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El aporte que realizan los profesionales recibidos de la Universidad de la República (Udelar) al Fondo de Solidaridad se ha transformado en los últimos días en un tema de discusión entre los egresados del nivel terciario. Un cambio legal llevó a que el pago que antes se realizaba anualmente se deba hacer mes a mes desde el 10 de enero de 2017, y esto se suma a la modificación en las franjas de aportes que comenzó a regir el año pasado.
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Ante ese panorama, los profesionales analizan con más atención esa contribución que funciona como una ayuda para colaborar con los gastos extras que tienen los estudiantes que buscan completar el tercer nivel de estudios, pero cuyas limitaciones económicas no les permitiría cubrir los costos que exceden la gratuidad de la enseñanza pública universitaria. Las críticas se centran en el diseño del aporte que, al ser un cargo fijo en función de la duración de las carreras, puede generar desigualdades. Por ejemplo, una mujer perteneciente al primer quintil de ingresos del área médica paga en promedio 1,3% de su ingreso anual al Fondo, mientras que el promedio de aporte de todo el sistema es de 0,5%, según un estudio preliminar del economista Francisco Pareschi al que accedió Búsqueda. Ese mismo análisis señala que en algunas carreras los egresados terminan devolviendo hasta 10% de lo que costaron sus estudios, mientras que en otras la cifra aumenta hasta el 30%.
Sobre fines de 2016 se aprobó la Ley Nº 19.355 que establece ciertos cambios al esquema de aportes al Fondo de Solidaridad: el mínimo ingreso promedio mensual que originalmente era de 4 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) se duplicó (el monto actual es de $ 28.888). El otro cambio establecido fue la incorporación del aporte gradual a través del cual durante los primeros cuatro años el egresado no tiene que realizar la contribución, para luego pasar a pagar la mitad desde el quinto año y el monto total a partir de los nueve años de recibido. El aporte finaliza una vez transcurridos 35 años de contribución o con el cese de toda actividad remunerada por jubilación o enfermedad.
El estudio de Pareschi fue elaborado en el marco de una investigación financiada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) sin tomar en cuenta estos cambios y con datos oficiales de 2013. Entre los principales problemas que encuentra el economista está la desigualdad que trae aparejada el aporte a través de partidas fijas. Quienes se ven más perjudicadas son las mujeres ya que, según cálculos propios, solo en las carreras de Ciencias e Informática tienen ingresos promedio por encima de los hombres. Mientras, en Ciencias Sociales, Arquitectura, Agricultura, Ciencias Médicas y Ciencias Económicas los egresados varones llegan a ganar en promedio $ 20.000 más que las mujeres (ver Búsqueda Nº 1.833).
El sistema de aportes toma en cuenta el ingreso del egresado solo para definir si debe contribuir. Una vez que esto sucede, lo que importa es la cantidad de años que duró su carrera. Los cursos que tienen una duración menor de cuatro años aportan 1 BPC anual, aquellos que requieren entre cuatro y cinco años pagan 2 BPC, y si la carrera tiene una duración igual o mayor a 5 años de estudio se debe abonar 2 BPC al Fondo de Solidaridad y 5/3 de BPC adicionales para obras de infraestructura de la Udelar.
Si bien el objetivo del Fondo no es el de recuperar lo que costó la educación terciaria recibida, Pareschi toma ese enfoque para graficar las heterogeneidades que existen en los aportes según el área de especialización. Al mismo tiempo que los egresados del área de Educación Comercial y Administración “devuelven” 10% de los costos que el Estado afrontó para su educación, los profesionales de las áreas de Ciencias Médicas, Ingeniería, Arquitectura y Derecho retribuyen cerca del 30% de lo invertido en su formación.
Estos cálculos fueron realizados a partir de la duración promedio de las carreras, de forma tal que aquellas que teóricamente deberían llevar cuatro años para conseguir el título tienen un costo de U$S 12.000 aproximadamente, mientras que una carrera como Medicina tiene un costo aproximado de U$S 17.800. El economista utiliza una tasa de rezago empleada por otros especialistas en el pasado para estimar el costo real que tiene la Udelar por alumno, ya que obtener el título en el tiempo previsto originalmente no es lo habitual. Por este motivo se le agrega en promedio una duración de 1,4 años para la generalidad del sistema, lo que implica un aumento de costos de U$S 4.000 por estudiante aproximadamente.
Impuesto al graduado.
El estudio plantea además, un escenario hipotético en el cual la educación terciaria pública se financia a través de un impuesto que deberían afrontar los egresados de la Udelar, dado que estos son los beneficiados por no haber tenido que pagar por sus estudios universitarios.
Así, si los profesionales se hicieran cargo del programa de becas que cubre el Fondo de Solidaridad y de todo el costo de la Udelar —excluyendo el Hospital de Clínicas, el Consejo de Educación Técnico Profesional y los gastos de investigación—, el tributo que pagarían sería 2,6% de sus ingresos nominales. La franja mínima de aporte que se toma es la misma que se considera para el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, de manera que al “disminuir el rezago de los estudiantes u obtener mayores tasas de crecimiento” del Producto Bruto Interno (el estudio estima un aumento de la producción de 2,8% anual) el aporte bajaría al 2% de los ingresos nominales.
Por otro lado, el economista señala que si se incluyera un seguro que contemplara shocks macroeconómicos negativos, el impuesto aumentaría a un máximo de 3,8%.
Pareschi aclaró a Búsqueda que lo planteado en el estudio “no es una alternativa al Fondo, porque no está pensado para eso y existen impedimentos institucionales, sino que se apunta a presentar un conjunto de elementos que ayuden a repensar el sistema, ya que las falencias actuales se volverán cada vez más evidentes”.
