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Nuestros gobernantes nos representan, han sido elegidos mediante un sistema democrático para desempeñar sus respectivos roles, por un periodo de gobierno y con una gran premisa: salvaguardar y procurar siempre el interés general. Esa representación no es absoluta, sino que debe estar basada en las reglas de un Estado de Derecho, y bajo normas claras a ser respetadas. Por ello, las decisiones no pueden pasar solo por el arbitrio de nuestros gobernantes, sino estar sujetas a un ordenamiento jurídico-administrativo.
Sin perjuicio de ello, con preocupación y tristeza observo que en algunos aspectos ambientales nuestros gobernantes se están viendo “seducidos” ante determinados proyectos e inversiones que están poniendo en riesgo nuestro ordenamiento jurídico, nuestro característico territorio, e incluso nuestra coherencia como nación frente a compromisos que hemos adquirido a nivel internacional (como por ejemplo al retomar la búsqueda de petróleo en nuestro mar, pese a la cantidad de Convenciones Internacionales que hemos asumido para menguar las causas del calentamiento global). Sin lugar a dudas al estar situándonos económica y políticamente como una “maravillosa perla” dentro del continente latinoamericano, atraemos todo tipo de inversiones, por lo que como país deberíamos procurar tener una estrategia de crecimiento a largo plazo en relación a lo que deseamos encauzarnos a nivel territorio (biodiversidad mediante) y paisaje (y en este ítem por ejemplo quedaría comprendido el proyecto de los edificios en Punta Ballena), y no estar a la mera deriva de las inversiones del mercado, o “confundirnos” con intereses cortoplacistas o visiones de políticos de turno, poniendo en riesgo lo más valioso que tenemos a nivel tangible.
Hoy concretamente me motiva escribir en esta carta las “excepciones” de las Juntas Departamentales en el ordenamiento territorial costero, excepciones que están poniendo en real peligro nuestro patrimonio natural y cultural, y en ciertos aspectos nuestra propia identidad. Como las ocurridas en los últimos meses en los departamentos de Rocha y Maldonado con excepciones que dejan a un costado el ordenamiento territorial vigente.
Desde el Derecho Ambiental (el cual “sostiene” a la normativa de ordenamiento territorial) la Doctrina es unánime en reconocer el “principio de no regresión”, por lo que aceptar excepciones y establecer normas desfavorables se estaría quebrantando. El “ir hacia atrás” en políticas y normas ambientales en cierta forma es ir en contraposición al orden público. Por eso, promuevo y suscito a cada ciudadano (que en definitiva es un potencial votante), para que demande a nuestros gobernantes una correcta política ambiental, y con ello exija acciones afines, dado que parecería que quienes toman ciertas decisiones políticas, a veces padecen amnesia en lo que a políticas ambientales se refiere, que es ir siempre hacia adelante.
