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La perspectiva de una circulación controlada del Covid-19 —ante el avance de la vacunación— pone cada vez más cerca el fin de la emergencia sanitaria decretada en marzo del 2020, cuando aparecieron los primeros enfermos en Uruguay. Si bien es un escenario ansiado, en especial por aquellos sectores que tuvieron muy baja o nula actividad tras el cierre de fronteras que comenzará a revertirse próximamente, a muchos empresarios les inquieta que los apoyos desplegados en este tiempo por el gobierno se corten prematuramente.
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Sin embargo, la decisión del Poder Ejecutivo es hacer un desmantelamiento ordenado de los instrumentos, de forma tal que no se interrumpa la recuperación económica.
Antes de la conferencia del lunes 9, en la que el presidente Luis Lacalle Pou anunció el cronograma de reapertura de fronteras y se refirió a un cercano fin de la emergencia sanitaria, los empresarios habían expresado su “preocupación” por un posible cese de las medidas de apoyo a los sectores afectados, informó a Búsqueda el director nacional de Trabajo, Federico Daverede.
Para el ministro Pablo Mieres, es un “gran desafío” desmontar “el aparato de medidas de emergencia”, que “se va agotando”. Eso debe hacerse “con el tiempo suficiente” para que tengan “los costos menores posibles”, declaró a Búsqueda. “Nuestro timing tiene que ser muy ajustado a los procesos de reactivación, para que cuando saquemos el sostén se puedan sostener solos. Y no se caigan”, agregó el titular de Trabajo y Seguridad Social.
Uno de los planteos de los empresarios refirió a la extensión de la modalidad de “seguro de paro” parcial, prorrogado por última vez hasta el 30 de setiembre próximo. Contemplando esa preocupación, el Ministerio de Trabajo decidió enviar al Parlamento un proyecto que le vuelva a dar la facultad a la cartera de ampliarlo por vía administrativa. Esa potestad será, en principio, hasta diciembre y, “eventualmente”, hasta marzo del 2022, detalló Daverede. Las autoridades tienen “tiempo” para tomar una decisión y aún no adoptaron una definición, dijo Mieres. Y explicó que aunque hubo una “reducción importante” de la cantidad de trabajadores en “seguro de paro” en julio (5.760 beneficiaros menos que en junio) “probablemente haya una nueva prórroga”, ya que hay “un número todavía alto” de subsidios en la modalidad parcial (27.419).
Por su lado, el martes 10 la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande) presentó un nuevo programa para contribuir al “impulso, la formalización y reactivación de sus negocios” de las micro, pequeñas y medianas empresas. Además de asistencia técnica, en ciertos casos podrá otorgar hasta $ 120.000 no reembolsables por mipyme. “Con la actual situación, saliendo de la pandemia, las empresas necesitan trabajar en nuevos modelos de negocios. Estamos muy confiados con este instrumento y creemos que el diseño que le dimos responde a las necesidades de la mayoría de las empresas, que nos han trasladado sus inquietudes”, señaló la presidenta del organismo, Carmen Sánchez.
El programa SOS Pyme, ejecutado bajo la modalidad de ventanilla abierta, estará vigente hasta desembolsar la totalidad de los fondos asignados, que en esta primera etapa es de $ 22 millones.
Mientras, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Juan Martínez, comentó a Búsqueda que le consta que el gobierno viene “apurando” el proceso para reactivar la economía y volver a la “normalidad que se pueda”. Mencionó que la inquietud empresarial obedece a que “no todos van a poder solventar” su negocio si “se cae todo” el apoyo estatal desplegado durante la pandemia, entre los que nombró al subsidio por desempleo parcial, los préstamos garantizados a través del SIGA y financiamientos especiales. Y estimó que luego de que el 1º de noviembre se abran las fronteras para todos los extranjeros, “si todo sale bien” y la pandemia continúa controlada, es posible que el gobierno diga “hasta acá llegamos” con la emergencia.
Entre otras cosas, el decreto 93/2020, que declaró la “emergencia nacional sanitaria”, estableció el cierre de las fronteras, suspendió los espectáculos públicos y los centros termales, a la vez que ordenó el aislamiento de los contagiados o con síntomas de coronavirus. Varias de esas medidas ya quedaron sin efecto en las últimas semanas.
