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    Planteos de reforma en la Caja de Profesionales enfrenta a sus integrantes

    El representante de los pasivos en el Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) no logra imaginar una reforma de esa institución sin la realización previa de un plebiscito que convoque a sus 130.000 afiliados. Para Odel Abisab, las autoridades actuales plantean un “discurso catastrófico”, cuando a su entender lo que se necesita son “tareas de captación” que aumenten el número de cotizantes.

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    Se trata de un discurso apoyado por Oscar Castro, representante en el orden activo del lema Orden Profesional. En diálogo con Búsqueda, ambos adelantaron que votarán en contra de la propuesta de reforma que plantea el presidente de la caja, Gonzalo Deleón (Búsqueda Nº 1.978).

    “Nadie tiene derecho en erigirse en iluminado para modificar derechos adquiridos”, comentó Abisab. “Hay problemas estructurales mínimos, pero los fundamentales son de gestión. ¿Por qué se le da este valor tan tremendo de catástrofe a un estudio actuarial? Es un mensaje negativo innecesario. La caja tiene déficit solo operativo. Hay que hacer tareas de captación”, agregó.

    Abisab y Castro reaccionaron esta semana ante el diagnóstico planteado en Búsqueda por Deleón, para quien la Cjppu tiene una viabilidad económica de 10 años y por ello propone modificar la edad de jubilación, la tasa de reemplazo (el porcentaje de sueldo que se cobrará en la pasividad) y el salario básico jubilatorio (que se calcula sobre una escala de 10 categorías fictas). “Con mejoras en la gestión no es suficiente. Nada va a sustentar la caja a largo plazo sin altibajos, salvo una reforma legal”, señaló el presidente.

    Zanahoria y picana

    Pero Abisab y Castro no están de acuerdo. Estiman que, de llevarse la edad mínima de retiro a 65 años y la tasa de reemplazo al 50%, la pasividad pasaría de $ 69.000 a $ 50.000 (considerando los últimos 15 años de aporte para el cálculo). Si la tasa de reemplazo bajara a 45% manteniendo en 60 años la edad mínima, la jubilación pasaría de $ 53.000 a $ 45.000.

    “Hay que poner la zanahoria delante y no la picana atrás. Hay que mostrar que la caja tiene un premio para todo aquel que se acerque”, planteó Castro. Para eso propone estudiar la escala de aportes, que aplica para todos los profesionales que declaren realizar ejercicio libre de su profesión. Si bien admitió que pueden existir casos de declaraciones falsas, el número “es minoritario”.

    “La caja es una opción. Los que están obligados por ley, tienen la opción de estancarse en la categoría dos y eso es una baja en los ingresos (de la caja). Y el que es dependiente que no lo ve como buen negocio y no aporta. A muchos profesionales jóvenes que trabajan de vez en cuando de forma libre les resulta complicadísimo”, dijo.

    Para Abisab hace falta mejorar la fiscalización, incrementando el cuerpo inspectivo y focalizándose en cinco profesiones que “constituyen el 50%” de quienes declaran no ejercer libremente.

    “Planteamos ir en busca de esa gente pero también mandar mensajes. Mostremos que la caja tiene una situación económica sólida y solvente”, sostuvo.

    Propone dar mensajes “simbólicos” como adelantar cinco días la fecha de pago a jubilados y pensionistas, así como derogar los recortes que suprimieron complementos para gastos de salud y un 10% adicional en la tasa de reemplazo. Abisab asegura que el actual directorio llegó “sin un libreto que marque lo que hay que hacer”.

    Retiro del apoyo

    No son los únicos descontentos con la gestión actual en la caja. Los contadores Daniel Mathó y Horacio Oreiro (de las listas 11 y 56) también retiraron el apoyo a Deleón, con quien se habían aliado para las últimas elecciones.

    “No vemos ningún cambio sino que se mantuvo la situación pre-existente. Habría que tener cálculos actuariales hechos por gente experta y generar mayores ingresos por la vía de recaudación de tributos y su control”, dijo Mathó a Búsqueda. “La reforma hay que hacerla. Pero todos los temas son importantes en la gestión de una empresa, hasta las compras”, agregó.

    Aunque sin representación en el directorio, Mathó y Oreiro apuntaron a la necesidad de fiscalizar el pago de timbres profesionales, realizar renovaciones activas de las declaraciones juradas y estudiar las inversiones de la caja. También cuestionaron la dedicación del actual directorio, dado que su presidente y vicepresidente no residen en Montevideo.