones de servicio. Pero nos preguntamos: ¿la Federación Ancap es la dueña de la empresa? ¿Qué o quién los autoriza a decidir a quién se le entrega combustible? Una cosa es hacer un paro y no entregar a nadie y otra muy diferente es decir a este sí y a este no. Y además, en el comunicado se aprovecha a adjudicarle todas las culpas a la “derecha salvaje” y salir como la única defensora de causas sociales y contra el neoliberalismo a la “izquierda”. Otra vez los malos allá y los buenos acá. Falta que también se solidarice la UTE y le corten la luz, OSE y la dejen sin agua, Antel y liquide las comunicaciones. Asombroso el disparate, que, si de algo estamos seguros, es que no defiende los puestos de trabajo y tampoco a los clientes de Montevideo Gas. Sentarse a una mesa a dialogar las autoridades de Petrobras y el sindicato, a esta altura es imposible por las medidas tomadas por ambas partes. Pero debería interceder el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y de Economía, buscando una salida conveniente que seguro la debe haber, donde se mantenga el servicio activo y se atienda a los trabajadores. Es más barato para el país un nuevo seguro de paro privilegiado en su extensión que estos papelones al mundo que solo logran espantar a quien tenga la vaga idea de venir a invertir.

Sergio Barrenechea Grimaldi

CI 1.978.723-5